La crisis humanitaria y migratoria, aseguran expertos, rodeará el entorno de las proximas elecciones presidenciales
Una Venezuela colapsada económica y socialmente se dirige a unas elecciones en las que está vetada la oposición y con más de 10% de los ciudadanos fuera del país, advierte el centro de pensamiento y análisis International Crisis Group (ICG).
Una Venezuela colapsada económica y socialmente se dirige a unas elecciones en las que está vetada la oposición y con más de 10% de los ciudadanos fuera del país, advierte el centro de pensamiento y análisis International Crisis Group (ICG).
En un artículo publicado hoy en Firmas de EFE, el analista Phil Gunson, de ICG, afirma que si bien el gobierno de Nicolás Maduro asegura que "lo peor de la crisis venezolana ya pasó, en el mundo real la situación ha ido de mal en peor para volverse sencillamente intolerable".
"La inflación mensual está en torno a 80% (?). Las medicinas esenciales han desaparecido de farmacias y hospitales, los cuales carecen hasta de los equipos más básicos. La mitad de los quirófanos está fuera de servicio", remarca Gunson, al añadir que "enfermedades como el sarampión y la difteria, que habían sido erradicadas, han regresado por falta de vacunas; y la mortalidad infantil y materna se ha disparado".
"El colapso económico no tiene precedentes en un país que ni está en guerra ni ha sufrido un desastre natural. Y nada indica que se vaya a detener", agrega.
Esta situación ha llevado a que más de 10% de la población ya "votó con los pies', provocando una crisis migratoria que está afectando prácticamente todo el continente", dice Gunson, en alusión a los venezolanos que se han ido del país y no podrán votar en las elecciones presidenciales que Maduro ha adelantado al 20 de mayo y que debían celebrarse en diciembre.
"Unas elecciones en las que Maduro tomó la precaución de inhabilitar a los políticos más populares de la oposición y cancelar el registro legal de muchos partidos", remarca el analista, para dejar claro que el presidente de Venezuela controla el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo y ha puesto todos los recursos del estado al servicio de su reelección.
Unos comicios, según el experto de Crisis Group, que buena parte de la comunidad internacional considera "ilegítimas".
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