Un demoledor informe de Human Rights Watch muestra el control social de los grupos armados en el límite entre el departamento colombiano de Arauca y el Estado venezolano de Apure
Bogotá
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“En el departamento colombiano de Arauca y el Estado venezolano de Apure, los guerrilleros son la Policía”. Así resume Human Rights Watch la situación de seguridad en esta zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. En medio de asesinatos y torturas por parte de los grupos armados, reclutamiento de menores y secuestros, el informe revela además un crimen que suele ser invisible: el trabajo forzado.
Después de entrevistar a más de 100 personas, la ONG internacional llegó a la conclusión de que los "grupos armados no estatales" controlan "de forma violenta la vida cotidiana de la población" en esa zona. "Imponen sus propias reglas y, para asegurar su cumplimiento, amenazan a civiles a ambos lados de la frontera", asegura el demoledor informe. "Los castigos para quienes no obedecen van desde multas hasta trabajo forzado o incluso la muerte. Los residentes viven aterrorizados”, agrega el documento de la organización, que se desplazó en 2019 al lugar para recopilar la información.
En Arauca, donde no llegó la paz después de los acuerdos entre las FARC y el Gobierno, operan al menos dos grupos armados. De un lado, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha tenido una presencia continua desde hace medio siglo; y del otro, un grupo de disidencias de la guerrilla de las FARC, que tomó fuerza después de 2016. Ambos se encuentran también en el Estado de Apure, en Venezuela, según HRW. De ese lado de la frontera operan además las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN). “Este grupo, cuyo origen se remonta a la década de 1990, tiene una estrecha relación con las autoridades venezolanas en Apure”, denuncia la organización, presidida en América Latina por José Miguel Vivanco.
Los trabajos forzados son una de las expresiones del control social de estos grupos en la zona. De acuerdo con los testimonios que ha recabado la organización, los guerrilleros imponen su ley en discusiones maritales o de vecinos, y como castigo, obligan a los habitantes a hacer trabajos no remunerados en sus campamentos. Uno de los entrevistados contó que fue obligado a trabajar durante varios meses a cambio de evitar ser asesinado y aseguró que, junto a él, otros dos civiles fueron sometidos al mismo trato. En al menos dos casos, las víctimas fueron trasladadas a Venezuela y retenidas allí.
La práctica del traslado al país vecino se repite también en casos de secuestro, según ha documentado la organización, donde los grupos operan con más libertad. “En numerosas oportunidades han trasladado a víctimas secuestradas en Arauca a campamentos y otras instalaciones” que tienen en el país vecino. “En vez de enfrentarlos, las fuerzas de seguridad venezolanas y las autoridades locales han actuado en connivencia con los grupos armados en al menos algunos casos, según numerosas fuentes que entrevistamos”, agrega el documento presentado este miércoles al presidente Iván Duque.
Tortura y violencia sexual
El terror se ha propagado en esta zona a través de prácticas de tortura. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia le informó a Human Rights Watch que se han documentado una veintena casos de homicidios con signos de tortura en 2019. Las víctimas aparecen con las manos atadas y mensajes como “ladrón” o “informante”, como en la época de la guerra de carteles del narcotráfico. Este crimen ha ido en aumento: en 2017 se presentaron 3 casos, entre enero y agosto de 2018, fueron 20; y en el mismo período de 2019, se registraron 23 víctimas.
El asesinato de líderes sociales, que se ha vuelto un lastre en todo el territorio colombiano, también afecta con fuerza a Arauca. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha documentado seis casos de defensores de derechos humanos asesinados en esa región entre enero y fines de julio de 2019, dos homicidios más que los registrados en 2018 y cinco más que en 2017.
Las mujeres y niñas son particularmente afectadas por esos alarmantes niveles de violencia. Según la Unidad de Víctimas de Colombia se han presentado 25 casos de violencia sexual contra mujeres entre 2017 y 2019. Las fuentes humanitarias han denunciado también el fuerte incremento del reclutamiento de menores. Además de ser reclutadas, varias menores de 14 años han asegurado haber sido violadas por grupos armados en esas poblaciones.
Las organizaciones sociales le ha recomendado al Gobierno colombiano que, para atender esta región que parece fuera de control, fortalezca el aparato judicial y brinde mayor protección a los fiscales, y no solo responda con presencia militar. “Las autoridades en Arauca no han garantizado justicia a las víctimas de abusos perpetrados por grupos armados. Esta situación, agravada por fallas más generales en materia de seguridad, contribuye a la percepción de muchos residentes de que los grupos armados de Arauca son más 'efectivos' que el Gobierno para resolver problemas sociales", concluye el informe.
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