La organización indicó que 149 personas han muerto en las minas desde el 2016. El embajador de Venezuela, Jorge Valero, rechazó el reporte.
Algunas minas de oro, diamantes y bauxita en la Amazonía venezolana están mayormente controladas por organizaciones criminales que explotan, golpean e incluso asesinan a trabajadores, indicó el miércoles 15-J un reporte de Naciones Unidas.
Fuerzas militares y de seguridad venezolanas no impiden estos delitos y han participado en algunos actos de violencia contra mineros, dijo la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) en su informe.
“Las autoridades deberían tomar medidas de inmediato para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y el tráfico de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras”, dijo Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en un comunicado.
Nada Al-Nashif, la segunda autoridad en Acnudh, presentó los resultados de su investigación en un área conocida como el Arco Minero del Orinoco, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“De acuerdo a los relatos de primera mano recibidos por la Oficina, una gran proporción de las actividades mineras permanecen bajo el control del crimen organizado o individuos armados que imponen sus propias reglas a través de la violencia y la extorsión”, declaró.
El informe de la ONU indicó que 149 personas han sido reportadas muertas dentro o alrededor de las minas desde marzo del 2016 hasta este año, y que las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en la mitad de los incidentes, añadiendo que el Gobierno venezolano no respondió a los pedidos de proveer información.
“De acuerdo a las versiones recibidas (...) cuerpos de mineros a menudo son lanzados a las excavaciones utilizadas como tumbas clandestinas”, sostuvo el informe.
Los mineros, dice el documento, allí viven en zonas sin agua corriente, electricidad o servicios sanitarios, donde se ha registrado un aumento de los casos de malaria no sólo entre inmigrantes sino también en comunidades indígenas locales.
Estos habitantes oriundos y los mineros, agrega el texto, también han sufrido casos de envenenamiento por mercurio, elemento utilizado para separar el oro de otros minerales, altamente tóxico y que contamina tanto a través de los gases que genera el proceso de separación como por filtraciones al suelo y los ríos de la zona.
El informe denuncia asimismo que niños, algunos menores de diez años, trabajan también en las minas, y que desde 2016 ha habido en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes.
El embajador de Venezuela, Jorge Valero, rechazó el reporte en un discurso en el que no mencionó específicamente la minería ilegal. “Está claro que existen manipulación y doble estándar con la intención de atacar a un Estado soberano y exponerlo”, dijo al foro de la ONU en Ginebra.
La agencia dijo que entre los trabajadores mineros hay niños y que la ausencia de contratos laborales los dejan expuestos a contaminación por mercurio y malaria.
La Acnudh llamó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a regularizar las actividades mineras y garantizar que éstas se realicen bajo los estándares internacionales y medioambientales.
Creada por decreto en 2016, el área de unos 111.000 metros cuadrados en la Amazonía venezolana es equivalente al 12% del territorio nacional. En la zona se extraen oro, diamantes, hierro y bauxita.
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