Editorial: El golpe a la careta

Al disolver su Parlamento, Venezuela ha dado el paso más significativo hacia una dictadura plena.

yer, el gobierno de Nicolás Maduro disolvió la Asamblea Nacional a través del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que declaró la nulidad de cualquier decisión tomada por el ente legislativo de ese país.(Foto: Archivo El Comercio)

Una de las principales características de los sistemas dictatoriales es su mecanismo de preservación a través de prácticas cada vez más autoritarias. Mientras aún quedan instituciones fuertes y derechos civiles plenos, a los intentos de abuso de poder les siguen controles constitucionales, oposición y protestas. Para desarmar las instituciones que estorban y silenciar las críticas, las dictaduras se hunden en mayor represión y autoritarismo, lo que a su vez activa nuevas alarmas. Un círculo vicioso coloreado con despotismo y tiranía que marcha firme hacia la dictadura total.

Lo acontecido en Venezuela esta semana es la plena manifestación de este mecanismo de supervivencia dictatorial mediante giros cada vez más radicales. Como se sabe, ayer el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró la nulidad de cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional, el órgano legislativo venezolano. “Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de derecho”, manifestó el TSJ en su sentencia. El supuesto desacato tiene raíz en una acusación de fraude electoral contra tres diputados de la oposición, quienes pese a ya haber sido separados de la asamblea han servido como excusa para la toma de poder del TSJ.

No sorprende, sin embargo, el interés político de las cortes por el control del Legislativo venezolano en la lucha de poder. En las elecciones parlamentarias del 2015, cuando la vorágine de pobreza y autoritarismo ya era clara en Venezuela, la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional. Ello le permitió, por ejemplo, respaldar el informe que publicó a mediados de marzo la OEA en el que la organización que dirige Luis Almagro urgía a “aprobar la suspensión del desnaturalizado gobierno venezolano” debido a la ruptura del orden constitucional. La oposición, al mando del Legislativo, pidió entonces evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para Venezuela.

Para un régimen con aires totalitarios, este acto de la Asamblea Nacional –legítimo y dentro de los cauces institucionales– fue demasiado. El presidente Nicolás Maduro lo calificó de “traición a la patria” y, hace apenas unos días, el máximo tribunal venezolano quitó la inmunidad a los parlamentarios, dejando la puerta abierta para procesos judiciales –y eventuales encarcelamientos– dirigidos desde el Palacio de Miraflores. Un recurso que el régimen chavista no ha tenido empacho en utilizar para perseguir y sacar del camino a sus opositores políticos. 

En este contexto, la reciente y efectiva disolución de la Asamblea Nacional es solo un paso más en la misma dirección de acaparamiento de poder. 

Si, a la fuerza, algún aspecto positivo se le puede encontrar al dramático recrudecimiento del autoritarismo en Venezuela, este es la caída de la última careta democrática que le podía quedar al régimen del señor Maduro. Si hasta la semana pasada sonaba cuestionable y antojadizo defender supuestos valores democráticos en el gobierno venezolano, hoy suena patentemente absurdo. Sin Parlamento ni elecciones a la vista, la dictadura de facto que existía ha tomado el camino obvio y necesario hacia la dictadura de iure.

Porque a pesar  de lo dramático, el acto del TSJ en realidad es poco sorprendente. La esencia autoritaria no puede coexistir con un poder del Estado en oposición que amenaza su control absoluto, necesita extirparlo; y eso es exactamente lo que ha hecho el chavismo. No puede existir, pues, dictadura a medias por demasiado tiempo. O colapsa en medio del caos institucional que ocasionó o avanza inexorablemente hasta ahogar los últimos espacios democráticos y de oposición. Venezuela sigue esperando lo primero, pero consolida hoy tristemente lo segundo.