Antonio Ecarri Angola
El descalabro institucional es parte de una política de Estado que ha pretendido restablecer formas de caudillismo abolidas durante del siglo XX. Carlos Rangel llegó a alertarnos en su maravillosa obra “Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario”, escrita en los años 70: “Frente a la arbitrariedad, la inseguridad, la ausencia de un marco jurídico e institucional estable y adecuado, los seres humanos responden buscando acomodo y amparo dentro de un sistema piramidal de relaciones personales, con un tirano en el tope de la pirámide”.
Esta ha sido la forma de operaciones y de sustentación de las dictaduras más primitivas que ha padecido América Latina. Tras el desmontaje institucional y la llegada de la barbarie surge el caudillo latinoamericano que muchas veces cubre su ropaje con discursos y frases ideológicas que tratan de maquillar lo que es tan obvio.
Ángel Rama, intelectual uruguayo citado por Rangel en su dilecta obra también nos ayuda a aclarar este bochornoso tiempo que nos agobia, dice “El caudillismo y la dictadura paternalista son formas que han marcado la historia de América Latina y que aún siguen floreciendo, muchas veces enmascaradas por una terminología aparencialmente moderna, pero que solo otorga una airecillo universal y persuasivo a formas tan antiguas como nuestra historia independiente”. Es decir, ya es común como estos venenosos reverdeceres caudillistas hacen presencia de nuevo por nuestras tierras.
El maquillaje que tenía este desastroso régimen se le ha venido chorreando. El mundo entero se ha dado cuenta del desastre que hoy padecemos y cuyo fin es terminar de instalar una dictadura de bajo cuño en una sociedad que fue sembrada de democracia por 40 años. Para ello, tratan a como dé lugar, de borrarle sus competencias al Parlamento Nacional, eliminando los vestigios de reconstrucción del sistema democrático que venía con la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015.
Para cumplir con ese fin, se valen de la ilegítima Sala Constitucional del TSJ, como una suerte de autodestrucción institucional buscando no sólo “conflicto de poderes” sino más la perfecta aniquilación del Estado de Derecho. Lo ocurrido con las Sentencias 155 y 156 son una muestra clara del objetivo de acabar con las instituciones y dar paso a la tradicional y obsoleta dictadura caudillista y de montoneras típica latinoamericana.
Sin embargo, se equivocaron de tiempos. La firme respuesta de la sociedad venezolana acompañada de la comunidad internacional le pone freno al intento totalitario. El mensaje de la propia región latinoamericana ha sido muy claro y enfático. Gobiernos que en otro tiempo habían sido seguidores de la revolución bolivariana muestran su rechazo al descubrir lo que esta estafa histórica significa. Ejemplo de ello, la declaración del presidente Tabaré Vásquez de Uruguay, sin olvidar el papel preponderante del excanciller del Gobierno de Pepe Mujica y hoy Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
Los bloques regionales también han sido firmes, en declaración formal, ha invocado la aplicación de su cláusula democrática a Venezuela, recibiendo el país sanción directa de esta instancia. El presidente Juan Manuel Santos, hasta hace poco en relación cordial con Maduro ha dicho “Alzamos nuestra voz de protesta con el Gobierno de Venezuela (…) lo que pasó en Venezuela es inaceptable”. En ese mismo orden, el gobierno de Perú, de España y líderes fundamentales del socialismo mundial, ya en socialdemocracia, como Felipe González; rechazaron estos intentos y denunciaron “El paso definitivo hacia la trama totalitaria”.
El mundo se dio cuenta del desastre de este atrasado y barbárico modelo político que hoy pretende destrozar las instituciones en Venezuela. De eso se trataba el Socialismo del Siglo XXI, de regresar al país de montoneras y caudillos. El gran reto de toda una Nación está en defender y restablecer sus instituciones para que más nunca la barbarie vuelva a florecer en la región.
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