Por Gladys Rodríguez
Lunes 3 de abril 9:40 pm: Pongo Tv nacional, me encuentro con una Cadena del Pdte. Maduro, se dirige al país para alertar la inminente intervención internacional, el golpe en desarrollo en la OEA contra su Gobierno. De una comunidad internacional que, según él, busca alentar un golpe de estado interno, para luego apoderarse de nuestras riquezas. Levanta la Constitución y asegura sobre ella que la verdad lo guía. BASURA llama nuevamente al Secretario General de la OEA Luis Almagro, se refiere a una derecha inquisidora y a una quinta columna en Venezuela, la MUD.
Habla de una gran mayoría de países que lo han respaldado en esta batalla épica que se da en la OEA. Y repite que está escribiendo historia con la verdad de Venezuela, desmontando la mentira.
Recuerda (no vaya a ser que alguien lo esté olvidando) que Venezuela es la columna vertebral de la estabilidad de toda la región y la columna del Caribe a través de Petrocaribe, se podría agregar, “cuidadito pues con una traición, cuidadito me dan la espalda”.
Una nueva ola de países progresistas se levanta y nos defiende, asegura. ¿Nueva ola de países progresistas? me pregunto. Horas antes, a pesar del esfuerzo de Bolivia por evitar la sesión extraordinaria, 21 países debatieron sobre la ruptura del orden constitucional en nuestro país. La mayoría suscribió una resolución que exige al Gobierno tome las medidas necesarias para que se restaure el orden democrático.
“GOLPISTAS, son unos golpistas”, el Gobierno venezolano denuncia que hubo una grave alteración del orden institucional del organismo. Sí, como lee, lo de la OEA, para el Pdte. Maduro es un golpe, lo del TSJ en Venezuela es menor cosa pues y las diferencias con la Fiscal General un “impasse, ya aclarado”…así están las cosas con este Gobierno y con algunos funcionarios como el Defensor del Pueblo, quien llegó a decir, previo al esperado debate en el organismo internacional, suspendido por Bolivia y reactivado luego por la mayoría en el Consejo Permanente, que había sido cancelado porque todo estaba resuelto. Para él, todo quedó resuelto con el encuentro de Ortega Díaz con el Pdte. Maduro el día sábado y con la supuesta “rectificación” del TSJ.
La ruptura del orden institucional de la OEA es grave, la ruptura del orden constitucional en Venezuela no. Es más, para ellos la usurpación de funciones de la Asamblea está justificada, porque el Parlamento está en desacato.
En la cadena el Pdte. Maduro llama a la oposición arrogante, prepotente e insensata y pide que se retome el camino del diálogo.
Aparentando humildad, pide a los opositores sentarse nuevamente a dialogar por el país, con el apoyo del Papa Francisco a quien le mandó saludos.
Bueno, escuchando y viendo todo aquello, me venía a la cabeza la misma pregunta siempre… ¿nos creen idiotas? Y no solamente a los venezolanos, también al mundo ¡Qué subestimación tan grande! No hace falta ser abogado para identificar un golpe de estado, un golpe a la independencia de poderes, un golpe a los millones de venezolanos que votamos por esta Asamblea Nacional y queremos verla funcionar, corregir los desmanes que durante 18 años se han cometido. Si ese librito azul del Pdte. Maduro hablara ¿Qué diría? Para empezar se debe timbrar cada vez que escucha al mandatario pedir respeto y vanagloriarse de ser el más respetuoso.
Mientras escribo esta columna, se desarrollan en la Capital protestas por el Golpe. El desconocimiento al poder Legislativo continúa, los diputados hacen el esfuerzo por llegar a la sede del parlamento, para debatir la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional que habrían incurrido en falta grave. El Gobierno ordena, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional acata, diputados y manifestantes son reprimidos, el TSJ finalmente publica los cambios a las sentencias 155 y 156. Devuelve la inmunidad a los parlamentarios… en la calle…miembros de supuestos colectivos disparan, las fuerzas de seguridad ignoran y atacan, hay heridos, hay detenidos, por lo menos 4 diputados agredidos.
Las sentencias 155 y 156 son una confesión al mundo de lo que por meses ocurría, y si por esas cosas de la “manipulación” tiene dudas, acá les dejo las observaciones que el ex Fiscal General de República, Javier Elechiguerra hace a las acciones del TSJ, que claramente fueron identificadas por La Fiscal General como “una ruptura del orden constitucional”:
- El término “impasse”, es un subterfugio idiomático que se utiliza
para tratar de disfrazar la realidad de lo que ocurre: una denuncia
grave de la titular de un órgano público integrante de uno de los
cinco poderes del Estado, titular de la acción penal que denuncia sin
ambages y con la mayor claridad que estamos frente a un acto que
“rompe el orden constitucional” y que dicho acto es cumplido nada más
ni nada menos que del órgano jurisdiccional que tiene asignada la
atribución constitucional de hacer cumplir la Constitución, esa
circunstancia, en un país serio y civilizado jamás puede ser
denominado como un “impasse”.
- “Lo más grave de la sentencia 155
es lo relativo a la habilitación que hace la sala constitucional a
favor del Presidente en el punto 5.1.1. cuando le “ordena al
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela….tome las
medidas económicas, militares, penales, administrativas, políticas,
jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar
un estado de conmoción; y dentro del marco del estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea
Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y
adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al terrorismo, la Ley contra la Corrupción, el Código
Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia
Militar pues PUDIERAN ESTAR COMETIÉNDOSE DELITOS DE NATURALEZA
MILITAR) que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la
estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las
venezolanas y venezolanos; todo ello de conformidad con la letra y el
espíritu de los artículos 15,18 y 21 de la Ley Orgánica sobre Estados
de Excepción vigente”. Destaca Elechiguerra, este dispositivo viola un principio elemental en la Democracia, la exclusividad que tiene la Asamblea Nacional para dictar leyes, lo cual ha sido reconocido por la propia Sala
Constitucional en sentencia número 490 del 12 de abril de 2011.
- Sobre la sentencia 156, por una parte, autoriza al
Presidente de la República, en sustitución de la Asamblea
Nacional, para que dé el visto bueno a la constitución de empresas
mixtas, a pesar que la Ley Orgánica de Hidrocarburos en su artículo 33
exige que para que eso ocurra es necesaria la aprobación de la
Asamblea Nacional, y establece en el punto 4.4. de la
sentencia: “Se advierte que mientras persiste la situación de desacato
y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala
Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean
ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella
disponga, para velar por el Estado de Derecho”.
- “La Fiscal General debe presentar ante el Consejo Moral Republicano la
solicitud para calificar como “falta grave” la mencionada conducta, y
en consecuencia, solicitar a la Asamblea Nacional que proceda a su
destitución, si cuenta con el apoyo de por lo menos uno de los otros dos integrantes del Poder Ciudadano (Contralor o Defensor) y como titular de la acción penal, tiene la exclusividad para solicitar el
enjuiciamiento penal de los magistrados firmantes de la decisión para
verificar si se está en presencia del delito de conspiración,
tipificado en el código penal vigente en su artículo 132
todo de conformidad con la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela”.
- “El Consejo de Defensa Nacional no
tiene dentro de sus atribuciones intervenir en casos como este, lo
cual trae como consecuencia, según el artículo 25 de la Constitución
que lo que diga es nulo y carece de valor por no tener competencia
para dirimir situaciones como estas.”
En horas, el TSJ respondió a la exigencia del Poder Ejecutivo, ¿separación de poderes? Finalmente, como dicen los expertos en la materia, la Sala Constitucional del máximo Tribunal no tiene la potestad para corregirse, la falta, por mucha rectificación y aclaratoria, se cometió, tocaría a los magistrados asumir las responsabilidades penales, civiles y administrativas, conforme al artículo 25 de nuestra Carta Magna.
¡HASTA LA PRÓXIMA SEMANA!
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