Ante las decisiones presentadas por el Ejecutivo español, los representantes del Gobierno regional de Cataluña no se dan por destituidos y tienen previsto mantener su actividad.
El Parlamento regional catalán aprobó este viernes una declaración de independencia que llevó al gobierno central, con el apoyo del Senado, a aprobar una serie de medidas para recuperar la legalidad.
Entre ellas figura el cese de todo el Gabinete presidido por Carles Puigdemont y la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de diciembre.
Sin embargo, según las fuentes, los miembros del Ejecutivo catalán no contemplan acatar su cese y preparan los siguientes pasos para desarrollar el encargo recogido en la resolución independentista aprobada ayer por el Parlamento autonómico.
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Sobre la mesa figurará el análisis de los escenarios que se abren a partir de ahora tras la acción del Gobierno español y ello incluye la posibilidad de convocar a su vez elecciones para antes de final de año a las que darían un carácter constituyente.
En la resolución independentista votada ayer, el Parlamento instaba al Gobierno autonómico a aprobar los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica - que creaba un marco legal catalán provisional - y que el Tribunal Constitucional español había suspendido.
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