Bruselas es un gigantesco imán para todo tipo de crisis. En un giro inesperado con aires de sainete tragicómico, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se trasladó ayer a Bruselas juntamente con cinco de sus consejeros, según fuentes del Ministerio del Interior. Puigdemont sopesa solicitar el derecho de asilo en Bélgica, o tratar de armar una estrategia de defensa que persiga dilatar los plazos o embrollar el procedimiento, según sus abogados. Hay pocos hechos comprobados de lo que alguno de sus colaboradores califica como exilio y de lo que fuentes españolas prefieren describir como una fuga. Pero la petición de asilo podría provocar un incidente diplomático, según las fuentes consultadas, amén de abrir una crisis política en Bélgica.
Más allá de las consecuencias políticas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el desafío independentista catalán se ha llevado dos reveses en los últimos días: el sonoro portazo de la Unión Europea y la huida de empresas y bancos —que han puesto pies en polvorosa para evitar la incertidumbre— han convertido el relato secesionista en un cúmulo de malas noticias, que ayer tomaron forma de sainete vodevilesco. Con los partidos soberanistas preparando ya las elecciones del 21-D tras la aplicación del 155, Puigdemont y cinco de sus consejeros protagonizaron una espantada, una fuga, un traslado o un exilio —aún no está del todo claro— camino de Bruselas. El presidente catalán busca una salida en Bélgica: podría solicitar asilo político o intentar esbozar una estrategia de defensa destinada a dilatar al máximo un proceso judicial que se adivina largo y espinoso.
Nadie en el entorno del exdirigente catalán aclaró el motivo último de ese viaje. Pero la llegada a Bruselas de Puigdemont y sus consejeros —Joaquim Forn (PDeCAT), Meritxell Borràs (PDeCAT), Antoni Comín (independiente), Dolors Bassa (ERC) y Meritxell Serret (ERC)— se produjo apenas unas horas después de que el secretario de Estado belga Theo Francken abriera la puerta a la solicitud del estatuto de asilado para el ya expresidente de la Generalitat. Francken pertenece a la N-VA: nacionalistas flamencos —al filo del ala ultra en materia de migración y otros asuntos— que han mostrado una y otra vez sus simpatías por el procés. El domingo, el primer ministro belga, el liberal Charles Michel, le llamó al orden de inmediato, en un conato de crisis de Gobierno al que se sumaron sus otros dos socios de coalición. La crisis de Estado española se traslada así a Bélgica, que tiene sus propias cuitas con los nacionalismos desde hace años.
El presidente catalán pretende explotar las tensiones políticas en el seno del Gobierno belga. Pero aún no tiene claro si finalmente solicitará asilo: Puigdemont se reunió ayer con un abogado belga especializado en derechos humanos, Paul Bekaert, que hace unos años evitó la extradición de la etarra Natividad Jáuregui. “No hay nada decidido sobre la petición de asilo”, aseguró a EL PAÍS, “pero sí puedo decirle que mañana [por hoy] habrá una comparencia pública”. El abogado barcelonés de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, apuntó en esa misma línea. “Puigdemont no se ha ido a Bruselas para esconderse; dará la cara en algún momento”, dijo a este diario.
Fuentes diplomáticas apuntaron que Puigdemont habría sido invitado por europarlamentarios flamencos, pero la N-VA negó durante todo el día cualquier relación con ese viaje. “Si finalmente Puigdemont no solicita el asilo, la lectura directa será que Bélgica le ha avisado de que no se lo va a conceder porque eso provocaría inmediatamente una crisis política belga y europea”, explicaron fuentes diplomáticas. España cree que no hay caso: la figura del asilo diplomático o territorial es inaplicable, más aún entre Estados de la UE, concluye un informe del Ejecutivo español.
“Si se le concediera el asilo se produciría una controversia importante entre los dos Estados [Bélgica y España], ya que sería tanto como poner en tela de juicio la consideración de España como Estado seguro y despreciar el esencial principio de confianza mutua entre los Estados miembros de la Unión”, avisa el citado informe.
Casi todo lo demás fue una extraña muestra de surrealismo, en un episodio envuelto en una espesa bruma de mala novela policiaca. Mientras el líder de ERC Oriol Junqueras preparaba las elecciones o el consejero Josep Rull acudía a su despacho, el diputado de Junts pel Sí Luís Llach dio por hecho en las redes sociales que Puigdemont es ya de hecho un “exiliado”, y calificó ese traslado a Bruselas como “una denuncia contra España ante los estamentos europeos e internacionales”. El distrito europeo de Bruselas, semivacío en una semana de escasa actividad, ni se inmutó: “Puigdemont no es bien recibido en las instituciones”, indicó una alta fuente de la UE. El exjefe del Govern jugaba al despiste por la mañana con una fotografía en Instagram en la que daba a entender que estaba en el Palau de la Generalitat, pero después trascendió que se desplazó en coche junto a sus consejeros hasta Marsella, para después coger un avión a Bruselas, informa Efe, e instalarse en un entorno “seguro y discreto”, según explicó TV3.
Puigdemont se centra ahora en su estrategia procesal. En la tarde de ayer se reunió con su abogado belga, Dekaert, que adujo “secreto profesional” para no dar detalles de esa conversación. En la tarde del domingo, el expresidente mantuvo con Alonso-Cuevillas, su letrado barcelonés, otra charla en su domicilio de Sant Julià de Ramis (Girona), durante la cual Puigdemont no le anunció su intención de salir de España, pero sí le mostró su enorme preocupación por las manifestaciones de protesta que se podían derivar si él o los miembros de su Gobierno ejercían una resistencia institucional a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y acudían a trabajar a sus despachos institucionales y hubieran sido desalojados por los Mossos d’Esquadra. Alguno de sus consejeros así lo hizo: no sucedió nada.
“No sé si volverá a España, porque es consciente de que si regresa podría acabar en la cárcel”, explicó el letrado. “No confío en un juicio justo”, reconoció sin reparos Alonso-Cuevillas, que fue decano del Colegio de Abogados de Barcelona y que se mostró sorprendido por lo que calificó como “un uso desproporcionado del Derecho Penal”. “Un jurista serio como [el fiscal general del Estado] José Luis Maza no puede decir que Puigdemont cometió un delito de rebelión como se dice en la querella”. Alonso-Cuevillas calificó de “persecución política” la querella presentada ayer contra Puigdemont y los que fueron sus consejeros y anunció que inicia este proceso judicial con la intención de acabar en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
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