Los expresidentes de Colombia Álvaro Uribe y Andrés Pastrana ratificaron este viernes su alianza para las elecciones presidenciales de 20018. Cuando se cumple un año de la firma del acuerdo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, los dos dirigentes, muy críticos con este proceso de paz, suscribieron un documento que promete la “reconstrucción” del país y la defensa de “políticas democráticas, amigas del progreso y enemigas de la corrupción”.
El papel de Uribe, líder del Centro Democrático, y Pastrana, representante del Partido Conservador, no es meramente simbólico. Los exmandatarios encabezan la oposición de parte de la sociedad a los acuerdos rechazados en el plebiscito y que tras ser modificados fueron aprobados por el Congreso. Y, además, no serán ajenos a la elección de la fórmula presidencial que debería culminar en las próximas semanas. Esta alianza, resalta el escrito, “elegirá un candidato para la Presidencia y para la Vicepresidencia, partiendo de los candidatos elegidos por el Centro Democrático y por las bases conservadoras […] seleccionando a aquel que tenga la mayor posibilidad de llegar a la Presidencia de la República”. Finalmente, “los candidatos y compromisarios definirán el mejor método para elegir el candidato único de la coalición”.
El esbozo de su programa pone el acento en el fortalecimiento del sector privado en la economía, en el respaldo a las víctimas del conflicto armado y en la lucha contra el narcotráfico. Pero, sobre todo, pone negro sobre blanco algunos de sus planes con respecto al acuerdo de paz. Por ejemplo, respetar la incorporación en la política de los excombatientes y desmantelar el sistema de Justicia Especial para la Paz, uno de los pilares la transición de la antigua guerrilla. “Consideramos”, señalan Uribe y Pastrana, “que será conveniente para el país respetar aquellos aspectos que permitan la reincorporación de personas en armas y su tránsito a la vida política”. Sin embargo, advierten, “es necesario corregir los graves desequilibrios institucionales creados en la negociación”. “No permitiremos una Justicia especial que persiga a militares y al resto de colombianos de bien, en una cacería politizada. Tampoco un proceso que le quite la tierra a los colombianos honorables”, añaden.
Los expresidentes justifican esta decisión aduciendo que la justicia transicional, que acaba de ser modificada por la Corte Constitucional. “no puede servir a intereses políticos”. Así, pese a tener esta coalición una vocación conservadora, los dos apelan abiertamente al “centro” político y pretenden dirigirse a las víctimas, los pequeños y medianos empresarios, los agricultores y campesinos, militares en retiro, los representantes de la familia, jóvenes, iglesias y laicos.
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