Expertos, activistas y representantes de organismos internacionales pidieron hoy una respuesta coordinada de los países de las Américas ante la crisis migratoria derivada de la situación económica en Venezuela.
En el marco de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebrará la próxima semana en Washington, el Centro de Estudios Woodrow Wilson auspició hoy una reunión de expertos y representantes de distintos entes sociales para analizar los paliativos a la migración venezolana.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, insistió en que la migración motivada por la crisis que atraviesa Venezuela es un tema prioritario para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y reiteró la gravedad de la situación humanitaria.
“Hay que buscar una estrategia regional para dar respuesta a los efectos negativos de la crisis migratoria, se trata de una responsabilidad compartida”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH.
Abrão destacó que los países han intentado distintas medidas para recibir a la migración venezolana, las cuales están funcionando de forma razonable, pero insistió en que hay que modular la respuesta acorde a los estándares internacionales.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se calcula que 1,6 millones de venezolanos ya han abandonado su país, provocando fuertes flujos migratorios especialmente a Colombia, Brasil y Perú.
“Concluimos que las respuestas de los estados han sido positivas. Si se compara a otras situaciones de experiencias en el pasado reciente, cuando hubo la gran migración de los haitianos (por el terremoto de 2010) y la del Triángulo Norte, los estados se demoraron en buscar sus respuestas”, afirmó el directivo de la CIDH.
Pese a ello, la Comisión ha considerado oportuno hacer otras indicaciones a los estados de las Américas, como garantizar la no devolución de las personas, las adecuadas condiciones de ingreso y reconocer que se dan todas las condiciones jurídicas para atender a los venezolanos bajo el estatus de refugiado.
“Sobre eso no puede haber ninguna duda”, reiteró.
Ligia Bolívar, activista venezolana por los derechos humanos, aseguró ante los asistentes que los distintos estudios de sobre los flujos de salida de los venezolanos arrojan que la motivación se basa en la situación económica, en primer lugar, seguido de la seguridad y la precariedad del acceso a la alimentación y la salud.
Pese a la represión que experimenta parte de la sociedad, la marcha de los venezolanos no responde a causas políticas, y en su mayoría están dispuestos a volver si mejoran las condiciones económicas, apuntó.
“El cuadro de salud en Venezuela es crítico, y esto lo advertimos hace tres años pero nadie nos escuchó -dijo la experta-. Se trata de una migración forzada por esas condiciones”.
Además, Bolívar destacó la situación de 230 mil colombianos que hace décadas huyeron a Venezuela por la violencia en su país, y que ahora se han visto forzados a regresar a Colombia por la crisis venezolana, una comunidad cuyas circunstancias no están siendo reconocidas.
Los expertos destacaron la necesidad de dotar de documentación adecuada, estándares de acogida y acceso a los derechos económicos y sociales de los venezolanos que continúan saliendo del país, con el objetivo de que no queden en situación de especial vulnerabilidad en los países de acogida.
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