El Gobierno de Nicaragua y grupos de la sociedad civil llamaron a poner fin a la violencia tras dos meses de disturbios que han dejado 170 muertos, aunque el presidente Daniel Ortega no se refirió a una petición de los mediadores de la Iglesia para permitir elecciones anticipadas.
Las manifestaciones contra el Gobierno comenzaron a mediados de abril como reacción a una reforma al sistema de seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia para las víctimas, después de una violenta represión policial.
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Los opositores también exigen la renuncia de Ortega, un exguerrillero izquierdista a quien sus críticos acusan de amañar elecciones, controlar los medios, manipular la justicia y querer instaurar una “dictadura familiar”.
La Iglesia Católica, que actúa como mediadora, llamó al presidente a permitir elecciones generales anticipadas el próximo año como una manera de aliviar la tensión.
Ortega, cuyo tercer mandato presidencial consecutivo está programado para terminar en 2021, no abordó la solicitud en una carta dirigida a los mediadores, pero se mantuvo abierto a continuar el sábado con la negociación.
“El cese de la violencia es una necesidad básica. Los nicaragüenses necesitamos que no se siga produciendo más violencia”, expresó a periodistas el canciller Denis Moncada, el principal negociador del Gobierno.
También acordaron eliminar gradualmente, bajo la supervisión de organizaciones internacionales, cientos de barricadas improvisadas que han obstaculizado el tránsito y estrangulado el comercio de la pobre nación centroamericana.
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