miércoles, 18 de julio de 2018

La Justicia mexicana absuelve al líder de las autodefensas de Michoacán

José Manuel Mireles, símbolo del movimiento que puso en jaque la capacidad del Gobierno para combatir al narco, estuvo preso casi tres años por posesión de armas

Una entrevista con Mireles poco después de salir de la cárcel


La Justicia mexicana ha absuelto a José Manuel Mireles, líder y fundador de las autodefensas de Michoacán. El que se convirtiera en un símbolo del movimiento civil armado más grande que ha existido en México contra el narcotráfico, fue encarcelado en junio de 2014 por posesión de armas propias del Ejército. Mireles siempre alegó que se trataba de una "detención política" y que el Gobierno le había dado permiso para armarse. Con su cabeza en la cárcel, las autodefensas acabarían por desintegrarse. Un golpe maestro para la organización que puso en jaque la capacidad del presidente Peña Nieto para combatir el crimen en la región.
La sentencia señala que el doctor Mireles (1958, Michoacán), cirujano de profesión, queda libre de los cargos que se le imputan y su caso, sobreseído. El líder de las autodefensas pasó casi tres años en la cárcel hasta que en mayo del año pasado le concedieran la libertad condicional —tras el pago de una fianza de 30.000 pesos (unos 1.600 dólares)—. Poco después de salir de prisión, fue ingresado de urgencia en un hospital por problemas del corazón.
Cercano a López Obrador, Mireles fue incluido en la lista de candidatos a diputado federal para estas elecciones del pasado 1 de julio con Morena. Aunque el tribunal electoral retiró su nombre por un problema de procedimiento: su candidatura violaba los derechos políticos de otro candidato local. Junto a él, el partido nombró a otros dos candidatos polémicos con causas judiciales abiertas para el Senado: Nestora Salgado, líder de las autodefensas de Guerrero, acusada de secuestro; y Napoleón Gómez Urrutia, líder sindical de los mineros que huyó a Canadá con su familia tras la explosión de una mina en 2006, donde murieron 65 personas, que fue acusado de un fraude de 55 millones de dólares a los trabajadores, aunque se le retiró en 2014 la orden de detención. La sentencia de absolución de Mireles coincide con la victoria absoluta del partido en todo el país.
En enero de 2013 el doctor decidió tomar las armas con un grupo de vecinos de su rancho en Michoacán. Hartos de que el cártel de Los Caballeros Templarios, una escisión de La Familia Michoacana, sembrara el terror en la zona a la vista de cualquier autoridad, un grupo de civiles buscaron hacer justicia por su cuenta. Ni la Policía Local, corrompida hasta las entrañas, ni la Policía Federal, ni siquiera el Ejército, logró lo que un solo hombre, médico rural, hijo de un agricultor y una ama de casa.
Entre 2013 y 2014 Mireles dirigió un ejército popular de más de 25.000 campesinos, rancheros y vecinos que padecían a diario extorsiones, secuestros, decapitaciones y torturas. "Eligieron no vivir de rodillas", señalaba. Y este hombre apuesto de más de cincuenta años, cabello blanco y bigote espeso, ojos verdes, tez morena y 1,90 de estatura, acabó ganándose las simpatías de gran parte del país. Finalmente, el movimiento se disolvió tras la intervención del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que compró, cooptó o encarceló a los principales líderes.
La sentencia reconoce que no hay motivos suficientes para imputarle el delito de posesión de armas propias del Ejército a Mireles. Desde que se levantaran contra el narco y la impunidad, estas agrupaciones de civiles buscaron acuerdos con el Gobierno federal para poder utilizarlas contra el crimen organizado. Sin embargo, en la mayoría de los casos se movieron en un limbo legal. El Gobierno les ordenó desarmarse. Él no lo hizo y fue detenido.
"Se me fabricaron delitos cuando decidí salvar a mi pueblo; consciente de ello seguí luchando. Estuve preso y hoy por fin, después de toda esta persecución política el Poder Judicial me declara inocente y absuelto de todo delito", escribió Mireles en su cuenta de Twitter. Su abogado, Ignacio Mendoza, evalúa presentar una demanda contra el excomisionado Alfredo Castillo, el exsecretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, e incluso al presidente Enrique Peña Nieto. Y pedirán una indemnización por el daño causado durante estos tres años a su cliente.

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