Venezuela es percibido como el país más corrupto de América Latina. Parlamentarios calculan que el daño patrimonial asciende a 450.000 millones de dólares
 |
| El presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante su mensaje de año nuevo |
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dice que ningún gobierno del mundo combate la corrupción como el suyo. Su conclusión contrasta con los indicadores de Transparencia Internacional, que sitúan a Venezuela como el país más corrupto de América Latina. Mercedes de Freitas, directora de la organización en Caracas, deduce que se instaló un modelo con los “elementos de una cleptocracia”, en el país. “Hay evidencias de que la crisis económica es consecuencia de la malversación de fondos”, explica.
Maduro ha señalado que esta percepción se trata de porrazos de la oposición. “No existe, en la historia de Venezuela, un proceso y un gobierno que hayan combatido la corrupción, en su carácter estructural, con mayor rigor que la revolución bolivariana y los gobiernos de Hugo Chávez y míos. No ignoro que uno de los frentes de ataque de nuestros adversarios contra nosotros consiste en acusarnos de laxismo con respecto a la corrupción. Es absolutamente falso”, dijo en una entrevista hecha por el periodista español Ignacio Ramonet, difundida el martes.
Pero la mala fama es global. De hecho, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió en septiembre de 2017 un aviso para alertar a las instituciones financieras sobre la “corrupción pública generalizada” imperante en el país sudamericano.
El Legislativo hace un cálculo del daño patrimonial generado por corrupción en 19 años de la autodenominada revolución bolivariana. “Solo en casos de corrupción conocidos puede decirse que las pérdidas ascienden a 450.000 millones de dólares (ocho veces el presupuesto destinado a Venezuela en 2012, el más alto), pero este es la punta del iceberg porque cada vez salen a relucir más escándalos. Es innegable que la corrupción es la causante de la crisis económica”, dijo Freddy Superlano, jefe de la comisión de contraloría del Parlamento.
La acusación se dirige al oficialismo. El sistema de control de cambio de divisas, impuesto desde 2003 y en vigencia, está vinculado con un esquema de fraude. En 2014, Jorge Giordani, exministro de Planificación de los gobiernos de Chávez y del propio Nicolás Maduro, denunció que, al menos, 25 millones de dólares otorgados por la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) a “empresas de maletín” o inoperativas se desviaron a cuentas bancarias privadas. La trama consistía en que compañías fachadas, sin trayectoria e inscritas en paraísos fiscales, pedían divisas al Estado venezolano a precios preferenciales para supuestas importaciones o servicios, pero tras obtener grandes montos apalancados por funcionarios gubernamentales no respondían por el dinero.
La malversación de fondos es extendida. A finales de noviembre, EL PAÍS reveló en un reportaje que una investigación interna de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) involucra a varios de sus exdirectivos en un fraude a la compañía de, al menos, 500 millones de dólares tras auto adjudicarse contratos de compra de material a sus propias sociedades, amañar las licitaciones en su propio beneficio y blanquear su botín en España.
El fiscal Tarek William Saab, designado por la chavista Constituyente, ha prometido ser “implacable” contra la corrupción, pero todavía no se pronuncia por la acusación de la Justicia estadounidense contra el empresario Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión y asociado con el oficialismo, y tampoco ha investigado denuncias contra Maduro que, según Euzenando Azevedo, exjefe de la constructora Odebrecht en Venezuela, habría recibido 35 millones de dólares para financiar la última campaña presidencial de Chávez a cambio de jugosos contratos en el país.
En contraste, Saab ha solicitado a Interpol la captura de detractores y delatores como el expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, el extesorero Alejandro Andrade y Claudia Díaz Guillén, una enfermera de Chávez acusada en España por blanquear dinero junto a su esposo Adrián Velázquez, antiguo jefe de seguridad presidencial.
La justicia, además, se ha tornado selectiva. Luisa Ortega Díaz, la fiscal general de Venezuela, debió huir el año pasado por denunciar la represión en las protestas antigubernamentales y otras irregularidades cometidas por Maduro. Sus principales aliados también están en el exilio. Entre ellos, Zair Mundaray, director de Actuación Procesal de la Fiscalía (2016 y 2017), que ahora denuncia el enriquecimiento de funcionarios públicos. “Nosotros investigamos una serie de operaciones de la Tesorería con la compra de unos bonos del Reino Unido, hechas por empresarios aliados del Gobierno, y revendidos en el mercado internacional en las que Venezuela perdió mucho dinero, porque de ahí salieron muchas riquezas, incluida la de la enfermera Claudia Díaz. Pedimos una orden de detención en su contra, pero fue revocada por un tribunal en 2016”, relata.
Pese a las trabas, Mundaray asegura que logró confiscar dos posadas, 13 coches, dos penthouse en Caracas. Sus propiedades fueron adquiridas cuando devengaba el equivalente a seis salarios mínimos en Venezuela. “Claudia Díaz es parte de la cadena primigenia del saqueo de la Tesorería y muchas fortunas surgieron de ahí, por ello es que pidieron la extradición, para evitar que más personas hablen con el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, explica.
El exfiscal señala al modelo económico instalado por el chavismo, basado en el control cambiario como una gran centrifugadora de corrupción, que además gozó de abundantes ingresos durante una década de altos precios del petróleo, se sumó el control del Poder Judicial con la llegada de Hugo Chávez, lo que propició la impunidad que favorece al delito. “Cualquier investigación que se haga se estrellará ante un juez”.
EL DILEMA DE LAS SANCIONES
Con el aporte de pruebas e información al Departamento de Estado de EE UU, Alejandro Rebolledo, abogado especialista en prevención de legitimación de capitales, impulsa las sanciones contra altos funcionarios gubernamentales, militares y empresarios involucrados en delitos en Venezuela desde hace tres años.
En el exilio, el jurista acusa al chavismo de alentar negocios ilícitos en comunión con “mafias” internacionales que supuestamente penetraron en el sistema financiero a través de estructuras en Estados Unidos, Europa, Asia y Emiratos Árabes, ayudados por empresarios, banqueros y especialistas en lavado. De ahí que proponga las sanciones contra funcionarios y aliados del régimen para afrontar la malversación gubernamental, aunque el presidente Nicolás Maduro denuncie que las restricciones han generado la pérdida de 20.000 millones de dólares para el país durante 2018 y asegure que se trata de una persecución de Estados Unidos. Según Rebolledo, el mecanismo abre la posibilidad de recuperar el patrimonio perdido una vez sea “reestablecida la democracia” en el país. “Todos los días se conocen noticias de investigaciones de lavado de dinero, esto no se detiene”, dice.
Sin embargo, el abogado no descarta que estas sanciones contra altos cargos propicien operaciones de lavado de dinero dentro del país. “El que supone que su dinero puede ser congelado y bloqueado lo invierte en Venezuela: compra edificios, unos terrenos, unas casas. Es una de las lecturas que han tenido las sanciones contra el régimen”, asegura.
No hay comentarios:
Publicar un comentario