Tras el anuncio hecho por Diosdado Cabello, en la sesión de este lunes 20 de mayo, treinta y seis meses más a lo previsto en un principio, dos años, duraría en ejercicio la actual Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en comparación con la instalada en agosto 1999 donde solo tuvo funciones por cuatro meses para redactar lo que hoy es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Pero las diferencias entre las dos Constituyentes no son solo de forma, también de fondo. La de 1999 fue producto de un referendo, también escogió a sus 131 contituyentes (como hizo la actual con sus 545 miembros) y su producto, la actual Constitución vigente, fue aprobada vía referéndum consultivo el 15 de diciembre de ese mismo año.
La cohabitación entre el extinto Congreso bipartidista de 1999 y la Constituyente a echura de Hugo Chávez, no fue fácil, como está resultando la de Nicolás Maduro con la Asamblea Nacional de Juan Guaidó.
En 1999 el decreto de emergencia legislativa aprobado por la ANC no disolvió el Congreso, pero lo redujo a funciones administrativas, a convidado de piedra en el proceso de definición de los aspectos fundamentales del revolcón institucional emprendido por la Asamblea.
La designación, por la Constituyente, de una comisión que asumió las funciones esenciales del Parlamento era la propuesta contenida en el proyecto de decreto de emergencia legislativa presentado a la dirección de la Asamblea por el entonces constituyente David de Lima, presidente de la Comisión de Poder Legislativo, miembro del Movimiento al Socialismo (MAS), encuadrado en la coalición gubernamental Polo Patriótico.
Cualquier parecido con la realidad del actual Parlamento, en desacato según el TSJ, y la Constituyente hecha a la medida de Maduro no pareciera azarosa. Con 26 diputados despojados de su inmunidad parlamentaria, con tres diputados menos de Amazonas, objetados desde enero del 2016, la mayoría opositora del Capitolio está reducida a la nada, aunque su eco retumba en el terreno internacional.
Para el historiador y analista político, Luis Britto García, consultado vía telefónica por PANORAMA, la decisión de alargar un año más de lo previsto de su período, “jurídicamente siendo la ANC la suprema representación de la soberanía de Venezuela, puede durar el tiempo que estime necesario para el cumplimiento de sus funciones”.
Asimismo, la vicepresidenta de la comisión de Justicia, Transparencia y Tutela Efectiva de la ANC, María Alejandra Díaz, al ser consultada por la cadena Unión Radio, opinó que la decisión de extender el periodo de funcionamiento de la ANC hasta diciembre de 2020, es porque “parte de las tareas encomendadas no han sido cumplidas en su totalidad, y una de ellas tiene que ver con el nuevo texto constitucional”.
“Todos los días se reciben en la Comisión de Derechos Humanos propuestas para ser incorporadas en el texto constitucional. ¿Qué es lo que no se ha dado? No se ha trabado la discusión constitucional. El momento constituyente no se ha trabado, porque no hemos visto a todo el pueblo discutir estos puntos”, afirmó.
Ahí radica parte de los cuestionamientos hacia la Constituyente. El país no conoce todavía el primer artículo que haya redactado la “todopoderosa” institución. Acaso un proyecto de Constitución, que rodó entre corrillos políticos, que exacerbaba el modelo de Estado centralizado, levantó un polvorín que rápidamente la plenaria desestimó.
Ahí radica parte de los cuestionamientos hacia la Constituyente. El país no conoce todavía el primer artículo que haya redactado la “todopoderosa” institución. Acaso un proyecto de Constitución, que rodó entre corrillos políticos, que exacerbaba el modelo de Estado centralizado, levantó un polvorín que rápidamente la plenaria desestimó.
Y es que esta controversial ANC por ser un órgano “supraconstitucional” al que todos los poderes públicos, incluso, hasta el Presidente de la República se “subordinaron” cuenta con atribuciones como el destituir y nombrar a funcionarios en cargos claves, aprobar de leyes, que luego son avaladas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); también convocó procesos electorales como la elección de gobernadores alcaldes en octubre y diciembre de 2017, las presidenciales y de consejos legislativos en mayo de 2018, y ahora busca adelantar unas parlamentarias para escoger a una nueva Asamblea Nacional (AN) a la que todavía le queda un año y medio de funciones.
En cuanto a la materia legislativa ha aprobado no menor de 15 leyes, además de derogar y reformar algunas ya existentes.
Entre las leyes aprobadas están:
Ley Contra el Odio
Ley del Consorcio Agroalimentario del Sur (Agrosur)
Ley de Precios Acordados
Ley de Presupuesto 2018
Ley de Presupuesto 2019
Ley para el Control del Arco Minero
Ley de Inversión Extranjera
Ley Contra la Guerra Económica
Ley de los Consejos Productivos
Ley de Ilícitos Cambiarios (Derogada)
Ley del Consorcio Agroalimentario del Sur (Agrosur)
Ley de Precios Acordados
Ley de Presupuesto 2018
Ley de Presupuesto 2019
Ley para el Control del Arco Minero
Ley de Inversión Extranjera
Ley Contra la Guerra Económica
Ley de los Consejos Productivos
Ley de Ilícitos Cambiarios (Derogada)
Ha firmado decretos como:
Validación de Partidos Políticos
Intercambio del Petro, así como reformas tributarias.
Validación de Partidos Políticos
Intercambio del Petro, así como reformas tributarias.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, también ha presentado el balance de su Gobierno durante los años 2017 y 2018, además de juramentarse para su periodo presidencial 2019-2025.
Sus últimas decisiones han sido los polémicos allanamientos de la inmunidad parlamentaria de los diputados miembros de la Asamblea Nacional dominada por la oposición y que en dos semanas ya suman más de 15.
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