El pago de intereses del bono Pdvsa 2020, que la semana pasada autorizó Juan Guaidó, no pasó inadvertido en un contexto en el que no pocos creen que lo más recomendable era una estrategia de renegociación con tenedores. En el caso de Nicolás Maduro, su declaratoria de Default, no tiene margen para revertirse, en un contexto económico en que nada hace sino empeorar con una producción petrolera hundida, el desconocimiento de los principales centros de poder y una sanciones que se han convertido en su alter ego.
La junta ad hoc de la estatal Petróleos de Venezuela, designada por el jefe del Congreso, Juan Guaidó, comenzó a cancelar la pasada semana los intereses del bono Pdvsa 2020 a algunos tenedores. El equipo de Guaidó consiguió así movilizar fondos en el extranjero para concretar el primer pago que ordenó el jefe del Congreso, controlado por la oposición, desde que asumió en enero como presidente encargado, invocando la Constitución y tras desconocer al mandato del presidente Nicolás Maduro. El Parlamento respaldó la cancelación de esos intereses buscando proteger a Citgo, una refinería venezolana en Estados Unidos, que pasó a controlar el equipo de Guaidó, pero está en riesgo porque el activo garantiza el bono.
“El gobierno interino (Guaidó) claramente no tiene la capacidad de satisfacer a todos los acreedores que pudieran reclamar su pago a través de Citgo”, señala la firma Torino Economics en su último informe, mencionando a Crystallex y ConocoPhillips debido a las demandas que han emprendido ante tribunales internacionales por impago. “Sin embargo, aún si el gobierno interno tuviera la capacidad de pagar todos estos reclamos (para lo cual necesitaría USD 5,8 millardos para el pago de amortizaciones y USD 216 millones para el pago de intereses), probablemente esto conllevaría a que otros acreedores vayan tras estos activos”.
Para Francisco Rodríguez, economista jefe de la firma, urge el desarrollo de una nueva estrategia que permita mantener la propiedad de Citgo y que no dependa ni del apoyo de Estados Unidos, a través de una orden de protección de activos, ni de la caída rápida del gobierno de Nicolás Maduro. “En primer lugar, el gobierno interino debe elevar la solicitud de una orden de protección de activos directamente frente a la Organización de Naciones Unidas en vez de solo ante el gobierno estadounidense”.
Sin embargo, el economista Víctor Álvarez dijo en un programa de Globovisión esta semana que Citgo no se va a salvar con el pago de los intereses de este bono, ya que, recordó, el otro 49% de las acciones está como garantía de un crédito de Rosneft y en octubre está previsto un pago de más de 900 millones de dólares.
“¿De dónde va a salir ese dinero? Tarde o temprano el juego se va a trancar”, aseveró el economista, quien en algún momento formó parte del Gobierno de Hugo Chávez. De hecho, solo este año los compromisos de pagos de la deuda superan la bicoca de los 9 mil millones de dólares, cerrando el ciclo de tres años de pagos fuertes del Gobierno, de los cuales no ha podido refinanciar ni el primero de los papeles.
El economista considera que si se ejecuta el pago, el país terminará desembolsando una cantidad de recursos que, en un contexto de crisis humanitaria, son necesarios para la compra de alimentos, medicinas o repuestos para reactivar la economía, y por el contrario se está cancelando un préstamo que se puede negociar para aliviarle la carga al país.
En lo que sí coinciden Rodríguez y Álvarez es en que existen varias alternativas, entre ellas plantea la posibilidad de una orden ejecutiva por parte del gobierno de Estados Unidos para proteger los activos de Pdvsa, necesarios para la reconstrucción del país. Esa solicitud la pudiera realizar el presidente del parlamento, debido a su relación cercana con el gobierno de Trump.
¿El negociador estrella?
En medio de la vorágine de la deuda criolla, esta semana los venezolanos empezaron a conocer de Lee Buchheit, el negociador estrella “ad honorem” en que Guaidó depositó su confianza con miras a una eventual renegociación que todavía no arranca. Conocido por representar a varios gobiernos y tenedores de bonos en duras renegociaciones de deuda externa, Buchheit se había retirado en febrero de este año de Cleary Gottlieblast, un bufete de abogados en Estados Unidos que entre sus clientes tiene a acreedores de Venezuela.
En medio de la vorágine de la deuda criolla, esta semana los venezolanos empezaron a conocer de Lee Buchheit, el negociador estrella “ad honorem” en que Guaidó depositó su confianza con miras a una eventual renegociación que todavía no arranca. Conocido por representar a varios gobiernos y tenedores de bonos en duras renegociaciones de deuda externa, Buchheit se había retirado en febrero de este año de Cleary Gottlieblast, un bufete de abogados en Estados Unidos que entre sus clientes tiene a acreedores de Venezuela.
A fines de octubre, Buchheit fue coautor de un artículo en el que decía que Venezuela sería un candidato para beneficiarse de un posible decreto de Estados Unidos que protegería sus activos de la incautación de los acreedores. La medida podría facilitar una "resolución ordenada" que atraiga a la mesa de negociaciones incluso a los tenedores de los fondos, reacios a aceptar pérdidas en sus tenencias, escribió el experto, recomendado por Ricardo Haussman, el reconocido economista venezolano a la cabeza de las decisiones en materia económica de Guaidó.
"Nos place dar la bienvenida a Lee Buchheit, al equipo que tendrá la responsabilidad de afrontar las demandas heredadas contra de la República", dijo José Hernández, el procurador general designado por Guaidó, en un comunicado en el que apunta que el abogado estadounidense trabajará ad honorem como "asesor estratégico".
Buchheit ha trabajado con casi todos los casos de reestructuración soberana de envergadura, entre ellos México, Rusia, Argentina y Grecia; caso este último que se ha convertido en el mayor de la historia. De acuerdo con la agencia Bloomberg, Buchheit deberá negociar con su antiguo jefe en Cleary, Mark Walker, y a su colega Richard Cooper, asesores principales del grupo de tenedores de bonos venezolanos que en conjunto poseen unos 60.000 millones de dólares en papeles que el gobierno de Nicolas Maduro arrojó al cesto del default.
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