El Gobierno de Ecuador anunció, la noche del domingo, el fin de una violenta crisis de casi dos semanas mediante un acuerdo entre gobierno e indígenas que revoca la eliminación de subsidios al combustible que había sido pactada con el FMI.
Después de más de cuatro horas de negociación con la mediación de la ONU y la Iglesia católica, las dos partes asumieron un compromiso que atiende la exigencia del movimiento indígena: la derogatoria del decreto que había liberado el precio del diésel y la gasolina, encareciéndolos hasta en 123%.
Ríos de gente, en un alto número indígenas que se habían manifestado durante toda la semana, se volcaron a las calles de Quito para festejar, pese al toque de queda impuesto por el presidente Lenín Moreno a raíz de los fuertes disturbios de la víspera.
También hubo fuegos pirotécnicos en los exteriores del Ágora, el coliseo donde se concentraron los aborígenes que habían llegado a la capital en una movilización respaldada por estudiantes y algunos sindicatos.
El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, anunció de inmediato el levantamiento de las protestas que dejaron siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos según la Defensoría del Pueblo.
“Se ha dejado sin efecto el decreto 883 y eso es para todo el país. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la paz!”, proclamó Vargas al término de las negociaciones con Moreno en persona.
El mandatario, que reconoció el “sacrificio de cada una de las partes”, escribió luego en Twitter: “El gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan”.
El próximo acuerdo “probablemente signifique que ya el ahorro no será tan grande como el que se esperaba”, comentó a la AFP el analista económico Alberto Acosta Burneo.
Moreno firmó compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por 4.200 millones de dólares destinados a aliviar el pesado déficit fiscal que achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de su antecesor y exaliado Rafael Correa.
A cambio lleva a cabo una política de ajustes que, además de desmontar ayudas, prevén recortar derechos a los empleados públicos, como la disminución del tiempo de vacaciones (de 30 a 15 días). El país desembolsa 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel y la gasolina.
“Ecuador tiene que cumplir los compromisos con el FMI porque nadie le va a prestar si es que quiere seguir gastando y quiere seguir viviendo de la deuda, que fue la estrategia que se aplicó desde 2014”, manifestó Acosta Burneo, de la consultora Grupo Spurrier.
Una huella de destrucción
El fin de la crisis llegó en pleno toque de queda en Quito. Este domingo todavía podían verse grandes destrozos en puntos de la ciudad.
Decenas de manifestantes regresaron a las calles y prendieron fogatas, y en algunos puntos la policía lanzó gas lacrimógeno para frenar su avance, aunque no se registraron choques tan violentos como los del sábado.
La protesta que estalló el 2 de octubre también interrumpió el transporte de petróleo -la mayor fuente de divisas- por el principal ducto del país, debido a la ocupación de pozos en la Amazonía.
Moreno decretó el estado de excepción al día siguiente de iniciadas las manifestaciones y movilizó a las Fuerzas Armadas para contener el estallido social. Y decidió trasladar la sede de gobierno a Guayaquil.
Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, alcanzaron una resonante victoria en la mesa de negociación.
Son el sector más castigado por la pobreza y principalmente trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, debían pagar más para transportar sus productos al tiempo que temían una inflación generalizada.
Desde Bélgica, donde elude una orden de captura, el expresidente Rafael Correa escribió en Twitter que “Moreno no solo no puede seguir gobernando. ¡Tiene que ser juzgado por sus crímenes!”.
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