FRANCESCO MANETTO
La Unión Europea y el dirigente opositor Henrique Capriles exigen un cambio de calendario para lograr más garantías
Las elecciones legislativas fijadas para el 6 de diciembre en Venezuela se han convertido en el eje central de la pugna política del país, con repercusiones en los equilibrios internos de la oposición, en el choque entre el presidente, Nicolás Maduro, y sus rivales, y también en el tablero internacional. El Gobierno rechazó este jueves aplazar la convocatoria que renovará la Asamblea Nacional, dominada desde 2015 por las fuerzas críticas con el chavismo. Lo hizo después de que la Unión Europea solicitara formalmente celebrarlas en el primer semestre de 2021 al considerar que no se dan, de momento, las garantías para una competición en paridad de condiciones. Bruselas declinó así la posibilidad de enviar una misión de observación y el líder opositor Henrique Capriles, que hace un mes se había abierto a participar, también dio marcha atrás y exigió posponer el proceso electoral.
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a través de un comunicado que supone una enmienda a la totalidad de las propuestas de Europa. La Cancillería califica de “sesgada” la posición de la UE, afirma que “insiste en desconocer los esfuerzos realizados por el Estado venezolano” y considera “lamentable” e “inadmisible” que presentara “un pliego de condicionamientos”. Con esas premisas, el Gobierno, que en las últimas semanas se había avenido a una serie de gestos, algunos muy relevantes como la liberación de un centenar de presos y perseguidos políticos, descarta mover la fecha de las elecciones.
“El próximo 6 de diciembre, en estricto y debido apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se llevará adelante, de manera libre y soberana, la vigésimo quinta elección en 20 años de revolución bolivariana”, deja claro el comunicado, que, como es habitual, agita el fantasma del enemigo exterior. “Al respecto, el Estado venezolano no admitirá injerencias o pretendidos tutelajes externos de ninguna naturaleza. En consecuencia, Venezuela espera que la Unión Europea mantenga una actitud cónsona con los principios que rigen el derecho Internacional y se limite a cumplir un positivo y respetuoso rol de facilitación”.
Estas declaraciones ratifican la profunda desconfianza hacia el chavismo de la actual dirección de la Asamblea Nacional, encabezada por Juan Guaidó. El líder opositor y sus seguidores rechazaron desde el principio participar en esos comicios, que estaban previstos para finales de este año, con el argumento de no darles legitimidad. Este jueves el Parlamento aprobó “un acuerdo para promover una consulta popular para realizar elecciones libres, justas y verificables y rechazar el fraude”. Este referéndum busca recabar el apoyo a los mecanismos de presión internacional que fuercen unas presidenciales y al mismo tiempo reiterar el rechazo a la cita de diciembre. No obstante, como todas las iniciativas impulsadas por Guaidó, su alcance es de carácter eminentemente simbólico, ya que Maduro no ha perdido el control del aparato estatal.
Esa fue una de las razones que llevó a Capriles, que fue el principal rival de Maduro en las elecciones de 2013, a mover ficha tras permanecer años alejado de la primera línea. El exgobernador del Estado Miranda es muy crítico con la estrategia de Guaidó, reconocido como presidente interino por cerca de 60 países, puesto que después de casi dos años el pulso con Maduro apenas ha surtido efectos. El jefe del legislativo lo ha fiado casi todo a la presión internacional y en septiembre llegó a pedir a sus valedores ir más allá de las soluciones diplomáticas. Esa estrategia incluyó acciones militares como la que el 30 de abril de 2019 se saldó con la liberación de Leopoldo López de su arresto domiciliario. Pero ninguna cumplió con el objetivo de derrocar al Gobierno. Y mientras Estados Unidos, que está a punto de celebrar elecciones, ha mantenido su habitual escalada retórica y ha intensificado las sanciones, la Unión Europea siempre se ha mostrado más dispuesta a una mediación.
“Hay una posibilidad: mover la elección. ¿Por qué no hacerlo? Porque hay un cálculo político. Porque a alguien en el partido de Gobierno no le conviene”, afirmó Capriles el miércoles. Además de la emergencia sanitaria del coronavirus, la delegación de diplomáticos europeos enviados a Caracas no halló las garantías mínimas para acudir a las urnas, después de que el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitara a los principales candidatos opositores y descabezara a algunas de las fuerzas antichavistas con mayor proyección como Primer Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular. “Sin un aplazamiento y una mejora de las condiciones democráticas y electorales, la UE no puede plantearse el envío de una misión de observación”, concluyó el servicio exterior europeo.
De momento, el régimen mantiene su negativa a cualquier cambio de calendario y solo cuenta con la complicidad de un sector minoritario de la oposición que acepta participar en las parlamentarias diciembre. Sin embargo, Maduro, muy aislado en el mapa internacional con la salvedad de sus aliados tradicionales como Rusia, China, Turquía e Irán, necesita mantener un canal de interlocución con Bruselas. Y las presiones para que el Ejecutivo aplace las elecciones acaban de empezar.
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