POR Andrés Cañizález
El proyecto V-Democracy de la Universidad de Gotemburgo recordó, al presentar su índice mundial sobre la democracia liberal en el mundo, que el proceso de autocratización que se registra globalmente tuvo un punto de inflexión con el ascenso al poder en Rusia de Vladimir Putin. Comenzaba el siglo XXI.
Durante los últimos 22 años Putin ha sido el hombre fuerte en Rusia y constituyó -como parte de su entorno- una nueva élite política y económica que se hizo con los despojos de lo que había sido la Unión Soviética. En general, los países democráticos occidentales terminaron por aceptar el clima autoritario interno dentro de las fronteras rusas, en aras del rol estabilizador global que tuvo Putin tras un período de inestabilidad e incertidumbre, en algunos momentos crisis severas, que se vivió con la transición fallida que en momentos distintos encabezaron Mijaíl Gorbachov (1985-1991) y Boris Yeltsin (1991-1999).
La decisión de Putin, anunciada este 24 de febrero de 2022, de invadir Ucrania sin tener argumentos sólidos que justificaran una acción de tal envergadura, junto a los desmanes que vienen cometiendo las fuerzas rusas en territorio ucraniano, que comienzan a alimentar expedientes de crímenes de guerra, parece constituir el punto de no retorno. Es difícil imaginar que Putin pueda gozar de nuevo de la pasividad con la que le trató la comunidad democrática internacional, en aras de preservar el equilibrio global. Cruzó una raya amarilla.
El temor occidental a que las armas de destrucción masiva, en suelo ex soviético, terminaran en manos de separatistas fanáticos o grupos terroristas sin control, abonó el terreno para un reconocimiento entre pares que terminó recibiendo Putin mucho antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca (2017-2021). Luego de 2017, fue pública y notoria la simpatía personal que prevaleció entre ambos.
La inclusión de Rusia en el G-7, comenzando este siglo XXI, colocó a Moscú a la par de las potencias históricas que modelaron el sistema internacional a partir de los 1970: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Este grupo volvió a ser G-7 en 2014 cuando ya hubo una señal de alarma sobre las ambiciones de Putin, como fue la anexión de Crimea, que justamente constituye un antecedente de la invasión a Ucrania en este año.
Semanas antes de que se anunciara la acción militar sobre Ucrania, el reporte anual 2021 de Freedom House resumía la situación de este país, al que calificaba de no libre, de esta forma: “El poder en el sistema político autoritario de Rusia está concentrado en manos del presidente Vladimir Putin. Con fuerzas de seguridad leales, un poder judicial subordinado, un entorno mediático controlado y una legislatura compuesta por un partido gobernante y facciones de oposición débiles, el Kremlin puede manipular las elecciones y suprimir la disidencia genuina. La corrupción desenfrenada facilita los vínculos cambiantes entre los funcionarios estatales y los grupos del crimen organizado”.
Amnistía Internacional, por su parte, en su reporte 2021/2022 dedicado a Rusia ha sostenido que la pandemia de la COVID-19 no sólo tuvo impactos sobre un ya complicado sistema sanitario, haciendo más difícil el derecho a la salud entre los rusos, sino que también la epidemia global sirvió de coartada para una escalada represiva interna, bajo argumentos baladíes.
Durante 2021, antes de que comenzara la invasión a Ucrania, dentro de Rusia según Amnistía Internacional, “se violaron de forma habitual los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Las reuniones públicas organizadas por la oposición política estaban prohibidas casi en su totalidad. Se perpetraron con impunidad amenazas y ataques contra periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Se intensificó la persecución por razones religiosas. La tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos en los lugares de detención y el enjuiciamiento de sus autores, excepcional”.
Putin ha usado la estrategia del autoritarismo del siglo XXI de hacer aprobar leyes, para darle un barniz de legalidad a decisiones que a todas luces son arbitrarias o antidemocráticas. Al cerrar 2020, por ejemplo, promulgó una ley que permite declarar “agente extranjero” a individuos (ya antes se había aprobado una para organizaciones) con financiamiento desde el exterior, esto incluso aplicado a periodistas y medios de prensa independientes.
Los primeros señalados como “agentes extranjeros” fueron tres periodistas y dos activistas de la sociedad, todos conocidos por sus críticas al presidente ruso. Además, ha recordado Amnistía Internacional, se califica de “organizaciones indeseables” a las ONG y se ha obligado a que entidades internacionales de derechos humanos cierren sus oficinas en Moscú.
Todo esto ya venía ocurriendo antes del 24 de febrero pasado. Un año antes, sin ir muy lejos, Putin firmó una ley para establecer la posibilidad de permanecer en el poder por dos períodos más, lo cual le permitiría ser presidente hasta 2036, como parte de las reformas a la constitución que se habían aprobado en 2020. El actual mandato presidencial se vence en 2024.
Putin llegó al poder en 1999 como primer ministro de Yeltsin, y tras la sorpresiva renuncia de éste el último día de aquel año, el ex espía de la KGB siendo entonces un gran desconocido pasó a la presidencia el 1 de enero de 2000. Fue presidente en dos mandatos consecutivos de cuatro años, y en 2008 hizo lo que se considera fue una jugada maestra para perpetuarse en el poder, fue designado como primer ministro mientras su aliado Dimitri Medvedev ejercía la presidencia. En tiempos de Medvedev se cambió el lapso presidencial de cuatro a seis años.
Putin regresa de nuevo a un poder presidencial, que en realidad nunca abandonó, en 2012. Reelecto en 2018 en unas elecciones empañadas por denuncias de fraude y protestas callejeras, el presidente ruso figura en la lista de “depredadores de la libertad de expresión” que ha elaborado la ONG internacional Reporteros Sin Fronteras, con sede en París: “Vladimir Putin ha hecho aprobar una cascada de leyes liberticidas que criminalizan las protestas y limitan la libertad de expresión”.
La ya restrictiva situación informativa que se vivía en Rusia hasta 2021, según RSF ha tenido una suerte de vuelta de tuerca en este año: “Desde la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, casi la totalidad de los medios independientes han sido prohibidos, bloqueados y/o declarados agentes extranjeros. Todos los demás están sometidos a la censura militar”.
En el caso de Rusia, la comunidad democrática internacional ha colocado gran atención en la figura del activista opositor Alexei Navalny. Un mes después de iniciarse la invasión a Ucrania, un Navalny que ya estaba tras las rejas, tras procesos apuntalados para mantenerlo detenido, recibió otros nueve años más de prisión acusado de malversación de fondos e insultos a un juez.
Human Rights Watch ha recordado que Navalny fue detenido en enero de 2021 inmediatamente después de su regreso a Rusia tras someterse a un tratamiento en Alemania tras el caso de envenenamiento casi mortal que sufrió en 2020.
“Las autoridades rusas lo acusaron de violar los términos de su libertad condicional mientras estaba en Alemania y en febrero de 2021 lo enviaron a prisión para que cumpliera los 32 meses restantes de su condena suspendida. Desde entonces, las autoridades rusas han presentado nuevos cargos penales contra él, aparentemente con el objetivo de que permanezca encerrado durante muchos años”, sostiene HRW.
Con el prolongado e injustificado encierro de Navalny, según la ONG internacional con sede principal en Nueva York, se quiere evitar que este activista pueda seguir movilizando a la sociedad civil rusa y denunciando la corrupción en las altas esferas del poder.
Dos días después de regresar de Alemania y ser nuevamente encarcelado al pisar suelo ruso, Navalny difundió un vídeo documental que muestra un majestuoso palacio a orillas del mar Negro, presuntamente financiado por empresarios ligados a Putin con el fin de halagar al ex agente de la KGB.
De acuerdo con la investigación presentada por la ONG de este activista, esta propiedad puede ser catalogada como el “mayor soborno de la historia”, ya que se estima que el palacio tuvo un costo de 1.370 millones de dólares y los terrenos donde está ubicado equivalen a 39 veces todo el territorio del principado de Mónaco. Putin cruzó un punto de no retorno.
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