Hace 10 días, los ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) que le arrebataron el poder a la Asamblea Nacional de ese país por 10 horas quedaron graduados como objetivo del Gobierno de Estados Unidos.
En una decisión atípica, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro los incluyó en la Lista Clinton o el Kingpin Act, reservado para narcotraficantes, organizaciones terroristas y lavadores de capitales oscuros.
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, explicó que la medida era un apoyo de Washington a Venezuela. Y que los ocho togados fueron sancionados con bloqueos económicos por avivar la crisis en la que está sumergido ese país.
El conato de golpe de Estado que llevó a Washington a reaccionar volcó a Venezuela a las calles: ya van 58 días de protestas contra el régimen y casi 60 muertos en enfrentamientos con la fuerza pública.
El trasfondo de la decisión del Tío Sam –que puso a los miembros del TSJ al mismo nivel de Tareck El Aissami, vicepresidente de Maduro, enlistado en febrero por vínculos con el narcotráfico– ha sido interpretado como un claro viraje frente a Venezuela, a la que ya le ha sancionado a más de 30 fichas claves, en una apuesta por fraccionar su mando.
Al respecto, fuentes federales le explicaron a EL TIEMPO que los jueces –Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, Maikel Moreno, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta– entraron a un pabellón especial de la Lista Clinton: la Specially Designated Nationals List, apartado en el que figuran Estados (o funcionarios) a los que Washington considera peligrosos para la estabilidad mundial.
A ese ‘club’ pertenecen Libia, Birmania, Irak, Corea del Norte y Siria, entre otros, algunos de ellos convertidos en objetivo militar en los 100 primeros días de la administración de Donald Trump.
Ese fichaje, unido a recientes declaraciones de altos funcionarios del Gobierno, es interpretado por expertos como una evolución en la postura de Washington, que no tenía a Venezuela entre sus prioridades.
Para el politólogo venezolano Víctor M. Mijares, experto en seguridad internacional y política exterior, es claro que la administración Trump ha potenciado la idea de Venezuela como amenaza.
Y que “desde Estados Unidos se está tratando de estimular una transición por medio de sanciones selectivas que permitan defecciones (deserciones) dentro del régimen”.
Incluso, pronostica que esa división de la cúpula civil-militar que dirige a Venezuela le daría paso a moderados, dispuestos a colaborar, desde el chavismo, al cambio de gobierno.
Ese tipo de estrategia, en criterio de Mijares, contrasta con las sanciones económicas, que han resultado contraproducentes en el pasado cuando se han aplicado a regímenes autoritarios.
En una decisión atípica, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro los incluyó en la Lista Clinton o el Kingpin Act, reservado para narcotraficantes, organizaciones terroristas y lavadores de capitales oscuros.
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, explicó que la medida era un apoyo de Washington a Venezuela. Y que los ocho togados fueron sancionados con bloqueos económicos por avivar la crisis en la que está sumergido ese país.
El conato de golpe de Estado que llevó a Washington a reaccionar volcó a Venezuela a las calles: ya van 58 días de protestas contra el régimen y casi 60 muertos en enfrentamientos con la fuerza pública.
El trasfondo de la decisión del Tío Sam –que puso a los miembros del TSJ al mismo nivel de Tareck El Aissami, vicepresidente de Maduro, enlistado en febrero por vínculos con el narcotráfico– ha sido interpretado como un claro viraje frente a Venezuela, a la que ya le ha sancionado a más de 30 fichas claves, en una apuesta por fraccionar su mando.
Al respecto, fuentes federales le explicaron a EL TIEMPO que los jueces –Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan José Mendoza, Maikel Moreno, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta– entraron a un pabellón especial de la Lista Clinton: la Specially Designated Nationals List, apartado en el que figuran Estados (o funcionarios) a los que Washington considera peligrosos para la estabilidad mundial.
A ese ‘club’ pertenecen Libia, Birmania, Irak, Corea del Norte y Siria, entre otros, algunos de ellos convertidos en objetivo militar en los 100 primeros días de la administración de Donald Trump.
Ese fichaje, unido a recientes declaraciones de altos funcionarios del Gobierno, es interpretado por expertos como una evolución en la postura de Washington, que no tenía a Venezuela entre sus prioridades.
Para el politólogo venezolano Víctor M. Mijares, experto en seguridad internacional y política exterior, es claro que la administración Trump ha potenciado la idea de Venezuela como amenaza.
Y que “desde Estados Unidos se está tratando de estimular una transición por medio de sanciones selectivas que permitan defecciones (deserciones) dentro del régimen”.
Incluso, pronostica que esa división de la cúpula civil-militar que dirige a Venezuela le daría paso a moderados, dispuestos a colaborar, desde el chavismo, al cambio de gobierno.
Ese tipo de estrategia, en criterio de Mijares, contrasta con las sanciones económicas, que han resultado contraproducentes en el pasado cuando se han aplicado a regímenes autoritarios.
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