El Jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, se refirió al tema de la disidencia, asegurando que, solo hay un 45% de los excombatientes en las zonas de reincorporación y que todavía no existe un plan real para que los exguerrilleros regresen al camino de la paz
La ausencia de la guerra no se puede interpretar como la presencia absoluta de la paz, desde el inicio de la humanidad el hombre ha intentado conseguir la paz en los territorios donde se encuentra por medio de prácticas que se sustentan de la violencia, lo cual solo deja a su paso desolación, tristeza, e incertidumbre.
La historia de Colombia está marcada por las guerras, comenzando en el siglo pasado con el conflicto armado conocido como “Los Mil Días” que provocó la pérdida de Panamá, y más recientemente la lucha con los integrantes de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia que se originaron en 1948 luego del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán y el control de la tierra.
Los 52 años de conflicto armado en Colombia terminaron luego de cuatro años de negociaciones entre los representantes del actual Gobierno presidido por Juan Manuel Santos y los miembros de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC), comandados por Rodrigo Londoño Echeverri.
Aunque la propuesta de paz no logró calar en la opinión de la mayoría de los colombianos, el presidente Juan Manuel Santo decidió firmar un acuerdo definitivo con el líder de las FARC Rodrigo Londoño Echeverri alias “Timochenko”. El acto se realizó el 24 de noviembre del 2016 en el teatro más emblemático de la capital de Colombia, el teatro Colón, paradójicamente a pocas cuadras donde años atrás asesinaron a Gaitán.
CON VALIDEZ CONSTITUCIONAL
Debido a que este acuerdo no fue refrendado por el pueblo colombiano durante el plebiscito, no se podía calificar como una decisión de Estado sino como una decisión gubernamental, lo cual representaba una gran diferencia puesto que eventualmente, durante el siguiente periodo presidencial se podía ignorar lo acordado en La Habana.
Sin embargo, consciente de esta realidad la Sala Plena de la Corte Constitucional en una decisión unánime, pero con algunos votos imposibilitados, decidió otorgarle validez constitucional a lo acordado por el gobierno de Santos y las FARC, catalogándolo como exequible, y crearon lo que se denomina como “blindaje jurídico del Acuerdo de Paz”, el cual deja claro que durante los siguientes 12 años desde la firma del acuerdo, ningún dirigente político puede dictar normas que vayan en contra de lo pactado para lograr la paz, y solo será el mismo órgano que dictó la medida el único con el poder de resarcir lo aprobado, es decir, que los únicos que la pueden modificar el acuerdo son los miembros de la Corte Constitucional.
Con esta medida la Corte busca demostrar que el acuerdo de paz es una decisión de Estado porque cuenta con la aprobación de los magistrados, que fueron designados por los senadores y quienes a su vez son elegidos mediante el voto popular de los colombianos.
No obstante, el poder Judicial dejó claro que el acuerdo no hace parte de la Constitución, pero debe ser respetado por todos los poderes.
EL TIEMPO NO ES EL MEJOR ALIADO
Desde la firma en el teatro Colón hasta la actualidad ha trascurrido un año, en el cual el tema de paz se ha debatido en distintos escenarios con la finalidad de poder ejecutar lo que prometieron cada una de las partes. Sin embargo, el tiempo no ha sido el mejor aliado del tratado puesto que desde el primer momento no se ha cumplido con la mayoría de los plazos.
Según el instituto KROC de estudios internacionales para la paz, ubicado en Indiana Estados Unidos, solo el 17% de lo pautado entre el gobierno y las FARC se ha cumplido, 55% no se ha iniciado y el 28% tiene un desarrollo mínimo o parcial, lo cual demuestra que aún faltan muchas metas por cumplir en el camino hacia la paz.
Dentro de lo que se pactó y no se cumplió está el hecho que los miembros de las FARC debieron ingresar a las zonas de reinserción luego 30 días de la firma del acuerdo, pero ingresaron dos meses después.
Según Alto Comisionado para la Paz en ese momento, Sergio Jaramillo, los miembros de las FARC no ingresaron a las zonas dispuestas para la reinserción por dos motivos, primero por el difícil acceso a los lugres donde se encontraban los centros, y segundo los porque desmovilizados exigían que los lugares de albergue debían contar con instalaciones de lujo.
En un informe final del Mecanismo de Monitoreo y Verificación integrando por el gobierno de Colombia, las FARC y las Naciones Unidas, se puntualiza que solo cinco de los 26 centros de reincorporación fueron terminados.
TIEMPO PARA LAS LEYES
Igualmente, se anuncia la activación del Fast Track (vía rápida). El cual es un mecanismo que, contempla la Constitución colombiana de 1991, y tiene la finalidad de acortar los tiempos de aprobación de las leyes. Es decir, los legisladores pasan de tener que realizar ocho debates a sólo ejecutar tres debates. En principio esta medida solo duraría seis meses, pero debido a las diferencias existentes entre los legisladores colombianos, fue necesario que se extendiera el tiempo de la denomina “vía rápida” hasta un año; Lo cual generó un considerable retraso para avanzar en el camino de la paz de Colombia.
Ese tiempo especial para aprobar los proyectos de ley en un lapso menor al habitual, vence el 30 de noviembre del 2017 y tanto los Senadores como los miembros de la Cámara de Representantes deben debatir un total de 9 proyectos de ley antes de finalizar este periodo si se quiere aprovechar el beneficio. Entre esos proyectos se encuentra la Ley Estatutaria de la Jurisdicción especial para la paz (JEP), la cual contiene 162 artículos concebidos con la finalidad de reglamentar las sentencias que van a dictaminar los magistrados que integran los tribunales transitorios de paz.
La Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz es considerada por algunos especialistas en el tema como uno de los puntos más importantes para avanzar en el periodo que se ha denominado posconflicto; pues de esta ley depende la respuesta judicial que el Estado colombiano y las FARC le darán a las víctimas del conflicto armado
Según un análisis que recientemente público el instituto Kroc de Estudios Internacional de la Paz 3.491 exguerrilleros y 1.714 miembros de la fuerza pública pretenden someterse a la JEP, y aunque ya se encuentra designados los 51 cargos que integran los tribunales especiales y las mesas directivas aún no se ha podido realizar el primer litigio porque aún no está aprobada la Ley Estatutaria.
Los debates en el Senado y en la Cámara para aprobar la JEP se están realizando desde el primero de agosto, pero fue hasta la primera semana de octubre cuando el Senado aprobó la primera discusión y la ley paso a la Cámara de Representantes. La falta de cuórum y los impedimentos de los legisladores por estar vinculados con algún caso del conflicto armado han atrasado considerablemente la aprobación de los artículos.
DE LA CLANDESTINIDAD A LA VIDA PÚBLICA
Dentro de los acuerdos que se suscribieron en La Habana, está la posibilidad que los miembros de las FARC puedan ejercer cargos públicos de elección popular dado a que no están inhabilitados. En realidad, hasta el momento no está muy claro el panorama político de la FARC.
El pasado 1 de septiembre durante un acto público en la plaza de Bolívar de Bogotá, los miembros de las FARC presentaron su partido político y pasaron de ser un grupo guerrillero a convertirse en una opción política identificada como la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), usando las mismas letras iniciales que el antiguo grupo armado.
Esta decisión fue critica por algunos colombianos que, al igual que el presidente Santos, calificaron el hecho como un “error” puesto que según el Primer Mandatario “las FARC ya están muertas”.
Pese a que el mencionado grupo hizo la presentación del partido en el mes de septiembre, fue hasta el 31 de octubre cuando el Consejo Nacional Electoral colombiano anunció que aprobó en sección interna entregarle la personería jurídica a las FARC, lo cual significa que son reconocidos ya como un partido político con capacidad de proponer candidatos al Senado de la República, a la Cámara de Representantes y hasta para la Presidencia del año 2018.
Luego del anuncio realizado por el CNE, Los miembros del partido la FARC presentaron sus candidatos, comentaron que Iván Márquez encabezará la lista para el Senado, al igual Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada. Entre los candidatos para la Cámara menor están Marco Calarcá y Jesús Santrich; y aunque meses atrás informaron que no tendrían candidato presidencial anunciaron a Rodrigo Londoño Echeverri como la opción electoral del partido a este cargo.
NO HAY CLARIDAD EN EL CAMPO ELECTORAL
Aunque el CNE aprobó entregarle la legalidad electoral al partido la FARC y los miembros de este presentaron sus candidatos a las alecciones del año 2018, no está claro cual será el siguiente paso. Ciertamente los miembros del nuevo partido no están inhabilitados para ejercer política en Colombia, pero también es cierto que en el pacto de paz se establece que los desmovilizados debe acudir primero a la justicia especial y superado este requisito, pueden participar en eventos electorales como candidatos.
Esta situación generó muchas opiniones, por lo trascendental del tema. El secretario adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, invitó a los senadores a aprobar las normas de la Ley Estatutaria. Por su parte, el ministro del interior Guillermo Rivera envió una carta a los presidentes de las dos cámaras para proponerles aumentar el número de secciones durante todo el mes de noviembre para agilizar los trámites.
Por su parte, alias “Timochenko” también se pronunció respecto a la actuación de los congresistas en la discusión del proyecto. Aseguró que existe muy poco interés por aprobar este compendio de leyes. Además, manifestó su inconformidad porque considera que la Jurisdicción Espacial de Paz es excluyente debido a que no toman en cuenta a los miembros de la Fuerza Pública que también son parte del conflicto armado; motivo por el cual envió una carta a la fiscal de la Corte Penal Internacional(CPI), Fatou Bensouda, haciendo referencia al fallo de la corte constitucional.
“La Corte Constitucional colombiana, pese a declarar ajustado a la Constitución el conjunto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, declara simultáneamente inconstitucionales varias disposiciones del capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz, creando una serie de situaciones realmente preocupantes” deja claro en la misiva.
En respuesta a esto el presidente Juan Manuel Santos invitó a una reunión al candidato presidencial por el partido la FARC Rodrigo Londoño Echeverri. La reunión se efectuó en el Ministerio de Interior.
CELEBRACIÓN DE UN AÑO DE PAZ
Organizaciones no gubernamentales decidieron celebrar un año de la firma del acuerdo, con un evento de integración en el teatro Colón. A la actividad asistieron el presidente de la republica Juan Manuel Santos; el candidato presidencial Rodrigo Londoño; el ministro del interior Guillermo Rivera; el candidato a la Cámara Iván Márquez; el padre Francisco Roux, presidente de la Comisión de la Verdad; la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz Patricia Linares, entre otros.
El presidente Santos fue el encargado comenzar el evento con un discurso breve en el que reconoció que se han cometido errores durante este primer año de la firma del acuerdo; pero que él y su equipo de trabajo tienen las mejores intenciones de seguir adelante con lo acordado. Además, aseguro que está trabajando en tres ejes fundamentales: seguridad, oportunidad y reconciliación.
“La paz debe traer más seguridad y tranquilidad a todos los colombianos. Lo que más nos preocupa son los 111 asesinatos documentados entre 2016 y 2017 de líderes sociales. Cada atentado nos duele y nos impone la tarea de incrementar los esfuerzos”, además, indico “Hemos erradicado 46 mil hectáreas de hoja de coca durante este tiempo y seguimos avanzando en esta materia”, agregó.
Por su parte, el presidente del partido político FARC, Rodrigo Londoño, realizó duras críticas al Gobierno Nacional, al Congreso de la Republica, a la Corte constitucional y a la Fiscalía. pues considera que estas instituciones tan “desvirtuando” lo que se suscribió hace un año. “aunque el acuerdo de paz colombiano es referencia en el mundo por sus características únicas las autoridades nacionales esta empeñadas en hacerlo trizas” afirmo Londoño durante el evento realizado en el teatro Colón.
Para finalizar su discurso Londoño Echeverri se refirió directamente a la Corte Constitucional y a la Fiscalia, “aunque al principio, la corte se mostró a favor del tratado de paz mediante la ley que blinda por 12 años los acuerdos, en los últimos días se mostró en contra de los exguerrilleros, además en un país de históricos montajes judiciales y policiales, el fiscal Néstor Humberto Martínez pretende que el guerrillero raso pierda todos sus beneficios si es juzgado por la JEP y resulta culpable”.
LOS AVANCES SON UNA REALIDAD
Dentro de los logros alcanzados en este primer año que cumple el posconflicto colombiano, se encuentra el ingreso de 7000 exguerrilleros a las zonas de reinserción, la entrega de 7200 armas de acompañamiento y otras 8994 que se sustrajeron de los depósitos que pertenecían a los desmovilizados, arsenal que luego de su destrucción generó un total de 69.039 kilogramos de materia reciclable que le fue entregado al gobierno de Colombia por las Naciones Unidas.
También el ministro de interior Guillermo Rivera comento que durante este año el gobierno nacional logro la reincorporación social y económica de la mayoría de los miembros de las FARC, comentó que 11.455 poseen ya una cuenta de ahorros donde el Estado consigna 90% del salario mínimo durante dos años y 3.840 están afiliados a planes de pensiones.
También el Ministerio de Educación sumo esfuerzos durante este año para afianzar la paz, pues realizo programas de alfabetización en las zonas de reincorporación, además 47 personas ya se encuentran trabajando gracias al Ministerio del Trabajo y otras 5.200 personas se les está impartiendo cursos de economía y emprendimiento.
Contrario a esto Jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault comento que solo en 10 de los 26 centros de reincorporación que existen para la reinserción, se están desarrollando planes educativos, “esto es posible no por las labores del gobierno sino por los nexos que se han creado entre algunos desmovilizados y estudiantes universitarios” aseguro Arnault.
En cuanto a las leyes ya aprobada se encuentra la creación de 16 circunscripciones transitorias de paz, para la Cámara de Representantes, medida que tiene la finalidad de integrar a las víctimas del conflicto armado como un representante más en las discusiones de la cámara menor para que tenga la posibilidad de proponer directamente sus necesidades. Esta ley es de carácter transitorio solo estará vigente en los dos siguientes periodos legislativos (2018-2022 y 2022-2026). Los representantes de la Cámara aclararon que solo las víctimas acreditadas por las Naciones Unidas podrán optar por los curules.
Por otro lado, también fue aprobada la Ley de Amnistía para beneficias a los miembros de las FARC, que se encuentran privados de liberta, sin embargo según un comunicado de las FARC existían 3400 de detenidos en las cárceles de la Nación y aún quedan 1000 personas internas en los centros de reclusión, situación que los desmovilizados calificaron como un “incumplimiento de lo acordado. Esta situación los impulso a realizar una huelga de hambre que protagonizaron 1787 exguerrilleros durante el pasado mes de junio. Por su parte el presidente Santos aseguro que la responsabilidad de liberar a los reclusos es de cada juez y no del gobierno colombiano.
Según el Centro de Recursos para el Análisis de conflicto “el proceso de paz evito la muerte de 2.796 personas en 10 meses, desde el 29 de agosto del 2016 hasta el 27 de junio del 2017”, sin embargo, en una investigación de la ONG somos Defensa, se establece que los crímenes contra los líderes sociales aumento en 30% durante este año en relación al 2016, siendo la comunidad de Tumaco la más afectada por el flagelo de la guerra.
También durante el posconflicto el gobierno de Juan Manuel Santos ha realizado eventos de carácter internacional, los cuales se convierte en la mejor promoción para este periodo de paz que comienza a vivir Colombia, entre los eventos organizados en la nación se encuentra, la Cumbre de los Premios Nobel de Paz, el encuentro mundial de joven “ONE YOUNG WORLD” , y por supuesto la vista apostólica del Papa Francisco la cual fue dedicada a propiciar la reconciliación y el perdón entre los colombianos en medio de los escenarios más difíciles pues el máximo representante de la iglesia católica, visito en Cartagena algunas de las comunidades más carente de recursos y compartió en Villavicencio con las víctimas y victimarios de la guerra.
EL TIEMPO PASA Y LA DISIDENCIA AUMENTA
Según el Ministerio de la Defensa de los 7.000 hombres y mujeres que ingresaron a las zonas de reintegración, el 6% regreso a la clandestinidad para continuar delinquiendo, esto se debe a los incumplimientos por parte de los líderes que firmaron el acuerdo. Esta cifra no preocupa al Gobierno nacional puesto que se esperaba que un reducido grupo de guerrilleros no continuaran en el camino de la paz. Sin embargo, algunas organizaciones aseguran que la cantidad de disidentes es el doble de lo esperado.
El 21 de noviembre de este año el Jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, se refirió al tema de la disidencia, asegurando que, solo hay un 45% de los excombatientes en las zonas de reincorporación y que todavía no existe un plan real para que los exguerrilleros regresen al camino de la paz, agregó “se debe tener en cuenta que para mayo de este año eran 8.000 los guerrilleros que se encontraban en las zonas veredales, y en el presente hay menos de 5.000”, además aseguró que existen muchas razones para querer salir de estos lugares pero la primera es que los desmovilizados perdieron la confianza en el Gobierno Nacional.
En respuesta a lo expuesto por el representante de la ONU en Colombia, el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera comento “Estamos sorprendidos con las declaraciones del señor Arnault. Para plantear la clase de reservas que él propone existen los canales diplomáticos y veo que no fueron suficientes. Sin embargo, le aclaro que esto siembra la sensación de que hay una especie de diáspora de excombatientes de las FARC en los Espacios Territoriales. La ONU sabe que desde el 15 de agosto los miembros de las FARC tienen derecho a salir de esas zonas”.
A Colombia aún le falta mucho camino por recorrer en el camino de la paz, todavía se ve lejano y ajeno para sus nacionales, un escenario donde la violencia no esté presente en los titulares de la prensa o en las conversaciones cotidianas en un café, pero lo importante es que ya dieron el primer paso como lo dijo el papa Francisco en si visita al país, solo resta esperar que el tiempo haga su trabajo y confiar en que se puede venir de la guerra, pero se pude vivir en paz.
Sin duda alguna la paz en Colombia no solo está sujeta a lo plasmado en las 297 páginas que suscribieron el presidente Santos y Rodrigo Londoño durante la tarde del 24 de noviembre del 2016 en el teatro Colón, realmente la paz en ese país depende de la conciencia de cada colombiano, que son los verdaderos protagonistas de esta historia de desolación, tristeza e incertidumbre. Fueron 52 años que duro una guerra que solo trajo sufrimientos al país, y e hicieron falta escasos cuatro años para que cada uno de los altos dirigentes del conflicto cedieran terreno y en apenas un año se vieron las diferencias entre vivir en la tan despiadada guerra y, vivir en la tan anhelada paz.
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