La CNDDHH alude a dos medidas tomadas entre el 17 y el 19 de agosto por el gobierno peruano que restringen la entrada y permanencia de migrantes venezolanos en el país latinoamericano.
La primera es la decisión del Mininter de exigir a partir del 25 de agosto, la presentación del pasaporte como documento indispensable para el ingreso de ciudadanos de Venezuela a territorio peruano.
Hasta antes de esa fecha, los migrantes venezolanos ingresaban con su cédula de identidad, tal como lo han venido haciendo desde que se inició el fenómeno migratorio.
La segunda medida es la decisión del Mininter, tomada el 19 de agosto, de reducir en 2 meses el plazo para que los ciudadanos venezolanos puedan acceder al Permiso Temporal de Permanencia (PTP), cuya fecha límite para su adquisición será el 31 de octubre.
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El PTP es un documento emitido por Migraciones de Perú que le permite al ciudadano venezolano regularizar su situación legal en el país, así como ejercer actividades laborales remuneradas y acceder a servicios de educación y salud.
El PTP, creado a raíz de la migración venezolana, iba a estar disponible para los migrantes hasta el 31 de diciembre de este año; ese plazo se ha reducido ahora en 2 meses.
Según denuncia la CNDDHH, las medidas "hacen caso omiso a la Resolución 2/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de marzo de 2018, "Migración forzada de personas venezolanas", que exhortó a los Estados a no criminalizar la migración de personas venezolanas y a abstenerse de adoptar medidas como la exigencia de presentar un pasaporte para obtener ayuda y protección internacional".
La CNDDHH expresó su preocupación porque sea la Cancillería de Perú la que lidere el pedido reciente de investigar a gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional y, al mismo tiempo, estar tomando medidas en contra de los ciudadanos de ese país que huyen de una crisis humanitaria.
El Mininter, por su parte, ha manifestado que las medidas no se sustentan en motivos xenofóbicos ni son sanciones, sino que buscan tener un mayor control sobre el fenómeno migratorio de ciudadanos venezolanos.
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