La mayoría del Parlamento rechaza el acuerdo, que contempla el regreso del oficialista PSUV a la Asamblea Nacional
Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza, ministro de Comunicación y canciller de Venezuela. En vídeo, las declaraciones de Rodríguez y Juan Guaidó sobre el acuerdo ALONSO MOLEIRO / EL PAIS |
Horas después de que Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, jefe del Parlamento y presidente interino reconocido por más de 50 países, diera por rotos los contactos que desde hace unos meses mantienen enviados de Nicolás Maduro con el resto de partidos del país en la isla de Barbados, el chavismo respondió este lunes anunciando un acuerdo con un sector minoritario de la oposición venezolana.
Mientras se agota el camino auspiciado por Noruega, algunos líderes oficialistas encabezados por Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, organizaron en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería en Caracas, un acto para presentar un pacto político paralelo con representantes de la denominada Concertación por el Cambio. Se trata de la pequeña plataforma de partidos que agrupa a los opositores más moderados. Ahí estuvieron presentes, en una convocatoria retransmitida por televisión, Felipe Mujica, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano y Luis Romero.
Los dirigentes chavistas anunciaron el regreso de la bancada minoritaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Asamblea Nacional, ya que uno de sus objetivos consiste en organizar a corto plazo elecciones legislativas. Afirmaron, además, haber acordado la conformación de los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), el rechazo a las sanciones estadounidenses, la liberación de algunos prisioneros y el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente del chavismo. También se habló de instrumentar el programa Petróleo por Alimentos, un mecanismo de asistencia humanitaria que fue desarrollado para paliar los estragos de la guerra en Irak, propuesto por el economista Francisco Rodríguez.
Aunque se trata de un grupo muy minoritario, el paso dado por estos dirigentes ha caído muy mal en el mundo político y la sociedad civil venezolana y ha sido interpretado por periodistas, analistas, políticos y activistas como una artera puñalada a los esfuerzos adelantados por Guaidó por concretar el fin de la usurpación y la transición a la democracia en el país.
Hace pocas semanas, Maduro había anunciado que su delegación se retiraba de las negociaciones de Barbados, acusando a Guaidó de organizar un complot para entregar la Guayana Esequiba, territorio guyanés reclamado por Venezuela hace décadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congeló de todos los activos del Gobierno venezolano en ese país hace días y el eventual endurecimiento de su postura ante Maduro para la última parte del año.
El propio Guaidó, al dar por rotos los contactos, hizo un llamamiento a la población a preparase para redoblar la presión popular en las calles, ahora que se aproxima el fin de las vacaciones escolares y laborales, y ha solicitado una dosis especial de compromiso y desprendimiento “ante la difícil y crucial etapa que se aproxima”. La medida, que no ha sorprendido a nadie, se materializa luego de un prolongado período de dilaciones de parte de Nicolás Maduro y sus operadores políticos. Renuentes en todo momento a pactar una nueva cita electoral presidencial, —que ha sido universalmente cuestionada por sus irregularidades—, o un acuerdo electoral que le devuelva sus atribuciones naturales a la Asamblea Nacional, hoy en manos de la oposición, el Gobierno de Maduro ha declarado en varias ocasiones que, ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea, “le van a imponer acuerdos o condiciones a Venezuela”.
La decisión fue dada a conocer en una carta pública en la cual se afirma que “el régimen dictatorial de Nicolás Maduro abandonó el proceso de negociación con excusas falaces: tras más de 40 días en los que se han negado a continuar en el mismo, confirmamos que el mecanismo de Barbados se agotó".
Esta medida sido acompañada de otros pasos en el terreno diplomático: entre otras, la aprobación, en la Organización de Estados Americanos (OEA), del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que abre el compás para nuevas sanciones políticas y diplomáticas en contra de Maduro, y que coloca, al menos en terreno teórico, la posibilidad de ejecutar decisión militar en contra de Maduro.
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