Por ALFREDO MICHELENA
Al finalizar la reunión del Grupo de Lima, realizada en Ottawa (Gatineau), el canciller canadiense, François-Philippe Champagne, en rueda de prensa declaraba que la crisis humanitaria y ecológica que sufre Venezuela es “de proporciones históricas”.
Ya es lugar común que a la tragedia humanitaria que sufre Venezuela se le agregue también el cataclismo ecológico que se viene dando en lo que el régimen venezolano ha definido como el “Arco Minero del Orinoco”. Esta es una zona que, por decreto presidencial, abarca parte los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, con 111.843,70 km² de superficie, es decir tres veces más que el estado de Maryland en los EE.UU., semejante al de Virginia y equivalente al 12 % del territorio venezolano.
Pero, más allá de ser uno de los desastres ecológicos más graves de la región, allí está la violencia y la violación de los derechos humanos que se desarrolla en esa zona. El Arco Minero se ha convertido en una especie de “tierra de nadie” donde pululan grupos armados que se disputan el control del territorio y en especial de las minas de oro y otros materiales preciosos que se explotan “con convivencia estatal “, como lo señala la ONG Provea. Entre ellos los guerrilleros colombianos del ELN y las FARC, los llamados sindicatos, los ‘pranes’ y facciones corruptas del Ejército.
Asesinatos en masa, como los sucedidos en mayo de 2018 por el ELN o el de Tumeremo perpetrado por pandillas en 2016, revelan la violencia que se ha instalado en la zona. Un informe reciente de Human Rights Watch, muestra toda esa violencia, al relatar como estos grupos “ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robos y otros delitos. En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas”.
El oro es exportado en forma ilegal mayormente hacia Aruba y Curazao, islas pertenecientes al reino de los Países Bajos (Holanda), donde se le blanquea. Se calcula que cerca de 160 toneladas de oro venezolano se movieron a través de estas islas desde 2014. También se han capturado contrabandos de oro venezolano en Miami y otras partes del mundo. Y se sabe que también el oro y los otros metales se cuelan hacia Colombia y Guyana, tanto que recientemente el actual primer ministro guyanés ha señalado que los “sindicatos” venezolanos ya están operando en el Esequibo.
A través de un entramado criminal global que articula al Estado venezolano con diferentes actores delincuenciales al nivel nacional, regional y mundial, estos metales llegan a todas partes del mundo, desde una refinería en Uganda, hasta el Medio Oriente y Turquía para finalmente alcanzar Europa y EE.UU.
Sin embargo, el régimen de Maduro hace muy poco para controlar este tráfico irregular, pues este oro es una de sus principales fuentes de financiamiento y sostén. Esto ha sido descrito en muchos estudios e informes. Tanto que EE.UU. en 2018 sancionó esta actividad.
En este negocio están inmersos los militares venezolanos. Formalmente, en 2016, Maduro crea la Compañía Anónima Militar para las Industrias Mineras, petrolíferas y de Gas (Camimpeg) con la cual entrega a los militares una parte substantiva de la explotación minera. Ya PDVSA está en manos de los militares.
Siendo los militares la base fundamental de sustentación del régimen, la entrega de la explotación y manejo poco transparente del petróleo, el oro y otros metales preciosos a esta corporación altamente corrupta y penetrada por el narcotráfico y el delito, es la concreción de la compra de lealtades por parte del régimen.
En lo informal se conoce que es directamente Maduro y su entorno los que están manejando estos asuntos, tanto que el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó al hijo de Maduro por “sacar provecho de las minas venezolanas junto con Maduro y su esposa, Cilia Flores”.
En una reciente entrevista que se le hiciera a la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, muy cercana al chavismo, relataba que el gobernador del Estado Vargas, el general García Carneiro, al responder a su pregunta sobre cómo hacía para construir un estadio de base-ball tan fastuoso en su estado, le contestó que a cada uno de ellos se le había dado una mina, como fuente de financiamiento. La senadora parece que no se atrevió a preguntarle cómo manejaba ese dinero y menos por qué ese dinero no lo utilizaba para palear la tragedia humanitaria que vive Venezuela.
Lo cierto es que ese “oro de sangre”, ese oro de contaminación ambiental, ese oro ilícito, compra lealtades y sostiene al pranato madurista que está hundiendo al país, mientras una pequeña cúpula, al igual que la nomenclatura soviética o cubana y especialmente el generalato, viven bien y sus mujeres, queridas e hijos, disfrutan de las sangrientas mieles del poder en Venezuela y en el mundo.
Combatir estos ilícitos policialmente al nivel internacional e impedir el disfrute de lo robado en el exterior, es una manera de combatir y debilitar al régimen.
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