De los dineros opacos del rey se habla desde junio, cuando el partido Podemos, que pertenece a la coalición de gobierno, pidió al Congreso investigarlo, propuesta rechazada por el legislativo. El tema volvió a tomar vuelo esta semana cuando los medios comenzaron a publicar nuevos datos de las presuntas irregularidades de Juan Carlos I.
Por cuenta de ese caso el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, propuso el jueves poner límites a la inviolabilidad como jefe de Estado de la que goza el exmonarca, figura que se traduce en que no puede ser investigado por los sucesos que ocurrieron en su gestión, que en el caso del Juan Carlos I fue de 40 años.
En voz de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, Sánchez “señala lo evidente: crece en la sociedad un debate sobre la utilidad de la monarquía”. Los escándalos sobre el rey emérito comienzan a salpicar al monarca actual, su hijo Felipe VI, pero este cuenta con el respaldo de colectividades políticas como Podemos, el Partido Popular, Ciudadanos y el mismo gobierno, que están cerrando filas entorno a él.
Justamente, esto es parte del debate: la élite española salió en defensa de Felipe VI, mas no de su padre, quien guarda silencio sobre este caso. Investigarlo abriría una brecha constitucional y en la misma concepción del Estado, cuya forma de gobierno es monarquía parlamentaria.
¿Contra la carta magna?
María Pinto, consultora política de la firma Red Linez, indica que para retirarle la inmunidad debe hacerse una modificación a la Constitución que necesita respaldo de todos los grupos parlamentarios, un camino difícil considerando las fracturas del legislativo que, con dificultad, aceptó la coalición del presidente Sánchez.
Además, explica Alejandro Contreras, candidato a doctor de la U. Santiago de Compostela, este asunto abre la discusión de que, si se reforma la norma para acabar con la inviolabilidad, “no tendría sentido la figura de monarquía constitucional que tiene el país”, por lo que abre camino a necesitar otra Constitución.
Manuel Lucena, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sentencia que en España “no hay ningún debate sobre el rey emérito”, esbozando que con este escándalo lo que pretende el gobierno, a su juicio, es tapar el ‘caso Dina’, un proceso judicial que afecta al vicepresidente Iglesias.
Entre tanto, Felipe VI dio un paso al costado de su padre, cuando en marzo renunció a heredar su fortuna. Avanzar en el casos contra Juan Carlos I dependerá, así, de dos factores: la posición que tome el monarca actual y el respaldo del Congreso a investigarlo.
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