- Con sus luces y sombras, el difunto líder de Acción Democrática marcó una forma de hacer política en Venezuela que se mantiene incluso en la actualidad. Igualmente, su destitución en 1993 constituyó un momento crítico en la historia nacional del que surgen múltiples lecturas. Mirtha Rivero, autora de La rebelión de los náufragos, conversó con El Diario sobre las implicaciones que tuvo la destitución de Pérez para la ya entonces frágil institucionalidad democrática
arlos Andrés Pérez es un personaje polarizante y lleno de contrastes. Fue el presidente de Venezuela en dos oportunidades, y cada uno de sus gobiernos marcó momentos históricos diametralmente opuestos para el país. El primero, de 1974 a 1979, estrenó el período conocido como la Venezuela Saudita, donde la nacionalización de la industria petrolera abrió el grifo de una bonanza sin precedentes. En el segundo, que inició en 1989, recibió un país convulsionado por una crisis económica que devino en política, y un declive institucional que lo llevó a su prematura salida del poder en 1993.
Este 27 de octubre se cumplen 100 años del nacimiento de Pérez, aunque no se esperan grandes honores por parte del Estado venezolano. No por falta de méritos, sino porque para el régimen de Nicolás Maduro, CAP representa la génesis del chavismo desde su narrativa oficial, concebida entre El Caracazo y las insurrecciones militares de 1992. También la encarnación de todos los males de la denominada Cuarta República y el gran antagonista en el mito revolucionario del ascenso de Hugo Chávez. Una versión parcializada de la historia que incluso ha sido asimilada por algunos sectores opositores al momento de buscar chivos expiatorios en la deriva de la democracia venezolana.
Sus presidencias, quizás más que ninguna otra en la historia contemporánea de Venezuela, resultan clave para comprender la actualidad. Esto llevó a la periodista y escritora Mirtha Rivero a publicar en el año 2010 su libro La rebelión de los náufragos. Allí reconstruye las últimas horas en el poder de CAP, y hace todo un estudio de las razones que llevaron a su destitución tras un juicio político lleno de irregularidades.
En entrevista para El Diario, Rivero expone algunas de las conclusiones a las que llegó tras años de investigaciones para su libro. La falta de tacto para medir la realidad socioeconómica del país, el desgaste del modelo político y conspiraciones provenientes de diferentes sectores fueron algunos de los puntos que marcaron la caída del antiguo líder de Acción Democrática (AD), cuya figura apenas hoy comienza a ser reivindicada en el imaginario popular.
Auge y caída
Durante su primer mandato, si bien enfrentó investigaciones en el Congreso por el caso del buque Sierra Nevada, Carlos Andrés Pérez había logrado quedar en la memoria de los venezolanos como un buen presidente. Con un crecimiento económico producto de la renta petrolera y políticas de bienestar social como la implementación del salario mínimo y el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, tenía todo para salir por la puerta grande de la historia.
Sin embargo, aquellos ingresos producto del petróleo, entre otros factores, fueron también el detonante de un proceso de fuga de capitales. También del aumento no solo del gasto público, sino también de la desigualdad. Todo aupado por una corrupción sistemática y malos manejos por parte de los gobiernos posteriores. Así, cuando presentó su postulación a la presidencia nuevamente en 1988, su historial lo respaldaba como la opción perfecta para recuperar a Venezuela de todas las crisis desatadas tras el Viernes Negro de 1983.
Luego de arrasar en las elecciones con casi 4 millones de votos (un récord que solo sería superado por Chávez en 2006), Pérez tomó posesión del cargo el 2 de febrero de 1989 en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño. Por los protocolos y la lista de invitados, el acto pareció más una coronación que una juramentación. Algo contrastante con el ambiente de austeridad que reinaba en el país.
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A diferencia de su primer gobierno, que estuvo marcado por el populismo y el derroche, en esta oportunidad Pérez buscó combatir la recesión con un programa económico de corte liberal, conocido como el Gran Viraje. Este contaba con asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI) y para su ejecución, el presidente armó un gabinete tecnocrático con varios prospectos del mundo financiero como Moíses Naím, Miguel Antonio Rodríguez y, posteriormente, Ricardo Haussmann.
Pero el segundo gobierno de CAP empezó con el pie izquierdo. Apenas 25 días después de asumir la presidencia, explotó uno de los episodios más oscuros de la historia democrática de Venezuela. El descontento popular acumulado por las gestiones pasadas rebazó su límite con el anuncio de la subida del precio de la gasolina y el transporte público. Entre el 27 y 28 de febrero de 1989 ocurrió el estallido social conocido como El Caracazo, con saqueos en varias ciudades y más de 276 muertos de acuerdo con cifras oficiales (extraoficialmente se cuentan más de 3.000).
También tuvo que lidiar con dos intentos de golpe de Estado. El primero, orquestado por Chávez el 4 de febrero de 1992. El segundo, por oficiales de la Armada y la Aviación el 27 de noviembre de ese año.
Al final, no fueron las balas las que sacaron al mandatario del poder, aunque sí hicieron mella. Con la inestabilidad producto de las insurrecciones y la pérdida del apoyo de Acción Democrática, el marzo de 1993, el fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, introdujo una solicitud de antejuicio de mérito contra Pérez por supuesta malversación de fondos. Este fue declarado procedente por la entonces Corte Suprema de Justicia, lo cual dio luz verde al Senado para separarlo del cargo el 21 de mayo de 1993. Finalmente, el 31 de agosto se aprobó su destitución definitiva, faltando apenas cinco meses para terminar su periodo.
Punto de inflexión
Mirtha Rivero aclara desde el principio que no es politóloga ni historiadora. Sin embargo, su olfato periodístico le llevó en 2004 a recopilar información para La rebelión de los náufragos, sumergiéndose en un océano de fuentes documentales y voces de las personas que atestiguaron en primera fila la caída de CAP. Por eso, al repasar todos los acontecimientos que llevaron a la destitución, afirma con propiedad que hubo toda una trama gestada desde las sombras para sacarlo del juego.
“Recuerdo clarito que luego de organizar todas las entrevistas sentí un mal sabor. Al meterme después con los detalles del antejuicio, me di cuenta de que hubo una manipulación, un ensañamiento. Actores que, sin saber, o queriendo, descabezaron al Estado. Cuando leí la ponencia (de la Corte Suprema) sentí un golpe en el estómago y dije ‘¿por qué hicieron esto?’”, evoca.
Aunque no cree que esto significó directamente el fin de la era democrática, sí considera que fue el preludio de la decadencia política e institucional que caracterizó a Venezuela a finales de la década de los años noventa. “El país comenzó a desbaratarse, había algo que estaba descosiéndose. Cuando se cumplen todos los pasos para llegar a un proceso tan grave (el antejuicio), es porque hay una causa. Pero el problema es que usaron todas esas herramientas institucionales para desarmar la democracia”, señala.
Proceso viciado
Durante su investigación para el libro, Rivero conversó con antiguos ministros y allegados del gabinete de Pérez, así como dirigentes de AD y Copei. Incluso con personas que en su momento participaron en el proceso de destitución. En su reconstrucción de los hechos, asegura que notó múltiples irregularidades que evidencian un procedimiento viciado. Algo casi como otro golpe de Estado, esta vez disfrazado de impeachment.
Por ejemplo, menciona que la causa abierta por el fiscal Escovar Salom se fundamentó en denuncias hechas casi en simultáneo por varios columnistas en la prensa venezolana. En noviembre de 1992 José Vicente Rangel denunció en su columna de El Universal una supuesta trama de corrupción del gobierno. Rangel revelaba la existencia de una presunta partida secreta de más de 250 millones de bolívares (17 millones de dólares de la época) por parte la de Oficina del Régimen de Cambio Diferencial (Recadi) y que involucraba directamente al presidente. Más adelante se descubriría que se trataba de un cheque emitido por Pérez para apoyar la candidatura de Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua.
Ciertamente, lo normal en cualquier democracia con separación de poderes era comenzar una investigación judicial del caso. Sin embargo, Rivero aclara que las ponencias de los magistrados de la Corte Suprema evidenciaron vacíos legales que fueron ignorados. “Cuando la sentencia te dice que los cheques fueron anulados y no lo tomaron en cuenta, no solo están ignorándolo, sino que están tergiversando la realidad”, agrega.
La Corte declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente el 20 de mayo de 1992. Rivero cuenta que Pérez aceptó separarse del cargo, confiado de que no sería aprobado por el Congreso. Se equivocaba. Tan solo un día después, el 21 de mayo, el Senado votó a favor de iniciar el juicio, obligándolo a dejar el poder. Si bien en su momento importantes intelectuales como Manuel Caballero consideraron el hecho como una demostración de la solidez institucional del país, para la autora, más bien demostró el tinte político con el que actuó la comisión investigadora del Parlamento.
No se pusieron a leer el contexto ni leyeron siquiera lo que decía la sentencia. Utilizaron mal los mecanismos de la democracia y cuando abres ese disquette no hay vuelta atrás, se va erosionando todo. A partir de allí la Corte Suprema comenzó a hablar sobre temas como la supraconstitucionalidad, y se comenzó a torcer el rumbo de las cosas”, asevera.- El segundo gobierno de CAP ha pasado por un fuerte revisionismo histórico con el paso del tiempo. Desde la narrativa oficial del chavismo, se sataniza como un régimen neoliberal y responsable de los crímenes de lesa humanidad de El Caracazo. Otras visiones surgen de proyectos como el documental CAP 2 intentos (2016), dirigido por Carlos Oteyza. Allí, se examinan varios aspectos de gobierno, tanto buenos como malos. Por ejemplo, se argumenta que el estallido no fue directamente contra las medidas económicas, sino contra la situación estructural de pobreza que atravesaban las clases populares. Esto sin negar el impacto posterior que tuvo el Gran Viraje ni las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante esos días.
En La rebelión de los náufragos, Carolina Pérez Rodríguez, hija de Carlos Andrés Pérez y encargada de los programas sociales durante su gobierno, coincide en que las secuelas del Viernes Negro ya estaban en vías de ser superadas al momento del juicio político. Incluso se aventura a especular que su padre habría impedido la quiebra del Banco Latino y la crisis bancaria de 1994 de haber terminado su mandato. Al respecto, Rivero aclara que no cree en los “que hubiera pasado si”. Lo que sí puede hacer, es opinar sobre por qué una reforma económica tan ambiciosa no logró ser comprendida por la ciudadanía en su momento.
“Su equipo estaba formado por jóvenes brillantes, pero no tenían experiencia en política. No tenían preparación para comunicar al país lo que estaban haciendo ni lograr los acuerdos políticos necesarios. El propio CAP no acababa de entender por completo lo que estaba proponiendo. Se puede decir que fue el único dirigente que impulsó un cambio de esa magnitud, pero lo hace empujado, sin estar del todo convencido”, dice.
Los náufragos
“Quien hubiera estado en el poder en 1992, fuera Carlos Andrés o cualquier otro, hubiera recibido igual el golpe, porque eso ya estaba en el programa del Samán de Güere”, asegura Rivero. Efectivamente, historiadores han demostrado que los planes de Chávez y el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) estaban en marcha desde 1982, incluso antes del Viernes Negro.
Pero no todas las conspiraciones vinieron desde el seno militar. Desde su primer gobierno, Pérez acumuló varios rivales y enemigos políticos, algunos dentro de su propio partido. Un ejemplo fue el expresidente Jaime Lusinchi, quien le entregó el mandato en 1989. Con él tenía una pugna por el control interno de Acción Democrática. Por otro lado, estuvo el también expresidente Rafael Caldera, quien desde la acera del partido Copei (aunque luego como independiente) lideró la oposición con la vista puesta en la campaña presidencial de 1993.
También fue importante el papel de los Notables, un grupo de reconocidos intelectuales entre los que destacaron figuras como Arturo Uslar Pietri, María Teresa Castillo, Alfredo Boulton o Tulio Chiossone. A través de sus manifiestos y espacios en los medios de comunicación, alertaron sobre el desgaste del modelo político bipartidista y la fragilidad de la democracia venezolana, pero también sostuvieron una férrea campaña contra el gobierno de Pérez. A este grupo pertenecía José Vicente Rangel. “Él sabía en lo que se estaba metiendo. Eso (el derrocamiento de CAP) fue algo muy bien diseñado”, afirma.
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A pesar de la desmovilización de las guerrillas en los años setenta, varios sectores de la izquierda radical venezolana continuaron con sus planes de desestabilizar el poder político. Aunque no lo lograron con El Caracazo y las insurrecciones de 1992, al final pudieron concretarlo con el apoyo, voluntario o no, de las propias fuerzas políticas que soportaban a CAP. Estos fueron los náufragos que dieron nombre al libro de Rivero, y que provenían de todos los sectores. La periodista señala que muchos de estos náufragos fueron el producto de una clase política que no supo renovarse. Estancados en las formas del pasado y rencillas personales, muchos tenían expectativas de aprovechar el quiebre institucional para sus propios intereses.
“No supieron entender el momento político. Así como no entendieron El Caracazo, tampoco entendieron las consecuencias del juicio político. Fue una trama donde cada quien cuidó su pedacito y pensaron que podrían capitalizar la situación, pero al final todos fueron arrasados”, sentencia.
Antes de los golpes de Estado de 1992, no había un movimiento popular serio que exigiera la renuncia del presidente. Sin embargo, cuando esto ocurrió un año después, cientos de personas salieron a la calle a celebrar como si hubiera caído una tiranía. Entre el ambiente festivo, el rostro del entonces encarcelado teniente coronel Chávez ya se asomaba como un presagio entre consignas y afiches.
“Eso ya estaba allí, no solo por Chávez, sino porque muchos dirigentes y venezolanos ya tenían el chavismo internalizado desde antes. Chávez no vino de Marte, él es producto del país y su historia, de esa necesidad de un salvador que primero tuvieron con CAP. La sociedad que aplaudió la salida de Pérez había votado cuatro años antes por él”, explica Rivero.
El legado
En el prólogo del libro, Alfonso Moleiro considera a Carlos Andrés Pérez como el Richard Nixon venezolano. No obstante, quizás a diferencia del expresidente estadounidense, la historia parece empezar a redimir al tachirense. Rivero cree que la figura de Pérez como un gran demócrata está de vuelta en el debate público. Sobre todo cuando se le compara con el actual régimen de Nicolás Maduro. Igualmente, importantes legados de su gobierno como la descentralización son revalorizados por la ciudadanía. Ahora se ven como retazos de una democracia que no era perfecta, pero era genuina.
“Yo represento una larga historia política”, dijo Pérez en su último discurso como presidente ante el Congreso. Ciertamente, con su ocaso vino también el de toda una era en la historia de Venezuela, y que en su mayor parte estuvo protagonizada por Acción Democrática. Desde la Junta Revolucionaria de 1945 y la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, hasta el Pacto de Puntofijo y la atropellada construcción de la democracia.
En su discurso, el mandatario saliente no dudó en señalar la gran red de náufragos que se había confabulado en su contra. Como una profecía, advirtió que las consecuencias de sus acciones se sentirían en los años siguientes. “Reconozco con inmenso dolor esta realidad y no solo porque yo sea el objetivo de los mayores enconos, a quien se le declara la guerra y se le quiere conducir al patíbulo, sino porque este es un síntoma y un signo de extrema gravedad, de algo que no desaparecerá de la escena política”, apuntó.
Para Rivero, efectivamente la destitución de Pérez marcó el principio del fin. “Naufragamos todos por eso. Yo misma, que no milité nunca en la política, estoy viviendo afuera aunque no quiera. No creo que nadie se haya salvado del naufragio del país”, finaliza.
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Carlos Andrés Pérez murió en Miami, Florida (Estados Unidos), el 25 de diciembre de 2010. No recibió un funeral de Estado como dicta el protocolo, apenas si unas frías condolencias por parte de Chávez, quien ahora ocupaba el poder. Solo por parte de AD recibió los máximos honores cuando sus restos fueron repatriados en 2011. Una reconciliación póstuma con el partido que ahora lo lleva como uno de sus grandes emblemas.
Pero ahora, en el centenario de su nacimiento, vale la pena rescatar la memoria y el legado de Pérez. Sin absoluciones ni satanización, reconociendo su vida y trayectoria en la escala de grises del hombre que definió la forma de hacer política en Venezuela hasta nuestros tiempos.
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