POR Leonardo Vera
Es costumbre que al avecinarse el fin de año nos preguntemos sobre que nos deparará el futuro en materia económica el próximo año. Aquí hay que reconocer de entrada que doce meses no es desde luego tiempo suficiente para vislumbrar grandes trasformaciones, como tampoco lo que nos depara el futuro depende solamente de los nuevos acontecimientos que podamos vislumbrar. Quienes estudian el quehacer de las economías parecen hoy saber que el futuro es también el resultado de un proceso que depende de una secuencia completa de acontecimientos recientes y decisiones tomadas en el pasado. A este proceso se le llama “dependencia de camino”, calco semántico del inglés Path Dependence.
Así que lo que propongo, antes de vislumbrar qué cosas pueden suceder para proyectar la economía de Venezuela en 2024, es hacer una breve caracterización de cuáles son las condiciones iniciales de la economía venezolana.
Venezuela viene de transitar por lo que los economistas hoy conocen como un “desastre” o “catástrofe” económica. Un trabajo reciente del economista croata Bruno Coric (Coric, 2019), usando datos de Maddison Project Database (MPD) y del Penn World Table (PWT), encuentra más de 300 de estos episodios a lo largo del período 1820-2016. Una caída acumulada mayor de 10 puntos en el PIB por habitante es la convención para designar una crisis como catástrofe. Coric (2019) encuentra que la más temible (por profunda) de estas catástrofes se encuentra durante la guerra civil de Liberia (entre 1990 y 1995), cuando el PIB per cápita cayó 86,33%, aunque su panel de datos encuentra que la mayoría exhibe caídas entre 10% y 20% del PIB. La más prolongada de estas catástrofes duró 12 años, sobre un promedio de duración de dos años. La catástrofe venezolana cuya conclusión aún no sabemos con certeza en qué punto del tiempo ubicar, no aparece en este estudio.
Aún con el cerco informativo al que ha sido sometida la sociedad venezolana, las mejores estimaciones indican que la caída acumulada del PIB por habitante puede estar entre 75 y 80 puntos a lo largo de un período de siete años y medio. Durante ese proceso la economía de Venezuela perdió las 4/5 partes de su tamaño, lo que nos apunta al primer aspecto esencial a ser tomado para configurar el cuadro de condiciones iniciales: la escala.
El cuadro se ve mucho más grave si recordamos que entre 2017 y 2021 la economía del país fue además barrida por un proceso de hiperinflación.
El resumen de todo esto (depresión e hiperinflación) es que Venezuela se ha convertido en un país de pobres, con un ingreso per cápita que se ubica entre los más bajos del continente y con una marcada desigualdad, donde el ingreso del grupo más rico es 70 veces el ingreso de la franja más pobre de la sociedad (según nos cuenta el proyecto ENCOVI).
Así que estamos en una economía con un mercado miniaturizado, de muy bajos ingresos, y con una pequeña élite que concentra altos ingresos.
En el camino, los sistemas de protección social (las pensiones, las prestaciones por antigüedad y cesantía, el seguro contra el desempleo, el salario mínimo, y las redes de salud y educación pública) fueron destruidos a lo largo de la crisis, y la red servicios públicos básicos se encuentra seriamente afectada.
El sistema financiero se “enanizó” a tal punto que la cartera total de crédito sólo representa escasamente 1,4 puntos del PIB, cuando el promedio de la región (según datos del Banco Mundial) es de 47,9%.
A las pérdidas de escala, de ingresos, de acceso a los servicios básicos y de capacidad de financiación, se añade la enorme pérdida de recursos humanos, las pérdidas de capital productivo (por obsolescencia y abandono), las perdidas enlaces, vínculos y redes internacionales y la debacle de la industria petrolera.
No menos importante resultan otras pérdidas intangibles como las capacidades institucionales para hacer gestión desde el Estado, así como la ausencia de estado de derecho, de garantías de justicia, libertades civiles, información pública y rendición de cuentas; ausencias que al final configuran este contexto de disfuncionalidad de las instituciones.
Ese es el cuadro de las condiciones iniciales. Un cuadro intervenido por un breve paréntesis de recuperación de seis trimestres, truncado en 2023, que al final no ha cambiado la realidad sustantivamente.
Así que lo que tenemos en nuestras manos es el ejercicio de vislumbrar cual será el comportamiento de una economía consumida por una terrible crisis, pero que lucha y sobrevive con la iniciativa y el esfuerzo individual.
Noticias alentadoras hay. Advertido de su falta de capacidades, el Estado disfuncional ha liberado algunas amarras del sector privado que hoy hace negocios en la economía del “sálvese quien pueda”, en medio (claro está) de una mayúscula incertidumbre política e institucional.
La dolarización de facto ha traído también un respiro a las unidades productivas y comerciales privadas que ahora pueden percibir un flujo de caja más estable y pagar sueldos y salarios con cobertura (en dólares). Las remesas así mismo se vienen convirtiendo en un naciente flujo de entrada de recursos sobre el cual el gobierno aún no echa mano y ayudan a mantener el consumo.
Pero sin lugar a dudas la más esperanzadora de las novedades ha sido el alivio parcial y por ahora temporal de las sanciones sobre el sector de los hidrocarburos.
Así, con todas las debilidades acumuladas antes expuestas, ciertamente subyace en el contexto una economía cuyo sector privado opera con mayores radios de acción, que trabaja en un sistema monetario crecientemente dolarizado, con cierta demanda proveniente de un flujo estable de remesas y con la expectativa de una palanca asociada a la recuperación del sector de los hidrocarburos. Desde esta perspectiva, en principio, es posible que la economía venezolana presente un panorama más atractivo del visto a lo largo de 2023, donde ha predominado el estancamiento.
Desde luego, hay un ciclo político-electoral que tradicionalmente hace que en Venezuela el gasto público se incremente en época de elecciones presidenciales y ahí hemos visto al gobierno de Maduro haciendo esfuerzos por conseguir recursos desde Brasil, China y los BRICS, sin éxito concreto alguno. Inadvertidamente para muchos, el alivio de las sanciones por parte del gobierno de los EE.UU. es la ventana que ha sido abierta, y sobre el potencial que esto supone para la economía en 2024 hablaremos en un instante.
Fotografía de Yuri Cortez | AFP
La mayor certeza que albergamos es que cualquier recuperación que veamos en 2024, provendrá del consumo. El clima de incertidumbre política e institucional, la ausencia de garantías y estado de derecho, la dimensión tan estrecha del mercado y la ausencia de financiamiento, limitan cualquier esfuerzo de inversión privada. Por su parte, la inversión pública, como todos los venezolanos verifican a diario, ha desaparecido. Por el lado del comercio internacional hay por ahí un esfuerzo por exportar “chatarra”, crustáceos y frutas, y otras cosas provenientes del campo, cuyos efectos internos son insignificantes.
Si el consumo es la fuente de la recuperación, entonces será fundamental concebir lo que puede pasar con el ingreso y su poder de compra. La dolarización del ingreso del sector privado seguirá siendo la norma y a decir por sondeos hechos por Conindustria, el salario en dólares de un obrero operador ha seguido mejorando, con un incremento de 17% interanual al tercer trimestre de éste año. La realidad es muy diferente en el sector público, donde priva el pago de salarios en bolívares, con un congelamiento inaudito en toda la escala y donde los beneficiarios respiran por la acción discrecional de unos bonos de supervivencia.
La posibilidad de un ajuste salarial para ganar el favor de los trabajadores y dependientes del sector público estará latente en un año electoral, pero eso no sólo depende de los recursos de los que puede hacerse el gobierno a lo largo del año, sino de la concepción que hasta ahora ha privado para contener la inflación, donde el congelamiento salarial es una pieza vital.
Las remesas, un flujo que va directo al consumo, y que pueden representar hoy día un ingreso anual cercano a los 4.000 millones de dólares, pudieran mantenerse en ese nivel en un contexto donde el crecimiento de la economía global será más moderado (según apunta el FMI). En cualquier caso, la aparición de este flujo ya fue absorbido por la economía, por lo que no vemos allí ningún impulso adicional.
Si la dinámica inflacionaria sigue el patrón hasta ahora percibido; es decir, uno donde el incremento de los precios se atenúa muy gradualmente y se evita un estallido cambiario como el visto a finales de 2022, pudiéramos pensar que el bajón de demanda registrado durante el primer semestre de 2023 no tiene por qué repetirse en 2024. Sin embargo, el mercado cambiario en Venezuela guarda sorpresas y la capacidad que tiene el gobierno para contener la demanda de divisas está seriamente limitada.
Nos queda el asunto de la palanca petrolera y el alivio de las sanciones. Aquí uno encuentra piezas de análisis verdaderamente insólitas. Como si allí no hubiera pasado nada y como si el sector sólo está a la espera de una orden para darle una semivuelta a la válvula y hacer llegar más crudo a los mercados.
La realidad es que el sector petrolero no ha estado inmune a los efectos de la catástrofe. Pozos abandonados, instalaciones sin energía, falta de personal calificado, carencia de recursos financieros para hacer las inversiones de mantenimiento, ausencia de insumos, y un largo etcétera, dejan ver que la producción petrolera venezolana no va a incrementarse significativamente por obra y gracia de dos operadoras, cuyo mayor interés por ahora es un hundir el mínimo capital para cobrarse unos recursos adeudados, sin saber a ciencia cierta cómo evolucionará este asunto de las sanciones en el corto plazo.
Así que, desde nuestra perspectiva, el efecto volumen del alivio de las sanciones será pequeño en 2024, y lo mejor que puede pasar es que la comercialización, como ya algunos expertos han recalcado, ayude a mejorar los precios de venta (sin descuento). En un escenario optimista donde la producción avance con un incremento promedio de 150 barriles/día y donde Venezuela pueda colocar 400 mil barriles adicionales a un precio promedio de realización de 74 dólares el barril, los ingresos adicionales para el sector en un horizonte de 13 meses serían cercanos a los 4.000 millones de dólares. Sobre el gas no hay mucho que decir. Ya los involucrado en el Proyecto de Dragón (una alianza Venezuela-Trinidad y Tobago-Shell) han dicho que en el mejor de casos dará señales de vida hacia finales de 2026.
Si al gobierno de Maduro, por la vía de impuestos y participaciones de PDVSA en los proyectos petroleros le queda un 30% de los recursos adicionales, estamos entonces hablando sólo de 2.100 millones de dólares para hacer la fiesta. Si esos recursos entran a la piñata del reparto, sin duda habrá un efecto inmediato en la demanda y en el ritmo de actividad económica, pero nadie debe esperar milagros y 2024 sigue señalizando un camino de muchos riesgos.
Nos queda pensar qué tanto arrastra hoy en forma directa la actividad del sector petrolero al sector no petrolero. No hay estudios actualizados al respecto, pero no es difícil articular como respuesta: “Mucho menos que años atrás”. Venezuela se ha desindustrializado bárbaramente, el sector conexo está en terapia intensiva y la industria depende de las importaciones de bienes de capital e insumos como nunca. En ese sentido, el sector ha vuelto a ser aquel enclave que algunos héroes de la naciente democracia denunciaban 80 años atrás.
