Henry Ramos Allup afirma que no teme ser denunciado por canciller

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aseguró este miércoles que no teme a las acciones judiciales que la canciller, Delcy Rodríguez, podría emprender en su contra por supuestamente pedir a EEUU la intervención al país.

Asimismo, señaló que seguirá denunciando al Gobierno en organismos internacionales.

"Vamos a seguir con nuestras denuncias, a nosotros no nos van a intimidar ni a inhibir ni en la defensa del revocatorio ni en la denuncia del peor Gobierno que hemos tenido en nuestra historia republicana y lo vamos a hacer en todos los ámbitos, nacional e internacionalmente". 

Vale reseñar que la canciller dijo que introduciría una acción ante la Fiscalía en contra del presidente de la Asamblea Nacional (AN) por "vilipendio" y por pedir a Estados Unidos la "intervención" de Venezuela.

"Como jefa de la diplomacia de Venezuela me dirigiré a la Fiscalía de la República a interponer una acción, no solamente por su vilipendio, no, sino porque usted en el fondo lo que está defendiendo es la entrega de nuestro país".

Ante ello, Ramos Allup negó haber "vilipendiado a la Cancillería ni a la canciller" y aseguró haberse limitado a denunciar "la nefasta política exterior venezolana que mantiene al país en situación de conflicto permanente en el ámbito internacional y que ha devenido en resultados verdaderamente catastróficos".

Denuncias

Consideró que "el chavismo tiene la tendencia a confundir patria con gobierno" y que recurrir a organismos internacionales para "denunciar los desastres del Gobierno venezolano" no significa traicionar al país.

En este sentido, reiteró que la oposición parlamentaria va a denunciar al Gobierno en los organismos internacionales de los cuales Venezuela forma parte y en los que ha suscrito tratados en los que se compromete a respetar el orden constitucional.

"Yo he perdido la cuenta y ya ni le presto atención a eso de las denuncias, amenazas", dijo Ramos Allup tras reiterar que el Gobierno usa al Tribunal Supremo de Justicia y a otras instituciones que deberían ser autónomas para que actúen en contra de los parlamentarios y dirigentes opositores.