En Nuevo Laredo, uno de los pasos fronterizos entre el mexicano y violento estado de Tamaulipas y Texas, todo era confusión, incertidumbre y rumores al entrar en vigor la nueva directriz de asilo de Estados Unidos, que complicará la concesión del estatus de refugiado a muchos migrantes que huyen de la violencia.
La norma, que entró en vigencia el martes, es el intento más enérgico hasta ahora del gobierno del presidente Donald Trump para reducir el número de personas que piden asilo en su país. La norma complica el asilo a quien llegue a la frontera con México tras haber viajado desde un tercer país, algo que afecta a la gran mayoría de los migrantes.
En algunos puntos de la ciudad seguían llegando migrantes a los albergues, como una familia de siete miembros -tres de ellos menores- del estado mexicano de Michoacán, que huían de las balaceras y las extorsiones y que se mostraron felices cuando aceptaron alojarlos en una de las casas de acogida de la localidad. Aunque alguno tuviera que dormir en el pasillo, todos tenían la esperanza de llegar a un sitio seguro y ponerse en la lista de espera para solicitar asilo en Estados Unidos.
Mientras, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración mexicano (INM) que hay junto al puente internacional número I, en torno a unos 70 migrantes, muchos de ellos centroamericanos, eran retornados a México con la cita de un juez metida en una bolsa de plástico transparente y un sabor agridulce en la boca.
Durante la tarde del martes la planta baja de ese edificio era un cúmulo de mujeres acunando a niños, hombres haciéndose preguntas y pequeños correteando ante la atenta mirada de sus padres que esperaban sentados en el suelo hasta que por la noche un autobús los llevó a Monterrey, a 200 kilómetros de distancia. Los autobuses parecían haber sido contratados por la agencia mexicana de inmigración, aunque esta institución dijo a The Associated Press la semana pasada que el INM no se encargaba de eso.
“No nos deportaron, pero fuimos sacados de mala manera supuestamente en espera de una audiencia”, dijo Nolvin Godoy, un guatemalteco de 29 años que se endeudó pagando a un coyote casi 10.000 dólares para que lo sacara de su departamento natal, Chiquimula, con su esposa y su niño de dos años y lo cruzara el río Grande para entregarse a las autoridades estadounidenses. Después de 10 días en un centro de detención de Estados Unidos, les entregaron su cita con el juez para septiembre, donde podría iniciar el trámite de refugio, y los mandaron a México. Pero el joven tenía pocas esperanzas de poder presentarse a la audiencia en esa fecha.
“Hoy cayó la ley y mire, nos van a llevar a Monterrey y no sabemos qué va a pasar después porque no conocemos a nadie, estoy endeudado”, dijo.
Los agentes de migración mexicana les dieron comida y un documento, una especie de constancia que les garantiza el acceso a ciertos programas oficiales -no especifica cuáles, pero México ha garantizado que podrán trabajar en el país-, y en el que le se les da un número de teléfono y correo electrónico oficial donde les pueden dar asesoría.
Pero Godoy, que mostró la camiseta que llevaba puesta toda manchada como su única pertenencia mientras cargaba a su hijo, creía que todo eso valdría para poco si no tenía cómo sobrevivir. “Quizás lo mejor es regresar”, comentó.
A ninguno de los que estaban allí, la mayoría con caras asustadas, se le pasó por la cabeza cruzar la reja que separaba el recinto oficial del exterior. “Fuera está el crimen organizado”, apuntó el guatemalteco como toda explicación.
Como Godoy, decenas de personas fueron retornadas el martes por Nuevo Laredo y por la noche fueron llevadas a Monterrey, en el vecino estado de Nuevo León. La mayoría había llegado a Estados Unidos de forma irregular y no tenía el perfil de quienes esperan en México semanas o meses, se apuntan en listas de espera y luego son llamados por las autoridades de Estados Unidos para procesar su petición de asilo.
En algunos casos, confesaron a AP que no se habían planteado solicitar refugio hasta que les pusieron los papeles frente a ellos y lo vieron como una opción.
El pastor Aaron Méndez, encargado del albergue para migrantes Amar, teme que retornos como el del martes, que calificó de “engaño”, se multipliquen a partir de ahora.
A su juicio Estados Unidos está utilizando el Programa de Protección de Migrantes, por el que Washington está devolviendo a México a solicitantes de asilo de terceros países para que esperen aquí su proceso, como “deportaciones encubiertas” porque la mayoría, previsiblemente, no podrá acudir a su audiencia con lo que perderá la opción de solicitar asilo en el futuro.
Además, explicó, deja a esos migrantes en situación vulnerable mientras vacía sus centros de detención estadounidenses y no gasta en deportaciones.
“Creo que lo que hizo las veces pasadas de mandar poquitos fue como una forma para ver qué pasa, como una prueba”, agregó el religioso. “Ahora manda muchos y es una forma de decir ‘lo voy a seguir haciendo’”.
Pero mientras la desinformación cundía entre ese grupo, otros pequeños grupos, 15 el martes, 20 el miércoles y entre los que había niños, acudían al puente internacional porque les había llegado el turno después de esperar durante semanas.
Los que tenían que seguir esperando decían sentir una mezcla de esperanza y preocupación por el hecho de tener que esperar la resolución de su proceso de asilo en México, un programa mediante el que han sido retornadas a este país en torno a 20.000 personas desde enero.
Esta opción, criticada por muchas organizaciones no gubernamentales, no alentaba mucho a otros como Linerio González, de 24 años, y Ana Paolini, de 20, un matrimonio de venezolanos que huyó de su país después de amenazas por cuestiones políticas. Estaban inscritos en la lista de espera pero con las últimas directivas de Trump no sabían si ahora todo se complicaría o no.
“Es desesperante”, dijo González. “Se dicen muchas cosas y no sabemos”.
Ella dijo sentirse decepcionada porque, aunque los llamaran, sabían que luego regresarían a Tamaulipas, uno de los estados con mayor actividad del crimen organizado, y tenían miedo.
El padre Julio López, director del Albergue Nazareth financiado por la Iglesia católica, aseguró que en este momento toda la frontera pasa por momentos críticos por “la mucha confusión y por todos los cambios que se han dado”, que sólo empeoraron la situación de los migrantes. A su juicio, los únicos beneficiados a la larga serán los traficantes, que pedirán más dinero para cruzar personas sin permiso de trabajo, mientras los migrantes correrán aún más riesgo de ser víctimas de criminales.
“Ahora se une esta incertidumbre de las famosas deportaciones masivas que podrían poner en situación difícil a nuestros albergues”, afirmó el religioso, que temía no poder atender a los nuevos migrantes que llegasen, a los mexicanos deportados que tradicionalmente acoge y ahora a estos retornados de nuevo estatus que esperan una cita con el juez en Estados Unidos.
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