En un clima de creciente tensión social, los diputados argentinos aprobaron el jueves un proyecto de ley que aumenta la ayuda para los comedores a los que acuden personas de bajos recursos que sufren la escalada del precio de los alimentos.
Mientras la cámara aprobaba por 222 votos a favor y una abstención la iniciativa -que aún debe ser tratada por el Senado- militantes de organizaciones sociales opositoras al conservador presidente Mauricio Macri se congregaron en el Congreso y en otros lugares céntricos donde montaron carpas en las que pasaron la noche.
Junto a las tiendas de campaña instalaron ollas donde cocinaron alimentos que luego repartieron, una modalidad de protesta que se viene repitiendo al calor del aumento de los precios y la recesión económica.
El proyecto aprobado establece que el gobierno debe declarar la “emergencia alimentaria” hasta fines de 2022 y que implica un incremento de las partidas de alimentos y la ayuda económica para los comedores comunitarios instalados en instituciones religiosas y educativas en un país en el que pobreza afecta a más del 32% de la población..
El diputado opositor Agustín Rossi destacó que el proyecto se votara por unanimidad. “La cuestión del hambre no es política ni electoral y se terminó comprendiendo; es un resultado que pocas veces se logra”, sostuvo.
El texto aprobado establece un incremento de emergencia de al menos 50% de las partidas presupuestarias vigentes para este año correspondientes a políticas públicas de alimentación y nutrición.
Además faculta al Ejecutivo a reasignar partidas que podrán actualizarse trimestralmente tomando como referencia la variación del precio de los alimentos del índice de precios al consumidor y la de la canasta básica alimentaria que informa mensualmente el instituto estatal de estadística.
A los comedores comunitarios acude un creciente número de personas afectadas por la inflación que, según varias estimaciones, superará el 50% este año en un contexto de caída de la actividad económica y de aumento del desempleo.
El reclamo para la aprobación de la norma se produjo en el marco de la exacerbación de las protestas luego de la contundente derrota que sufrió Macri ante el kirchnerista Alberto Fernández en las primarias de agosto de cara a las generales del 27 de octubre, en las que la reelección del mandatario está cada vez más en duda.
La devaluación de más de 20% del peso argentino luego del resultado electoral -que se debió en gran parte al temor de los inversores al regreso al poder del populismo kirchnerista- conllevó un recalentamiento de la inflación. Así, la suba del costo de vida fue de 4% en agosto mientras que la interanual fue de 54,5%, según cifras oficiales difundidas el jueves.
El sector alimentos y bebidas registró una inflación de 4,5% en agosto y de 33,3% en los primeros ocho meses del año.
El legislador Mario Negri, aliado del Ejecutivo, indicó que “el plan fiscal del gobierno se mantiene igual” pese a la advertencia original de funcionarios gubernamentales acerca de que las ayudas alimentarias incidirían negativamente en el presupuesto.
Negri indicó que de las partidas sociales para este año quedan unos 12.000 millones de pesos (206 millones de dólares) que restan por ejecutarse.
Los diputados oficialistas accedieron a debatir luego de que la presión social en las calles aumentó con el correr de las horas.
Militantes sociales que dirigen comedores vecinales sostienen que en los últimos tiempos ha aumentado el número de personas que se saltan comidas y no pueden cumplir las tres básicas diarias.
La emergencia alimentaria es reclamada además por la Iglesia católica, sectores empresariales y sindicales y candidatos presidenciales de la oposición.
Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura difundido el año pasado, en Venezuela, Argentina y Bolivia aumentaron desde 2014 el número de personas subalimentadas.
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