Transparencia Venezuela analizó en detalle cómo el desfalco al patrimonio de la nación, que cumple con un patrón conformado por 12 elementos, provocó el colapso institucional, promovió la impunidad y la vulneración de los derechos de los ciudadanos, además de socavar sectores vitales como salud, agua, alimentación, gas doméstico, combustible y electricidad.
El seguimiento que en los últimos 15 años ha realizado el capítulo venezolano de Transparencia Internacional, a la gestión de los funcionarios públicos, ha revelado que en Venezuela se ha venido aplicando de manera sistemática y generalizada un conjunto de acciones que favorecieron el desfalco al patrimonio público y la instauración de un Estado criminal, cuyos tentáculos se han extendido a toda una red internacional de corrupción.
La organización identificó 12 elementos que configuran ese Patrón de Gran Corrupción, causante de la emergencia humanitaria compleja sin precedentes que padecen los venezolanos, cuya calidad de vida se ha visto afectada de manera drástica.
Este impacto desolador ha empujado a más de 5,1 millones de personas a cruzar las fronteras en búsqueda de su supervivencia y ha dejado a la población indefensa ante los embates de una amenaza externa: la pandemia por COVID-19, cuyo alcance real es hoy imposible de cuantificar ante la desinformación y la opacidad oficial sobre el manejo y avance de la enfermedad.
El informe El Patrón de Gran Corrupción en Venezuela, publicado por Transparencia Venezuela, es un acercamiento a los factores que han contribuido al deterioro de la situación económica, política y social en la que se encuentra el país, y permite una mejor compresión de una crisis que se ha traducido en penurias para los ciudadanos, con serios problemas para acceder a los alimentos y a la salud, y padecen las fallas estructurales en servicios como agua, electricidad, transporte, seguridad y gas doméstico.
Escenario al que se suma la escasez de combustible, cuyo suministro está siendo sometido a un nuevo esquema de distribución que incluye precios diferenciados, con subsidio en bolívares, a través del Carnet de la Patria y venta libre, llamada premium, a precios internacionales.
Una crisis visible
La investigación determinó que el declive comenzó a acentuarse a partir de 2007, pero, lejos de rectificar, las autoridades mantuvieron y profundizaron la aplicación de esas políticas, endosando la responsabilidad a factores externos a través de una poderosa maquinaria de comunicación nacional e internacional.
Las consecuencias han sido tan devastadoras que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, señaló en su informe de julio de 2019, que “el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural…”.
De igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en 2017 que “las denuncias de altos niveles de corrupción en el país permean aún más la débil institucionalidad estatal. Dado que la impunidad impulsa y perpetúa actos de corrupción”.
De no revertirse el panorama, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) estiman que el éxodo de venezolanos se mantendrá y, que este año, la cifra de personas que abandonan el país para escapar de la crisis podría elevarse a 6,4 millones.
En un solo puño
El primero de los 12 elementos que configuran el Patrón de Gran Corrupción es el monopolio de sectores económicos, con el gobierno como único propietario y administrador de productos, bienes y servicios esenciales para el ciudadano.
Más de 576 empresas en las áreas de alimentos, electricidad, transporte, comunicación, agua, gas, comercio, construcción e instituciones financieras están bajo el control absoluto del Estado.
De esas compañías, 441 fueron creadas, expropiadas o confiscadas durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre 2007 y 2011, y pese a la asignación de considerables recursos económicos, la mayoría presenta una notable caída de la producción y reporta renuncias por irregularidades.
El efecto nocivo de ese control se evidencia en sectores vitales como el eléctrico. Solo en marzo de 2019, hubo más de cuatro grandes apagones que dejaron a 90% del país a oscuras. En lo que va de 2020 se mantienen las fallas en varios estados, en especial en la región andina.
En materia de transporte público la situación no es diferente. Según el gremio, el sector se redujo más de 75%, y de 260.000 unidades activas se pasó a 78.000 para 2018. Ese mismo año, más de 20% de los vehículos particulares dejaron de circular por escasez de cauchos, lubricantes y repuestos.
Mientras que el sector alimentación se convirtió en una de las áreas con mayores riesgos de corrupción, al dejar en manos de militares la venta y distribución de productos. Además, la implementación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no solo se ha convertido en un mecanismo de control, sino que ha generado pérdidas millonarias a través de importaciones ficticias y la compra con sobreprecio de productos no aptos para el consumo.
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