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| Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestando a un hombre en Riverside, California, en junio Melissa Lyttle para The New York Times |
El gobierno de Trump trabaja con alguaciles de todo el país que comparten su forma de pensar en un plan para pasar a los inmigrantes indocumentados en las cárceles a la custodia federal, de acuerdo con distintos alguaciles involucrados en las discusiones. Si la iniciativa tiene éxito, podría expandir la red de detenciones que ya ha comenzado a transformar la forma en que se administra la justicia sobre asuntos migratorios en el país.
El plan es tratar de encontrar un método para evitar que las decisiones sean tomadas por los tribunales que hasta el momento han limitado las acciones de las autoridades locales en cuestiones migratorias. Involucra una estrategia legal sobre las órdenes de retención inmigratoria, las cuales son solicitadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) a los alguaciles locales o departamentos de policía para retener a sospechosos de haber ingresado ilegalmente al país, incluso después de que hubiesen pagado su fianza, de que hubiesen cumplido su sentencia de prisión o de que hubiesen resuelto sus casos penales.
Un puñado de ciudades santuario se niegan a cumplir las órdenes de retención inmigratoria basándose en principios ideológicos, pero un número mayor de alguaciles que apoyan al gobierno de Trump también están en desacuerdo con las órdenes de retención inmigratoria porque los tribunales han determinado que violan la Cuarta Enmienda.
La estrategia legal, a través de la cual los alguaciles fungirían como contratistas para ICE, tiene como objetivo proteger a los alguaciles de esas batallas legales, que en ocasiones han resultado en costosas indemnizaciones. Algunos activistas a favor de los migrantes han expresado sus dudas de que los tribunales pudieran considerar que esas acciones sean diferentes a las prácticas actuales.
Una portavoz de ICE dijo que el plan todavía está bajo revisión y que no se ha tomado una decisión final.
Si participa una cantidad suficiente de alguaciles, el enfoque aumentaría el número de arrestos de migrantes, que ya se ha elevado más del 40 por ciento desde el año pasado.
Desde la toma de posesión de Trump, ICE ha girado casi 11.000 órdenes de retención migratoria cada mes, un incremento del 78 por ciento en comparación con el año pasado. La agencia se negó a compartir información sobre el número de órdenes de retención migratoria que actualmente son rechazadas por los alguaciles y otros departamentos locales. Incluso en el gobierno de Obama, las órdenes de retención migratoria generaron roces entre ICE y los departamentos de los alguaciles porque cientos de ellos tienen políticas en contra de tales solicitudes.
Sin embargo, las promesas del gobierno de Trump de deportar a más inmigrantes sin papeles, particularmente a aquellos con antecedentes criminales, ha tenido eco en muchos alguaciles en todo Estados Unidos y el plan podría afectar la tensión entre ambos grupos. Trump y el fiscal general, Jeff Sessions, han luchado frecuentemente contra jurisdicciones que no cumplen con las órdenes, incluso donde los funcionarios locales apoyan el movimiento antiinmigrantes.
El alguacil republicano Richard Stanek del condado Hennepin, en Minnesota, descubrió que su jurisdicción aparecía en la lista de lugares que no cumplen con las órdenes —la cual es periódicamente distribuida por ICE—, junto a otras ciudades, como Los Ángeles y Chicago. El gobierno dejó de publicar la lista después de que Stanek y otros alguaciles se quejaran, pero algunos de ellos dicen que el golpe todavía les duele. “Protestamos con furia”, afirmó Stanek. “Dijimos: ‘Somos tus aliados. ¿Por qué te pones en contra nuestra?’”.
El ICE gira órdenes de retención inmigratoria para casi mil personas en la cárcel a cargo de Stanek cada año, dijo el alguacil, y casi dos tercios son liberados antes de que los agentes de ICE puedan llegar a arrestarlos.
Stanek dice que le gustaría cumplir con las órdenes, pero solo lo haría si el plan fuera aprobado por los tribunales. “Queremos encontrar una manera de decir sí”, agregó.
Los alguaciles son vistos como aliados particularmente importantes en la aplicación de las leyes de migración.
Ellos operan el 85 por ciento de las cárceles del país y tienen acceso a los candidatos más buscados para la deportación: los inmigrantes sin papeles con antecedentes o cargos criminales. Los arrestos migratorios que son hechos en cárceles también son más seguros y requieren menos recursos.
ICE envía órdenes de retención migratoria a las cárceles cuando se da cuenta de que alguien que es sospechoso de ser un inmigrante indocumentado es detenido por un cargo criminal porque el nombre o las huellas digitales de la persona concuerdan con los de alguien que ICE previamente ha detenido o ha deportado.
Sin embargo, como los acusados pueden pagar la fianza o recuperar su libertad en casi cualquier momento, frecuentemente son liberados antes de que los agentes de ICE lleguen para llevarlos a los centros de detención de migrantes. Para combatir eso, las órdenes solicitan que esas personas sean retenidas durante al menos 48 horas adicionales.
La práctica ha creado numerosos problemas legales, muchos de los cuales dependen de ese periodo crítico. Bajo la ley federal, los alguaciles no pueden realizar arrestos migratorios porque son de naturaleza civil y los alguaciles hacen cumplir la ley penal. Por lo tanto, los jueces han determinado que encarcelar a la gente en ese momento constituye una acción ilegal que viola la Cuarta Enmienda.
Bajo la estrategia legal que se propone el gobierno de Trump, ICE y el alguacil firmarían un contrato a través del cual se pagaría al departamento del alguacil una cuota diaria para retener al inmigrante hasta que ICE pueda asumir la custodia de la persona. El argumento legal es que este acuerdo convertiría al inmigrante en un detenido de ICE, no del departamento del alguacil, y permite que el alguacil retenga a la persona bajo un cargo no penal.
“Es una transición ordenada”, dice el alguacil Bob Gualtieri del condado Pinellas, en Florida.
“Están inmediatamente en custodia del ICE. Y lo que ICE hace con ellos, es decisión de ICE. No nos importa”.
Fue el alguacil Gualtieri, que también es abogado, quien reveló el motivo de la nueva estrategia y se la presentó al ICE. Gualtieri develó el plan en una presentación durante la convención anual de la Asociación Nacional de Alguaciles en junio. Varios alguaciles que estuvieron presentes describieron la reacción como de alivio y entusiasmo.
Gualtieri, al igual que Mark Dannels del condado Cochise, en Arizona; Greg Champagne de St. Charles Parish, Luisiana, y Stanek, han viajado a Washington o sostuvieron comunicaciones con el gobierno de Trump para comentar el nuevo enfoque.
Gualteri dijo que funcionarios del ICE le han dicho que el plan comenzaría como un programa piloto en Florida, y sería extendido eventualmente al ámbito nacional. Aunque los alguaciles sostienen que esperan que el anuncio sea hecho a principios de septiembre, la vocera de ICE, Sarah Rodriguez, dijo: “ICE continúa explorando una variedad de opciones que atiendan a las preocupaciones de nuestros alguaciles al cumplir con las órdenes”.
Los abogados involucrados en casos de órdenes de retención migratoria cuestionan si los tribunales aprobarían el plan. Omar Jadwat, director del Immigrant’s Rights Project, que forma parte de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), dijo: “Realmente no cambia el análisis legal”.
A Jadwat y otros activistas les preocupa que el plan sea un regreso a los días en los que las fuerzas de seguridad locales y las autoridades de migración trabajaban juntas, lo que a veces derivaban en políticas demasiado exigentes y en el uso de perfiles raciales.
“Tengo miedo de que, especialmente en poblaciones donde no haya leyes que limiten la práctica, habrá alguaciles que verán el signo del dólar y sentirán que es legal hacer lo que manda ICE”, dijo Mark Fleming, un abogado del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes en Chicago.
Algunos estados tienen políticas o resoluciones judiciales que evitarían que los alguaciles se incorporen al plan propuesto. La Corte Suprema de Massachussetts determinó el mes pasado que los agentes locales no tienen autoridad para cumplir con las órdenes de retención de ICE. Charlie Baker, un gobernador republicano, rápidamente propuso una legislación que brindaría la autoridad en casos en los cuales los detenidos estén acusados de crímenes graves.
El republicano Bruce Rauner de Illinois está bajo presión de los activistas a favor de los migrantes para firmar una iniciativa de ley aprobada por el congreso local que limitaría ampliamente la capacidad de las agencias de seguridad de cumplir con las órdenes. Leyes similares están en vigor en California y Connecticut.
Los alguaciles que cumplen con las órdenes de retención continúan enfrentando las consecuencias en los tribunales. El mes pasado, un juez de Virginia ordenó al estado pagar más de 20 mil dólares en daños y las cuotas legales porque un inmigrante sin papeles fue retenido después de su fecha programada de liberación por un cargo por manejar alcoholizado.
Aun bajo el escrutinio público, muchos alguaciles dicen que están desesperados por obtener medios legales para cumplir con las órdenes y que ignorar las solicitudes no es solo una complicación moral, sino también una de tipo político.
Después de que la oficina del alguacil en Newport News, Virginia, fuera colocada en la lista de cuerpos policiacos que rechazan las órdenes, el alguacil Gabriel Morgan se vio inundado por llamadas telefónicas y correos electrónicos que le exigían saber por qué no estaba cooperando con ICE.
“Me están dando una orden de retención que no vale ni el papel en el cual está escrito”, dijo. “Entonces, afirman que no cuido la seguridad pública”, dijo Morgan. “Eso es un problema”.
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