El pasado martes 14 de noviembre, la jueza venezolana Elenis Rodríguez se sentó en el estrado y se prestó a leer una sentencia en la que exigía al gobierno de Nicolás Maduro la apertura de un canal humanitario, ante la atenta mirada de algunos medios.
La resolución la dictó en su calidad de vicepresidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero con una salvedad: lo hizo en Santiago, a miles de kilómetros de su país.
Rodríguez es uno de los cinco magistrados del TSJ creado por el Parlamento venezolano en respuesta al Poder Judicial venezolano que dejó su país y pidió asilo a Chile, llegando a Santiago el pasado 19 de octubre. Hoy, el órgano colegiado funciona en el exilio, emitiendo dictámenes que buscan presionar al Ejecutivo en Caracas y a llamar la atención de la comunidad internacional.
Es de esta forma que estos jueces buscan seguir en actividad en Chile, sumándolo a diversas actividades con agrupaciones y personalidades del ámbito judicial en el país. Fue así cómo esta magistrada habló con Emol, en el marco de un conversatorio realizado por la Universidad San Sebastián y que, en palabras del decano de Derecho Rafael Rosell, sirvió para "vivir en carne propia la definición de la justicia".
"Para nosotros este es un gran reconocimiento de que nuestra lucha no va a quedar en vano. A nosotros nos obligaron a abandonar nuestra patria y otra patria hermosa como Chile nos abrazó en libertad", dice por su parte la jueza Rodríguez, quien no conocía nuestro país.
Relación con la oposición y el gobierno
Elenis Rodríguez es una reconocida jurista en Venezuela, participando primero como secretaria del tribunal disciplinario del Colegio de Abogados de Caracas y luego representando a figuras de la oposición política al gobierno de Nicolás Maduro, como Leopoldo López y Antonio Ledezma, ambos detenidos y condenados a prisión por la justicia.
Asimismo, fue querellante en la causa que investigaba la muerte del joven Bassil da Costa, ocurrida en 2014 y por la cual se sentenció a 20 años de prisión a un policía.
Desde ahí fue que el Parlamento, de mayoría opositora, junto a otras 33 personas como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia paralelo que debía funcionar en respuesta de un Poder Judicial que, aseguraban, estaba "tomado" por el oficialismo y que acusó a este nuevo ente de "usurpación de funciones" y "traición a la patria".
Fue así que, según Rodríguez, se sintió "perseguida" por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). "Una vez que fuimos designados y juramentados, empezó la persecución hostil que nunca imaginamos que sería de esta manera", sostuvo.
De este modo, de acuerdo al relato de la magistrada, una semana después de su nombramiento, el viernes 28 de julio, recibió un llamado de un presunto funcionario del Sebin: "Él me llama y me dice 'doctora, no interrumpa y escuche: piérdase, porque usted va a ser detenida el día lunes y con usted no va a haber contemplación' (...) Me imaginé lo peor que hacen con las mujeres en dictadura", afirmó.
Y fue de esa forma que, al día siguiente, esta profesional lograba ingresar a la residencia del embajador de Chile en Caracas, Pedro Ramírez, gracias a la gestión de Yvett Lugo, presidenta del Colegio de Abogados de la capital Venezolana. A ella se le sumaron luego otros cuatro colegas: Luis Marcano, José Fernando Núñez, Beatriz Ruiz y Zuleima del Valle.
Tiempo después, el 22 de agosto, el canciller chileno Heraldo Muñoz comunicaba el otorgamiento de asilo político para este grupo de abogados. No obstante, tuvieron que pasar varias semanas para que los jueces pudieran salir de Venezuela, en momentos en que el embajador Ramírez se encontraba en Isla Margarita viendo la situación del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar.
"Como Venezuela nunca nos dio el salvoconducto y no lo iba a otorgar, aprovechamos que el embajador no estaba y logramos salir. Corrimos riesgo con nuestras vidas porque a dos horas de llegar a la frontera, el auto con el que yo iba con dos magistrados más chocó y me golpeé", relata Rodríguez, agregando que aún tiene secuelas producto de este accidente.
Ahora, esta jueza espera que los diálogos entre la oposición y el gobierno fructifiquen, para así poner fin a la grave crisis que enfrenta el país caribeño.
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