La Unión Europea y la democratización de Venezuela

Diálogo o elección inmediata solo beneficiarán a Maduro

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. F. LENOIR REUTERS

 

Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado y con ello comenzó a desmantelarse el régimen de Maduro. No fue una autoproclamación. La Constitución vigente dice que ante “la falta absoluta del presidente” asumirá de manera provisoria el presidente de la Asamblea Nacional. Exactamente eso ocurrió.

El gobierno chavista es ilegítimo de acuerdo a la constitución de Hugo Chávez. No deja de tener una cierta belleza poética.

El régimen está como un boxeador a punto de caer. Groggy y con los ojos entrecerrados, tira jabs al aire. Sin iniciativa política, hace lo único que sabe: reprimir, insultar y exhibir el poder con obscenidad. Salvo que ya no tiene poder en sentido institucional. Solo tiene el poder de las balas y “por ahora”, como diría el mismísimo Chávez.

La mayoría de los países del hemisferio han reconocido a Guaidó como presidente encargado. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo lo propio. El Tesoro de Estados Unidos busca que los pagos por importaciones de petróleo sean efectuados a la Asamblea Nacional; y el Banco de Inglaterra bloqueó el intento de Maduro de retirar sus depósitos de oro por valor de 1.200 millones de dólares. La dictadura se desfinancia.

En este escenario fluido persisten muchas incertidumbres. Algunas de ellas son simples trucos, trampas ya vistas. Otros son verdaderos dilemas, ofrecen oportunidades pero también enormes riesgos. El mundo de la diplomacia tiene menos claridad que el mundo del dinero, no es sorpresa.

México y Uruguay insisten con la idea de mediación entre las partes, contando con el apoyo de Rusia, Cuba y otros aliados de Maduro. La historia de la mediación, diálogo o negociación es larga. Su primer capítulo se escribió en abril de 2014, cinco años atrás, durante masivas protestas y represión indiscriminada. Desde entonces hubo varios episodios más, la mayoría con la mediación de Zapatero.

Nunca fueron intentos sinceros, solo una estrategia del régimen para neutralizar la protesta social y alargar su horizonte temporal. Algo que Zapatero reconoció en junio de 2016 en la mismísima OEA: “esto va para largo”, aseguró sin ruborizarse.

Pues no mintió: el último diálogo concluyó con la oposición abandonando la reunión y Maduro organizando las elecciones fraudulentas del 20 de mayo de 2018. Volver sobre esa idea ignora que el propio vocablo “diálogo” es ofensivo hoy para los demócratas venezolanos.

Es una propuesta que además carece de condiciones mínimas de justicia. No le exige nada a la dictadura, ni liberar a los presos políticos, ni aceptar ayuda humanitaria, ni ordenar el cese de la represión de las protestas sociales que ha costado 29 muertes en cinco días. Es decir, ni siquiera le pide un gesto que demostraría un mínimo de buena fe.

En estos términos, Maduro estará muy interesado, sería otra trampa para ganar tiempo. Quienes la proponen parten de una premisa falsa, la de dos partes en conflicto. Dicho razonamiento incluye al SG de las Naciones Unidas, cuyo vocero habla repetidamente de “polarización”, noción que trata a un régimen ilegítimo y a la oposición como equivalentes. Ello soslaya que el primero tiene control del Estado y los medios de coerción y el segundo es victima de los crímenes cometidos por dicho régimen.

La coyuntura también presenta confusiones, especialmente desde Europa. Alemania, Dinamarca, Italia, Bélgica y el Reino Unido han reconocido a Guaidó. En simultáneo, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha apoyado la iniciativa de España de exigirle a Maduro convocar a elecciones libres, transparente y democráticas en ocho días, o de otro modo reconocerán a Guaidó. Si algunos países ya lo habían reconocido, el mensaje es ambiguo por decir lo menos.

La estrategia es de alto riesgo, hay que pensar mejor antes de entablar negociaciones diplomáticas. Si es bien intencionado, pues suena definitivamente amateur. Darle a Maduro la opción de anunciar la realización de elecciones le alarga el horizonte temporal de manera automática, es decir, hasta que se celebren tales elecciones. Ello además lo reconoce como autoridad legítima, un verdadero despropósito.

La realidad es que largos meses son necesarios para llevar a cabo una elección justa, libre y transparente en Venezuela. Se requiere un Consejo Nacional Electoral nuevo, en la capital tanto como en las regiones donde los maneja la nomenclatura del partido oficialista. Otro padrón electoral es necesario, el actual está armado para beneficio del chavismo en base a información de los servicios de inteligencia.

Deben modificarse los mapas electorales, cuya configuración distrital castiga a cualquier fuerza opositora. Y debe cambiarse el sistema de cómputos, hacedor de fraudes y no tan solo el de mayo de 2018. Estas reformas, tareas de la Asamblea Nacional, no se harán de la noche a la mañana. Y la organización de nuevas elecciones debe ser responsabilidad de la Asamblea Nacional, justamente, no de la dictadura.

Entretanto, los líderes europeos no parecen haber pensado en el escenario menos deseable de su propuesta: que Maduro les diga que sí. Bien podría volver a triunfar en una elección fraudulenta, esta vez con el reconocimiento de la Unión Europea.