“Limitar la entrada legal de inmigrantes que son parte de flujos ya establecidos los empuja hacia la irregularidad”.
Al menos 4 millones de ciudadanos venezolanos se han visto forzados a migrar a países vecinos desde el 2015. Con el aumento de los números, su desplazamiento está teniendo cada vez mayor impacto en las políticas de los países de acogida, principalmente por el aumento de sentimientos xenófobos en la población. En respuesta, los gobiernos –lejos de cumplir su deber jurídico de reconocer a los venezolanos como refugiados– endurecen sus discursos y políticas, implementando “políticas de control con rostro humano”, como las llama el politólogo argentino Eduardo Domenech.
Aquí, hace dos días el presidente Martín Vizcarra fue aplaudido por expulsar a 52 venezolanos con antecedentes policiales y por anunciar que desde el 15 de junio solo podrán ingresar venezolanos con pasaporte y visado correspondiente (una visa humanitaria) que deberá ser tramitado en los consulados peruanos en Caracas y Puerto Ordaz. Al igual que la visa de responsabilidad democrática de Chile, el Perú está usando un eufemismo para una medida política que –en la práctica– significa un filtro económico para la entrada legal de algunos, y que sin ninguna duda llevará al aumento de la inmigración irregular. Con un salario mínimo real de menos de US$7, para la gran mayoría de los venezolanos es simplemente imposible obtener un pasaporte que les puede costar miles de dólares.
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Como he explicado anteriormente en estas páginas, limitar la entrada legal de inmigrantes que son parte de flujos ya establecidos los empuja hacia la irregularidad. Es utópico pensar que los estados de la región pueden controlar miles de kilómetros de fronteras físicas altamente porosas. En estos casos, las políticas restrictivas solo conducen a un aumento de la inmigración irregular. La paradoja es que, con el fin de obtener más control, el Estado termina perdiéndolo.
Un aumento en la inmigración irregular representa un riesgo para la región en, al menos, dos sentidos. Primero, conducirá al aumento de las prácticas criminales, como el tráfico y la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. En el Perú, el número de denuncias por trata de personas se ha triplicado entre el 2014 y el 2017. Este aumento se debe también al incremento en los operativos de la fiscalía a nivel nacional. Además, con el aumento de la inmigración irregular también es posible que entren cada vez más venezolanos con antecedentes criminales. La política inmigratoria se vuelve un círculo vicioso.
En el panorama regional, existen grupos armados con una fuerte presencia en las regiones fronterizas entre Venezuela, Colombia y Brasil. Las trochas ilegales abajo del puente fronterizo Simón Bolívar, en Cúcuta, que cruzan decenas de miles de personas cada día –en la mayoría de los casos para regresar a Venezuela con alimentos y medicamentos comprados en el mercado negro– están controladas por colectivos venezolanos, a quienes los migrantes pagan una cuota (que irónicamente se conoce como “vacuna”) a cambio de protección. Según varios informes, miles de niños migrantes ya fueron reclutados por grupos armados en las zonas fronterizas. Limitar las opciones de migrantes venezolanosde salir de estas zonas fronterizas de manera legal empodera el crimen organizado en la región.
Un aumento en la inmigración irregular también representa un riesgo para la salud pública de la región. La crisis social y política de Venezuela ha llevado al colapso del sistema nacional de salud. No hay ningún laboratorio en el sistema público que esté funcionando completamente, debido a la falta de reactivos, y los programas esenciales se han visto seriamente comprometidos. Esto ha llevado a que infecciones que se pueden prevenir mediante vacunas –y que estuvieron controladas durante décadas– hayan reaparecido.
Los médicos de las ciudades limítrofes, como la colombiana Cúcuta, están detectando enfermedades prevenibles como la difteria, el sarampión, la malaria y otras infecciosas transmitidas por parásitos. Estas se propagan a través de las fronteras, con o sin migración humana. Dicho esto, la migración humana sin un acceso adecuado a la atención médica y al control público de enfermedades generará que estas enfermedades se propaguen más rápidamente y puedan representar un riesgo significativo para la salud pública de la región.
El Perú ha implementado programas de vacunación obligatoria en sus fronteras. Sin embargo, dichos programas no están adecuadamente coordinados a nivel regional y dependen de la disponibilidad de fondos. Cualquier política de inmigraciónrestrictiva que limitaría el acceso legal de los ciudadanos venezolanos al territorio –como la visa humanitaria– conducirá a un aumento de la migración irregular y, por lo tanto, socavará los esfuerzos de vacunación y control de enfermedades.
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