El juez ordenó investigar las extrañas circunstancias que rodearon la muerte del implicado en el 'caso Morodo'
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La autopsia y la investigación policial sobre el jerarca de la petrolera venezolana PDVSA José Manuel Márquez Cabrera, hallado ahorcado en Madrid el pasado mes de julio, revelan que su muerte fue voluntaria, según fuentes policiales. Todas las pesquisas apuntan a que Márquez Cabrera, voluntariamente, decidió quitarse la vida debido a la “presión emocional” que vivió tras verse implicado en el caso del sumario sobre el blanqueo de capitales que afecta al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, según fuentes de la investigación consultadas por EL PAÍS.
Las extrañas circunstancias de su fallecimiento (su cuerpo apareció ahorcado solo dos días después de declarar ante la Audiencia Nacional y manifestar su intención de colaborar con la justicia) desataron las sospechas de la intervención de terceras personas en su muerte que han sido investigadas sin resultado.
El juez José de la Mata, del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional, que estaba de guardia el día en que se produjo el óbito, ordenó a la policía que investigase las llamadas telefónicas del móvil del fallecido para conocer a quién llamó o quiénes le llamaron a él esos días. Las pesquisas, el hallazgo de fármacos junto al cadáver y una nota que supuestamente dejó Márquez Cabrera antes de quitarse la vida han llevado a la policía a descartar “rotundamente” la implicación de terceras personas en su muerte, según los citados medios de la investigación policial.
La muerte de Márquez Cabrera generó dudas a los investigadores. No tenía sentido que solo dos días después de declarar ante el juez Santiago Pedraz y la fiscal anticorrupción Ana Cuenca en la Audiencia Nacional en relación con el caso Morodo, el viernes 19 de julio, y manifestar su intención de tirar de la manta sobre la corrupción que azotó a la petrolera, su cuerpo fuera hallado ahorcado en una oficina situada en el número 12 de la avenida de Mirasierra, en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes.
Solo 24 horas después de su declaración judicial, el venezolano de 48 años y origen español había trabajado junto a un socio y amigo en la oficina donde fue hallado su cuerpo sin vida. Como el exdirectivo de PDVSA no respondía a las llamadas, su socio se acercó la oficina y encontró la puerta cerrada. A las 14.10 llamó a la Policía Local de ese ayuntamiento y les trasladó sus sospechas de que Márquez podría encontrarse en su interior. Media hora después, los bomberos municipales derribaron la puerta y encontraron su cadáver ahorcado con su cinturón.
Márquez Cabrera tuvo un puesto relevante en PDVSA: secretario general de Entes Corporativos. Y era una de las personas de confianza del ministro de Energía venezolano Rafael Ramírez, perseguido por la Fiscalía de su país. Con su firma y el aval de Ramírez, la petrolera movió durante el chavismo decenas de millones de dólares. Entre ellos, los 4,5 millones de euros pagados a Alejo Morodo, hijo del exembajador en Caracas Raúl Morodo entre 2004 y 2007, a cambio de ficticias asesorías en Europa. El supuesto pago fraudulento de este dinero es el que investiga en la Audiencia Nacional el juez Pedraz.
Contratos dirigidos al ministro
La investigación judicial acredita que Alejo Morodo, bajo la sombra de su padre, cobró la citada cantidad por supuestos asesoramientos entre los años 2008 y 2013. Así lo reflejan facturas a las que ha tenido acceso este periódico y que forman parte de las pesquisas. Los contratos se firmaron entre Márquez Cabrera en representación de PDVSA y las sociedades Aequitas Abogados Consultores Asociados S. L. y la panameña Furnival Barrister Corp, ambas de Alejo Morodo.
Todos los contratos se remitieron “al ciudadano ministro” Rafael Ramírez, entonces presidente de PDVSA. Los pagos por los servicios que se investigan comenzaron después de que Raúl Morodo dejara su puesto de embajador.
Márquez Cabrera salió el viernes 19 de julio del juzgado expresando su voluntad de tirar de la manta. Un día antes, el jueves 18, había llegado a Madrid en un avión procedente de Estados Unidos. Fue detenido en Barajas y conducido al día siguiente ante el juez Pedraz, que había dictado contra él una orden de busca y captura en relación con el caso Morodo. Del juzgado salió al mediodía del viernes en libertad con cargos. No podía abandonar España.
Ese mismo viernes por la tarde llegó a la policía española un aviso desde Estados Unidos que sembró inquietud entre los investigadores. La Interpol de Washington alertó mediante un cable de que tenía localizado a Márquez en un avión que acaba de salir de Madrid con dirección a Chicago. Los agentes informaron de que no le dejarían pisar suelo estadounidense. Le "deportarían" en el mismo avión de Iberia, vuelo IB6274, que supuestamente había cogido en Madrid y estaría de vuelta en Barajas el lunes a primera hora. Todos dieron por hecho, tras la lectura de la alerta estadounidense, que se había fugado.
La alerta de Interpol Washington fue un error. Halló su nombre entre los viajeros del vuelo Madrid-Chicago del viernes y dio por hecho que Márquez iba en ese avión. Pero la realidad es que nunca se subió a él, aunque hizo una reserva en ese vuelo. El domingo, a las 14.40, su cuerpo fue hallado sin vida en un inmueble de oficinas en San Sebastián de los Reyes, al norte de la capital.
La redada policial del pasado mes de mayo, en la que se detuvo a Alejo Morodo, a su socio Carlos Prada, y a las esposas de ambos, sorprendió a Márquez en EE UU. Las pesquisas del caso las dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF).
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