Ciudad de México quiere exponer la identidad de los agresores sexuales para consulta de la ciudadanía, una medida polémica
México
El repudio por la violencia machista es compartido, pero las formas de combatirla dejan amplio espacio al debate. La propuesta de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de crear un registro público de agresores sexuales donde la ciudadanía pueda consultar la identidad de quién violó o quién abusó nació ya con la polémica que acompañó a esa misma iniciativa cuando se quiso implantar en otros países. En un ángulo se sitúan quienes defienden el derecho a conocer que el vecino es un agresor, y en el opuesto aquellos que critican el efectismo de una medida meramente punitiva. “No se puede reducir un debate complejo a términos sencillos de víctimas y victimarios”, sostiene la antropóloga mexicana Marta Lamas.
En estos días en que mujeres de todo el mundo se revuelven contra las agresiones de sus compañeros y cuando México redondea la intolerable cifra de 10 muertas al día, la capital planteó una batería de medidas bajo su declaración de alerta por violencia de género, declarada en noviembre. La capital presenta unas cifras alarmantes: este año, los datos oficiales indican que la policía recibió 588 llamadas por violación de un total cercano a las 3.300 en todo el país. No es desconocido que muchas violaciones no se denuncian y también se sabe que buena parte de ellas ocurren en el seno de la pareja. Las encuestas del Gobierno indican que un 64% de las mujeres han sufrido violencia severa o muy severa en su relación, esto es 12,2 millones: esto incluye violaciones esporádicas o a menudo.
¿Qué hacer con esos casos en los que la mujer agredida no denuncia? “Es una medida más efectista que efectiva, que puede vulnerar los derechos humanos. El problema es que en México la justicia no funciona, la policía no investiga y fabrica culpables o usa la coerción para obtener confesiones. Por otro lado, hay gente poderosa que corrompe a los agentes incluso en casos de homicidio. ¿Qué nos garantiza que los violadores sentenciados sean en verdad los culpables del delito?”, pregunta Lucía Melgar, profesora de Literatura y Género y activista por los derechos de las mujeres. Y añade otras cuestiones de calado. “¿Para qué sirve un registro incompleto por falta de denuncias? ¿Qué pasará con los que escapen a la justicia?” Y una más: “¿Para qué, concretamente, se usará ese registro?”.
Demasiadas cuestiones para un proyecto anunciado del que aún se desconocen demasiados detalles a los que tendrán que dar forma dos congresos, el de Ciudad de México y el federal. Para empezar, si ese registro al que podrá acceder la ciudadanía plasmará el nombre solamente de aquellos que ya tengan condena firme. “Hay otras posibilidades a explorar”, afirma la directora general para una Vida Libre de Violencia de la capital, Ingrid Gómez. Añade que se han revisado experiencias de otros lugares pero que en la ciudad, de casi nueve millones de habitantes tan solo en sus 16 alcaldías, “era un clamor, sobre todo de las chavas, la petición de hacer pública la información sobre estos agresores, para combatir la reincidencia”.
Argentina y Estados Unidos
La responsable de Igualdad de la ciudad, Gabriela Rodríguez, asegura que antes de lanzar esta iniciativa “se han analizado las experiencias de Argentina y Estados Unidos”, entre otros países. El caso de Estados Unidos es singular, quizá el que más lejos ha llegado en la exposición pública de los condenados por violencia contra la mujer. A golpe de clic, una persona que viva en Washington puede saber cuántos agresores hay en su entorno, dónde viven y qué cara tienen. Tan fácil como activar una búsqueda en Internet para concertar una cita sexual.
En Argentina, el clamor de la ciudadanía lo agitó Isabel Yaconis en 2003, cuando su hija Lucila fue asesinada al resistirse a una violación. El registro de agresores se creó 10 años después y solo se ha reglamentado en 2017. No se trata de una base de datos pública, solo para manejo policial o judicial. Se arma con los datos genéticos de los delincuentes identificados o no, explican fuentes del ministerio de Justicia.
“Aquel caso me impactó y la propuesta de la madre de crear un registro genético me pareció bien en un principio”, recuerda la periodista Luciana Péker, que cubrió el asesinato y su repercusión pública y política. “Es una propuesta moderada que no implica la estigmatización masiva de personas. Argentina tiene una larga tradición contra la violencia de género, pero esta medida no ha cambiado nada. Se necesita educación, prevención y políticas acertadas”, sostiene. “Hay que generar políticas latinoamericanas contra la impunidad del poder. Esta medida no da ni dará por sí sola resultados notables”.
En medio planeta hay quien ya se cansó de conjugar solo los verbos educar y prevenir. No hablan de venganza, pero sí de derechos. Ocurre en España, donde la reincidencia ha dejado a veces más de una víctima mortal (a la salida de la cárcel) y varias maltratadas por el mismo agresor. Uno de los casos más notables fue, este mismo año, el de un hombre que asesinó a su esposa y al dejar la cárcel mantuvo una relación con la abogada que lo asistió en el proceso. La mató en enero. Ella no necesitaba un registro público, conocía bien al agresor. Y tampoco parece servirles a aquellas que tienen una orden de alejamiento a su favor y la ignoran para volver al lado de su futuro asesino.
El caso español
La feminista española María Durán sostiene, en todo caso, que “es recomendable el registro público porque hay toda una solidaridad mal entendida por parte de muchos hombres que creen que las condenas son excesivas y porque todavía no se cree a las mujeres que han sufrido violencia de género, tan siquiera en su entorno más inmediato. Una sentencia pública con nombres y apellidos resitúa al maltratador en su sitio”, afirma. Pero en el mundo de la posverdad, hay quien no se cree ni las sentencias, y se dedica, por ejemplo, a embarrar la credibilidad de las víctimas mencionando las escasísimas denuncias falsas.
María Durán fue la impulsora en España, a principios de siglo, de la publicación de las sentencias firmes por casos de maltrato en la pareja en la comunidad de Castilla-La Mancha. Por esas tierras del Quijote, la posibilidad de publicar el fallo judicial con el nombre del agresor sigue existiendo, pero no es algo de uso habitual ni mucho menos. En España no hay apenas experiencias de este estilo. “Yo opino que cada vez creen más a las mujeres que denuncian, pero ahora con el auge de la ultraderecha de Vox el freno es brutal porque ellos no hablan desde la racionalidad, sino desde la emotividad”, afirma Durán, que en 2001 era presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis. La vicepresidenta actual de esa organización, Altamira Gonzalo, sigue pidiendo ahora una medida como esa: “Es de carácter disuasorio, una garantía para la sociedad y una forma más de atacar la violencia machista. Tenemos derecho a saber quién es nuestro vecino”.
Queda algún fleco aún entre quienes le ven poco efecto a esta medida. Los problemas jurídicos que puede ocasionar. En España, en su día ya se habló de cierto choque con el derecho a la protección de datos. En México, lo menciona vagamente la directora general contra la Violencia en el Instituto Nacional de la Mujer, Fabiola Alanis, quien ve el debate adecuado, pero algunos inconvenientes: “Los argumentos jurídicos que se puedan esgrimir podrían dificultar la medida y dar elementos a los defensores de los victimarios. [En México] ya es complicada la argumentación jurídica para alcanzar las sentencias máximas que establecen los códigos penales. Yo apelaría más bien a la eliminación de la impunidad y a la prevención”.
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