Tras meses de protestas en México, la UNAM ha decidido reconocer oficialmente las agresiones y acoso hacia las estudiantes, pero muchas activistas lo consideran insuficiente
México
“No me importa perder el año si esto va a ayudar a que se erradique la violencia contra las mujeres en la UNAM”, dice Oyuki, una estudiante de 17 años que pide ser identificada con ese nombre y lleva más de dos semanas durmiendo en el suelo de un aula junto a decenas de compañeras. Ella estudia en la Preparatoria 6, uno de los cuatro planteles de bachillerato adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de México tomados por alumnas que reclaman medidas para erradicar la violencia contra la mujer que soporta la institución. Además de estos centros, hay cuatro facultades y dos colegios de Ciencias y Humanidades en paro, algunos desde hace tres meses.
Hasta ahora, fumar marihuana o tomarse un whisky eran infracciones más graves que abusar de una mujer, un delito que ni siquiera estaba mencionado en el Estatuto General que rige la UNAM desde hace 75 años. Pero esta semana, la universidad más importante de México y la mayor de toda Latinoamérica, ha dado un paso inédito: el Consejo Universitario ha aprobado una reforma del estatuto para incorporar a la violencia de género como una infracción grave, merecedora de castigo, aunque no establece qué sanciones le corresponden.
Esta reforma, que entrará en vigor a partir de este lunes 17 de febrero, parece ser la vía que encontró la institución para tratar de salir del punto muerto en el que se encuentra desde noviembre, cuando grupos feministas comenzaron a tomar los establecimientos y a exigir una respuesta ante la violencia de género. El Consejo ha aprobado también la modificación de un artículo del estatuto para garantizar la paridad de género en el Tribunal Universitario, el máximo órgano que imparte justicia en la universidad. Aún así, no parece que ninguna de las dos medidas vaya a poner un fin definitivo al conflicto.
Para Brenda Medina, profesora auxiliar del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras (FFYL) —que lleva sin clases desde principios de noviembre por la huelga de sus estudiantes—, las reformas son insuficientes. Una de las exigencias, explica, era que se establecieran sanciones específicas para el acoso, el abuso y la violación, algo que no ha sucedido. Jorge Volpi, encargado de Difusión Cultural de la UNAM, asegura que esa modificación se tratará en marzo, ya que la propuesta no llegó a tiempo a la Comisión de Legislación del Consejo Universitario. Medina dice también que desde la FFYL propusieron que el Tribunal Universitario sea independiente o, al menos, que las estudiantes puedan participar, y que eso tampoco se ha tenido en cuenta. Este jueves, una alumna de la universidad arremetió contra el presidente de ese Tribunal, Eduardo López Betancourt, acusándolo de hostigamiento y acoso durante una conferencia.
Los casos de abuso sexual, los crímenes contra las mujeres y la inseguridad dentro de la UNAM no son nuevos; son el reflejo de un país que cuenta un promedio de 10 feminicidios diarios, según las estadísticas oficiales. Pero ahora la problemática parece haber llegado a un punto de quiebre, tanto afuera como adentro de la institución. En 2016 se activó el protocolo contra la violencia de género en la universidad y desde entonces ha habido 1.104 denuncias por abuso y acoso sexual, de las que se han procesado menos de la mitad. Desde 2018, seis mujeres han sido asesinadas en la UNAM. Las reformas impulsadas este miércoles, aunque muchas activistas las consideren insuficientes, dan esperanza a una comunidad desgastada por la impunidad y el miedo cotidiano.
La Preparatoria 9 lleva más de 90 días en paro. Esta escuela ha sido de las más criticadas por la supuesta violencia de las manifestantes. Las barricadas formadas con mesas y pupitres permanecen a las puertas del plantel, situado al norte de la capital mexicana. El escenario es de posconflicto. En el camino hacia la sala dormitorio de las alumnas hay basura y cristales rotos. Antes de subir las escaleras, un muro se muestra repleto de fotografías de profesores y alumnos señalados por acoso o por violación a estudiantes. Algunas se repiten hasta en cinco ocasiones.
Tres chicas de 15 a 18 años, que prefieren no dar sus nombres por seguridad, permanecen en una de las salas. Una come un burrito precocinado. Otra remolonea en un sofá cama. La tercera trata de limpiar una habitación que, a simple vista, necesitará años para volver a su estado original. Ellas también tuvieron una asamblea esta semana con las autoridades universitarias. “No sirvió de nada”, asegura una, mientras se arropa con una manta. Las estudiantes sostienen que en las reuniones con los directivos universitarios se les dice que sí a todo, menos a su petición más urgente: la expulsión definitiva de los profesores señalados por violencia física y verbal contra ellas. Entre ellos mencionan a un docente de matemáticas, a uno de literatura y, sobre todo, a un profesor de educación física. Tras la toma de la preparatoria, aseguran, en uno de los cajones de su despacho encontraron unos lentes con los que grababa a las alumnas menores desde hace años.
Las chicas pasan el tiempo leyendo, platicando, viendo alguna serie y comiendo mal. La que se hace llamar Regina tiene 18 años y está a punto de dar el salto a la universidad. “Prefiero dejar la escuela limpia de maestros que acosen a las alumnas. No me importa perder el año por esta causa. No tenemos miedo”, afirma.
A las tres estudiantes sus padres las apoyan y cuando pueden les traen algo de comida. Aunque, admiten, es mucho tiempo. “No es fácil estar aquí, pero no hay otra forma de que nos hagan caso”, explica Regina. Al principio tenían apoyo de la mayoría del alumnado y podían pasar el tiempo en la piscina que tiene la escuela. Con el paso de las semanas el apoyo ha bajado y muchos estudiantes que no forman parte de la protesta han sido reubicados en el céntrico Colegio Latinoamericano. En los últimos meses, los enfrentamientos entre las huelguistas y otros alumnos a veces acompañados por sus padres, han sido frecuentes, motivados principalmente por el temor a perder el año por las protestas. “Hasta que no tomen acciones reales esto va a seguir así”, avisa Regina.
Desde su despacho de la UNAM, Jorge Volpi afirma que la universidad está tomando conciencia sobre la desigualdad y violencia de género gracias a las movilizaciones feministas que han sacudido al país los últimos años. “La Universidad tiene que actuar ya, pero ojalá estos movimientos deriven en una toma de conciencia de nuestra sociedad, que provoca, admite, tolera y encubre la violencia de género. Es, sin duda, una prioridad”.
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