El Gobierno de Alberto Fernández instó a Miraflores a realizar "investigaciones exhaustivas" sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno de Argentina anunció este martes 6-O que "apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet" sobre Venezuela, en el que denuncia obstrucción a partidos políticos de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre y represión gubernamental.
La Cancillería argentina expresó su posición a través de un comunicado que responde a las "instrucciones" del presidente Alberto Fernández y en el que insta al Gobierno venezolano a que "conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas".
"Instamos al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo (de Derechos Humanos de la ONU) y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes", destaca el comunicado de Cancillería.
Bachelet presentó hace dos semanas un informe en el que alerta de "las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que obstruyen las libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos, y el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Electoral", y expresa dudas sobre la composición de la Asamblea Nacional "sin un proceso inclusivo de consulta previa".
Asimismo, el informe, que actualiza el que la alta comisionada presentó ante el mismo consejo en julio, también se denuncia "el alto número de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operaciones de seguridad" y da cuenta de más de 2.000 asesinatos de este tipo en lo que va de año, 711 de ellos entre junio y agosto.
Misión permanente en Caracas
El Ejecutivo argentino destacará a través de sus representantes en el Consejo la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, "dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias y contribuir a encaminar soluciones apropiada".
"Son las autoridades venezolanas las responsables de respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, así como de garantizar la paz social y la estabilidad política, lo cual resulta aún más necesario cuando se encara un proceso electoral", agrega el texto.
El comunicado concluye con la posición de Fernández de condenar "los bloqueos y las sanciones que, pretendiendo presionar a las autoridades, agreden especialmente al pueblo venezolano y contribuyen a un sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en la que se encuentra".
El Gobierno argentino aclaró su posición sobre la crisis que se vive en Venezuela después de que su representante en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, sembrara dudas al respecto en otras delegaciones de países miembros al afirmar que "hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones de los derechos humanos" .
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