Para Garzón, la decisión "deja en evidencia la irregularidad del proceso en el que Alex Saab ha visto y sigue viendo cercenados sus derechos a su inviolabilidad e inmunidad como agente especial".
El equipo de la defensa del empresario colombiano Álex Saab, preso en Cabo Verde, aseguró este martes 20-O que el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del país africano observó "irregularidades" en la decisión de detenerlo y extraditarlo a EE UU.
El abogado local principal, Jose Manuel Pinto Monteiro, aseguró que en lo relativo a la extradición, el STJ resolvió una apelación presentada por la defensa de Saab y remitió algunas cuestiones al Tribunal de Apelación al apreciar "numerosas irregularidades", según recoge un comunicado del equipo legal que defiende al empresario.
La defensa pedía en su apelación revocar la decisión tomada el 31 de julio por el Tribunal de Apelación de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente, en el norte de este país insular de África occidental.
El Tribunal de Apelación vino a avalar con su decisión de julio la postura ya expresada anteriormente por el Gobierno caboverdiano a favor de la extradición, razón por la que los abogados de Saab interpusieron el recurso de apelación ante el STJ.
Según la defensa de Saab, el Supremo también expone en su decisión que "no tiene competencia para decidir en lo relacionado al arresto domiciliario" de Saab y tomó, por tanto, "la posición de devolver el caso" al Tribunal de Apelación de Cabo Verde para que sea este el que "estudie de nuevo las medidas provisionales" solicitadas.
Decisión del STJ amonesta al tribunal, según abogados
El integrante del equipo legal de Saab, Rutsel Silvestre J. Martha, aseguró que el STJ "ha emitido una decisión que amonesta" al Tribunal de Apelación "por ignorar los principios básicos del debido proceso".
Todo ello se debe, siempre según el equipo legal de Saab, a "las constantes vulneraciones de los derechos humanos sufridas" por el empresario desde su detención el pasado 12 de junio, un arresto que califican de "arbitrario".
También afirman esperar la respuesta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), ante la que han presentado el caso.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el aeropuerto internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (la más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Cuando fue detenido Saab, Venezuela alegó que es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno que estaba "en tránsito" en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial" del país caribeño.
Para Garzón, la decisión muestra irregularidad del proceso
En opinión del español Baltasar Garzón, coordinador de la defensa internacional de Saab, la decisión tomada por el Supremo de Cabo Verde "deja en evidencia la irregularidad del proceso en el que Alex Saab ha visto y sigue viendo cercenados sus derechos a su inviolabilidad e inmunidad como agente especial".
Para Garzón, "este proceso no tendría que haberse abierto siquiera, pues Alex Saab está especialmente protegido por la legislación internacional".
Supuesto caso de blanqueo
Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab, de 48 años, apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 por hechos de corrupción.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los Clap.
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EE UU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
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