El país está atascado en la parte más baja de un atolladero. La manera en la que salgamos de esta trampa histórica, si es que escapamos, va a determinar el tipo de sociedad en la que viviremos en un futuro próximo. El lugar en el que nos encontramos en estos momentos es totalmente inhóspito. Es una comarca que carece de las condiciones mínimas para ser habitado por los simpatizantes del gobierno y mucho menos por la oposición y el resto de los venezolanos. Quedarse en este punto muerto es prohibitivo para todos.
El gobierno ineludiblemente tratará en los próximos meses de consolidar un proyecto autoritario a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Todo ello a pesar de que la población, la oposición y el mundo no reconocen a la Constituyente como legítima. Ante esta falta de legalidad, el gobierno acude, por la vía de los hechos, a la negociación bajo la mediación internacional en busca de su reconocimiento formal. En contraposición, la oposición se debate estérilmente entre una salida electoral sin condiciones y resucitar la calle, sabiendo que si las protestas son activadas serán reprimidas salvajemente. Esta realidad política los obliga, ante la ausencia de un árbitro electoral creíble, a gravitar hacia la negociación para que sea la comunidad internacional la que garantice, por medio de presiones cada vez más grandes, unos comicios regionales y presidenciales medianamente competitivos que apunten hacia una posible transición. Mientras tanto, el país se aísla, fallece.
Tres preguntas alrededor de tres temas cruciales determinarán la modalidad que nos permita salir de la actual coyuntura histórica. El primer tema tiene que ver con la restricción financiera internacional que enfrenta el país. A pesar de un conjunto de políticas económicas ineficientes y corruptas, que condenaron a Venezuela a experimentar innecesariamente la contracción económica más importante de su historia, tanto el gobierno como Pdvsa continúan cumpliendo con sus elevados compromisos externos. Pero más allá de su voluntad de pago es evidente que esta estrategia tiene sus limitaciones. La caída tan rápida de la producción petrolera, la liquidación de la mayor parte de los activos financieros disponibles, las limitaciones legales para vender activos reales tanto petroleros como no petroleros sin la aprobación previa de la Asamblea Nacional y la aparición de sanciones por parte de los Estados Unidos que le impedirían a la actual administración entrar en un proceso de reestructuración o de refinanciamiento de su deuda, se han convertido en restricciones reales que hacen pensar que es cuestión de meses antes de que Venezuela se vea obligada a dejar de pagar sus compromisos externos. Los costos sociales de mantener el modelo actual de controles son cada vez más altos. La irresponsabilidad del gobierno en el manejo de la política económica hace inevitable que el país enfrente en el futuro inmediato algún tipo de reestructuración de su deuda.
La pregunta más importante es si ese proceso va a ser ordenado o más bien caótico. ¿La cesación de pagos ocurrirá bajo la administración de Maduro de una forma desordenada? ¿O durante un gobierno diferente en el marco de un programa de estabilización económica? Las características comerciales y petroleras de Venezuela, así como la estructuración legal de los bonos que se cotizan en los mercados de capitales internacionales, podrían hacer que un default dispare una serie de conflictos legales por parte de los tenedores de estos papeles, que pueden llegar a vulnerar los activos y los flujos de ingresos tanto del gobierno como de Pdvsa. El impacto de este nuevo conflicto sería desestabilizante no solo para el actual régimen sino también para un potencial gobierno de transición. Desde una perspectiva estrictamente legal, este proceso será tremendamente engorroso y por lo tanto riesgoso, no solo financiera y económicamente sino también políticamente. Por si fuera poco, la existencia de cláusulas cruzadas con el financiamiento bilateral que Venezuela recibe de China obligaría al país asiático, si se diera una cesación de pagos, a acelerar el cierre de una de las pocas líneas de crédito que el país mantiene abierta.
Ante un evento crediticio de esta naturaleza hace una diferencia si Venezuela entra en default en el marco de una transición política, así como de un cambio creíble de política económica, que modifique a su vez el manejo de la industria petrolera. También es fundamental saber si el país hace el default con el apoyo de los organismos multilaterales y buscando un acuerdo rápido y transparente con el mercado. En cambio, si el default ocurre en el marco de un gobierno sujeto a sanciones internacionales que decidió irresponsablemente terminar de aislar económicamente a la población, o incluso bajo un gobierno de transición políticamente débil que realice cesaciones de pagos selectivos sobre ciertos tipos de bonos, aumentaría la incertidumbre política como consecuencia del conflicto legal que pudiese activarse con los tenedores de bonos, en especial con los fondos buitres. Los mayores gurús de las reestructuraciones de deuda a nivel mundial, Lee Buchheit y Mitu Gulati, afirman sin tapujos que la crisis de la deuda venezolana si no es bien gestionada financiera, política y legalmente pudiese llegar a ser comparable con la crisis de la deuda mexicana durante la década de los ochenta e incluso mucho más compleja que la que vivió Argentina a comienzos del milenio.
El segundo conjunto de preguntas gira alrededor del tema de las sanciones internacionales. ¿Pueden seguir escalando? Es indudable que las sanciones pueden perfectamente continuar aumentando en la medida en que la comunidad internacional perciba que el gobierno profundiza la senda autoritaria que decidió transitar con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, la disolución fáctica de la Asamblea Nacional y la delicada situación en materia de derechos humanos que enfrentan los presos políticos.
También es evidente que el gobierno venezolano aceptó participar en el proceso de negociación que se intenta llevar a cabo en República Dominicana, en parte, aunque no exclusivamente, como una táctica dilatoria para evitar un escalamiento mayor de las sanciones. Uno de los objetivos del gobierno con la negociación es disuadir a la Casa Blanca de activar otra serie de medidas económicas que terminen de afectar negativamente el funcionamiento comercial de la industria petrolera. En una primera etapa, pareciera que estas sanciones estarán cada vez mejor coordinadas con Europa, Canadá y América Latina. Probablemente su escalamiento esté centrado exclusivamente en medidas individuales más que económicas. En una segunda etapa, en caso que la negociación en Dominicana no avance en la dirección correcta, que sería la de garantizar procesos electorales confiables y competitivos, Estados Unidos procederá a introducir nuevas medidas económicas y financieras.
La fecha límite para evaluar esa situación será a comienzos del segundo trimestre de 2018. El gobierno entiende que el efecto marginal de cualquier sanción económica adicional sobre Venezuela será devastador ante su propia debilidad financiera. Estas medidas lo obligarían a cesar los pagos de deuda y lo llevarían a asumir el costo político, económico y social de una crisis externa aún más severa. Para el gobierno de Maduro ya es evidente que las restricciones externas tanto políticas como financieras son reales. Una nueva ronda de sanciones económicas podrían convertirse a su vez en una perfecta excusa para suspender o posponer hasta abril de 2019 los comicios presidenciales.
El tercer grupo de preguntas están vinculadas con las características del ciclo electoral. ¿Qué tan competitivas o no van a ser las elecciones para gobernadores, alcaldes y Presidente? Las condiciones electorales técnicas (software, mesas y totalización) se han deteriorado dramáticamente y aun así la oposición aceptó participar en condiciones mucho más desventajosas que las que ha enfrentado en el pasado. Los principales candidatos presidenciales de la oposición también han sido inhabilitados. De modo que unas elecciones medianamente competitivas dependen casi de forma exclusiva de la presión internacional y del mismo proceso de negociación para poder resolver, o por lo menos aminorar, ambos problemas.
El chavismo, por su parte, también enfrentará algunos dilemas. El principal de estos es si Nicolás Maduro aspirará o no a la reelección. Esta decisión es quizás la más importante. En caso que decida optar por la reelección, es improbable que la comunidad internacional termine reconociendo un supuesto triunfo electoral oficialista ‒pues difícilmente Maduro podría ganar unas elecciones que sean competitivas en un ambiente hiperinflacionario‒ y también es poco probable suponer que las sanciones serán retiradas una vez que se mantenga en la presidencia, pues las mismas parecieran estar centradas exclusivamente en su permanencia en el poder.
Una reelección de Maduro implica tanto para el chavismo como para el resto del país una profundización segura de la crisis. Esta es una realidad que debe preocupar a toda la base de apoyo político que lo sostiene. En este sentido, Maduro enfrenta el mismo dilema de Boris Yeltsin en Rusia a finales de los noventa, quien ante su baja popularidad y su exigua viabilidad política tuvo que fabricar, a través de su control sobre el aparato estatal, un candidato alternativo como lo fue Vladimir Putin, quien fue elevado mediáticamente desde el más absoluto anonimato a la presidencia. En el caso venezolano, resolver este dilema es mucho más difícil, pues un candidato chavista alternativo va a tener que luchar contra el pasivo de una pésima gestión y un ambiente hiperinflacionario.
Si el chavismo decide optar por una candidatura alternativa, igualmente tendrá que decidir si tolerará elecciones competitivas. El chavismo quizás apueste a que estos comicios sean significativamente menos competitivos para poder garantizar el triunfo de un “delfín” o de una “transición controlada”. La comunidad internacional tendrá que evaluar si acepta o no la validez legal de estos comicios. También deberá valorar si acepta el retiro de las sanciones en caso que haya un cambio de política económica y una mayor liberalización política. En este escenario, la comunidad internacional podría estar modificando su deseo de “cambio de sistema” (regime change) por un “cambio de comportamiento” (regime behavior). La posibilidad de que el país alcance unas elecciones verdaderamente competitivas, en el contexto de un chavismo que decidió entrar nuevamente en etapa de “sucesión”, va a depender exclusivamente sobre qué tan integral sea el compromiso de la comunidad internacional con la restauración de la democracia venezolana.
Las respuestas a todas estas interrogantes son totalmente inciertas pero serán verdaderamente determinantes en el devenir de los acontecimientos del país. ¿Cuándo ocurre el default? ¿Cómo escalan las sanciones? ¿Aspira el oficialismo a la reelección o prefiere más bien la sucesión? Se aceptan apuestas.
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