La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo estar profundamente preocupada por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos de las personas en Venezuela del nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos esta semana.
“Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables. Temo que tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación, en particular en un país donde ya existe una seria situación de escasez de bienes esenciales”, apuntó Bachelet.
Recordó que la economía venezolana sufrió una contracción del 47,6% entre 2013 y 2018 según las cifras oficiales, y que con las nuevas sanciones que restringen aún más la actividad económica, las compañías y las instituciones financieras podrían ser cautelosas y detener completamente las transacciones relacionadas con el Gobierno de Venezuela para evitar ser penalizadas.
La Alta Comisionada reiteró que las causas de la crisis económica en Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, pero agregó que éstas están exacerbando los efectos de la grave crisis –y por extensión de la situación humanitaria-, dado que la mayoría de las divisas externas provienen de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están relacionadas con el mercado de Estados Unidos.
“Tomo nota de que las recientes sanciones técnicamente no se aplican a las “transacciones relacionadas con las provisiones de artículos, tales como alimentos, ropa y medicinas que buscan dar respuesta al sufrimiento humano”. Sin embargo, es posible que aún así lleguen a exacerbar la crisis en la que viven millones de personas venezolanas, debido especialmente a la existencia de un escrutinio excesivo (over-compliance) por parte de las instituciones financieras en el mundo que tienen relaciones comerciales con los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela”, expresó la funcionaria en un comunicado.
Añadió que existe evidencia suficiente de que las sanciones con efectos amplios pueden terminar afectando negativamente los derechos fundamentales de las personas, incluyendo sus derechos económicos, así como sus derechos a la alimentación y salud, y que pueden implicar obstáculos para el acceso a la asistencia humanitaria. Incluso las sanciones más dirigidas y concretas, deben de contener garantías estrictas de protección de los derechos humanos, dijo.
“Llamo a aquellos actores que pueden tener influencia–tanto en Venezuela, como en la comunidad internacional- para que trabajen de manera conjunta y constructiva en la solución política de esta prolongada crisis en el país, colocando en primer plano los derechos humanos de las personas que sufren en Venezuela”, concluyó Michelle Bachelet.
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