Las imágenes de la frontera dan pie al chavismo para iniciar la segunda acción judicial en una semana
Caracas
En menos de una semana, el jefe de Parlamento venezolano, Juan Guaidó, está en el centro de una nueva investigación por parte de la justicia del régimen de Nicolás Maduro. Las fotos que se difundieron en las que aparece con dos miembros de la banda narcoparamilitar Los Rastrojos, cuando cruzaba la frontera en febrero pasado, tuvieron la esperada reacción del chavismo. Las polémicas imágenes desataron un torbellino de comentarios tanto en Venezuela como en Colombia, donde se cuestiona el papel del presidente Iván Duque, y ahora Guaidó enfrenta una nueva amenaza de prisión.
El líder de la oposición ha asegurado que el encuentro y los selfis con los delincuentes fueron fortuitos, uno más entre los cientos que ocurren a diario en sus recorridos, y que desconocía la identidad de las personas. En un acto este viernes bromeó con una mujer que le pidió una foto preguntándole si tenía antecedentes penales. Para el fiscal del chavismo, Tarek William Saab, son suficientes evidencias para iniciar una investigación penal contra Guaidó por “presuntos vínculos con narcotraficantes y paramilitares”.
“Ese cuento de que eran seguidores no se lo cree nadie. Los Rastrojos es una banda formada por disidentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, desmovilizadas en 2006. Son criminales a sueldo aliados con el uribismo, el santismo y ahora con Duque, que actúan en conjunto con el Cartel de Sinaloa. ¿Cómo es que él no sabía que eran los criminales más buscados de Colombia?”, dijo el funcionario.
Saab también enfiló acusaciones contra el presidente Duque. “¿Sabía el Gobierno de Iván Duque que estos narcotraficantes les iban a hacer la guardia de honor a Guaidó? Podemos suponer que lo sabían y no hay ninguna sorpresa porque Colombia tiene una fama planetaria de ser un narcoestado”. El mandatario colombiano, sin embargo, dio su respaldo al venezolano y aseguró que cuando llegó al territorio colombiano fue su gobierno el que le prestó protección. “Guaidó es un héroe, un defensor de la democracia, de su pueblo. Ha tenido la valentía de enfrentar a una dictadura que ha perseguido a todos los opositores. Más allá de las explicaciones que pueda dar, ofrecemos el respaldo irrestricto a Venezuela para que recupere su libertad”, aseguró este viernes.
Para el fiscal otra de las supuestas evidencias de la vinculación de la oposición con grupos paramilitares colombianos es la detención de Wilfrido Torres Gómez, un miembro de Los Rastrojos, ocurrida en marzo pasado en la ciudad de Valencia, en el centro de Venezuela. De acuerdo con Saab, la captura se logró gracias a la delación de Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó y su más cercano colaborador, detenido arbitrariamente por funcionarios del Sebin el pasado 21 de marzo.
La semana pasada la Fiscalía abrió una pesquisa contra Guaidó porque supuestamente parte de su equipo de representantes diplomáticos estaba negociando el territorio del Esequibo, en disputa con Guyana, a cambio de apoyo político para la transición política y la realización de elecciones libres en Venezuela, para lo que ya cuenta con el respaldo de Estados Unidos y medio centenar más de países. Antes ya le habían retirado la inmunidad parlamentaria y lo acusaron de estar detrás del mega apagón de cinco días que sufrió el país en marzo, también de violar la prohibición de salida del país que le dictaron en febrero y la Contraloría lo ha amenazado con investigaciones patrimoniales. Pese a los señalamientos, el régimen de Maduro no le ha detenido. En cambio, ha ido contra su círculo. Además de Marrero, han apresado y perseguido a parte de su equipo, a un primo y desde el Supremo se ha emprendido una cacería contra los parlamentarios: el primer vicepresidente, Edgar Zambrano, está preso desde mayo en una prisión militar y más de una veintena de diputados está resguardada en embajadas o en el exilio.
En la narrativa del chavismo sobre decenas de atentados y ataques que aseguran se ha intentado para forzar la salida de Nicolás Maduro suelen involucrar a los paramilitares colombianos sin aportar mayores pruebas. De hecho, un grupo de 59 colombianos detenidos en 2016 y acusados de ser paramilitares y conspirar con líderes de la oposición fueron deportados en junio de este año sin cargos, luego de la mediación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michele Bachelet.
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