Las organizaciones criminales pagan unos 5.000 euros por cosecha a familias humildes o afectadas por la crisis para que metan plantaciones en sus casas
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| Dos de los 79 detenidos por la Guardia Civil en la redada del pasado martes en Pinos Puente (Granada) |
Madrid / Granada
“Los propietarios de una empresa de pinturas de Valdemoro (Madrid) que quebró con la crisis; jóvenes que se han quedado en paro; currantes que vieron menguar sus ingresos y temieron no llegar a fin de mes para mantener a sus familias…”. Son algunos de los perfiles que describen los investigadores de la Guardia Civil para referirse a personas que han entrado en el negocio de la marihuana en los últimos cuatro años, cuando las incautaciones de esta “droga blanda” se han disparado en España y las redadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son casi semanales. De los cerca de 20.000 detenidos por tráfico de drogas que se registran anualmente en España, más de la mitad son por cannábicos y la mayoría (casi un 70%), españoles, según datos y estadísticas oficiales.
La llamada Operación Mocy, llevada a cabo por más de 500 agentes del instituto armado el pasado martes en poblaciones de Granada, Málaga, Cádiz y Valencia, se saldó con 76 detenidos tras 69 registros. La mayoría de las entradas se produjeron en viviendas humildes o de protección oficial de la localidad de Pinos Puente (10.114 habitantes), a 16 kilómetros de la ciudad de la Alhambra. De los portales de las calles de la popular barriada de Las Flores salían esposadas vecinas en bata y zapatillas de estar en casa o jóvenes con cara de sueño en vaqueros y calzado deportivo.
Era solo una más de las decenas de operaciones que han desarrollado las fuerzas policiales este año. Desde 2013 —cuando comenzaron a contabilizarse— a 2018, las incautaciones de plantas de marihuana se han incrementado, año a año, acumulando un aumento de casi un 600% (de 175.000 a casi un millón), según datos del Ministerio del Interior. “Ha ido subiendo progresivamente, con un repunte importante en 2017, que se ha mantenido al alza hasta hoy”, coinciden los investigadores de Policía Nacional y Guardia Civil. “Solo el último año ha crecido un 90%”, señalan. Por kilos, han pasado de intervenirse 15.174 en 2014 a 37.220 en 2018, más del doble en cuatro años, según los datos del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
Incautaciones de marihuana en España
37.220
15.174
Desde 2014 las incautaciones de marihuana en operaciones policiales han aumentado un 145%
2014
2018
Decomisos por comunidades
País
Vasco
Asturias
Cantabria
5.000 kg.
24
68
218
Galicia
Navarra
1.000
340
212
100
La Rioja
Castilla
y León
Cataluña
Aragón
13
461
5.331
4.410
Madrid
1.219
C. Valenciana
Extremadura
Cast.- La Mancha
Baleares
4.694
431
214
1.382
Andalucía
Murcia
818
9.565
Dos tercios de la marihuana decomisada en 2018 fueron localizados en Andalucía, Cataluña, C. Valenciana y Aragón.
7
Canarias
Ceuta
148
7
Melilla
Fuente: CITCO.
EL PAÍS
El negocio ilegal de la marihuana se ha expandido al calor de la crisis económica y se ha asentado con la ayuda de las organizaciones criminales que operan en España, que “ven en la marihuana un negocio fácil: poca inversión (entre 10.000 y 30.000 euros por montar una plantación indoor [interior], en función del tamaño), mucho beneficio (el kilo se está vendiendo a 4.000 euros en Reino Unido, por ejemplo), y escaso riesgo, porque las penas van de uno a tres años y si no tienes antecedentes difícilmente entras en prisión”, resumen los investigadores. Habitaciones, garajes, cobertizos, trasteros, buhardillas, pequeñas naves, camiones, caravanas... son algunos de los lugares en los que se ocultan esas pequeñas plantaciones iluminadas con lámparas.
Las organizaciones criminales “han visto un gran nicho de oportunidad y de invisibilidad en los hogares de familias humildes: llegan y se lo montan todo (plantas, cableado eléctrico, luces...), les dejan el manual de instrucciones donde detallan lo que tienen que hacer para cuidar las plantas, paso a paso, como si fuera para tontos, y luego vienen a por la cosecha (de entre cinco y 20 kilos, con tres o cuatro producciones al año), les pagan lo acordado (unos 5.000 euros por cosecha), y funcionan casi como una gran cooperativa de pequeños productores, recolectan y mandan la mercancía para Europa: Alemania, Inglaterra, Francia, Polonia, Estonia, Letonia...”, resume el modus operandi del multimillonario negocio un responsable de la unidad central de estupefacientes de la Guardia Civil.
Un nuevo medio de vida
El resultado, al margen de algunas grandes plantaciones en zonas de campo más aisladas y despobladas de Toledo, Cataluña, Extremadura, Alicante o incluso en invernaderos almerienses, es una proliferación de pequeños cultivadores a lo largo y ancho de la mitad sur de España, con mayor incidencia “por cultura o por tradición”, en provincias como Granada, según se observa en el mapa descriptivo de la distribución de plantas de cannabis por provincias del Ministerio del Interior.
En algunos pueblos es ya un medio de vida para muchos de sus habitantes, algunos porque han encontrado en el cultivo de la marihuana un modo de obtener un sobresueldo para sus empobrecidas economías, otros, los más jóvenes, porque ven la posibilidad de ganar un buen dinero, rápido, fácil y con poco riesgo, según analizan los investigadores.
La inversión es pequeña y se amortiza casi con la primera cosecha, la luz para mantener las lámparas encendidas día y noche la roban enganchando cables al tendido eléctrico. Una de las pistas que siguen a veces los investigadores es precisamente el alto consumo de electricidad. En ocasiones, ha habido poblaciones que se han quedado sin luz por el alto consumo de las lámparas que iluminan las plantas de marihuana.
“El problema”, señalan los investigadores, “es que en muchos casos, los que han entrado en el negocio y han tocado dinero, se han acostumbrado a un nivel de vida y ya han seguido, y eso está desvirtuando el tejido social en algunos municipios, porque los que antes tenían un oficio digno ahora cultivan marihuana”, analiza un mando del instituto armado con 18 años de servicio en este ámbito. “Este asunto se está convirtiendo en otra especie de Campo de Gibraltar, pero mucho más oculto. Aquellos guardan hachís en sus casas y estos cuidan plantas”, compara. “El problema no es solo de salud pública, sino de la violencia que genera, porque quienes guardan algo valioso suelen proveerse de armas para defenderlo”.
La violencia
En Pinos Puente, uno de esos pueblos en los que al doblar la esquina de algunas de sus calles el olor a maría se hace ostensible, después de la redada del martes pasado nadie se atreve a hablar de esa economía oculta que mantiene a flote a muchas familias. El pasado sábado por la tarde, sin ir más lejos, solo cuatro días después de la macrorredada, un tiroteo acabó con la vida de un hombre, en lo que los agentes de la Guardia Civil calificaron como un “ajuste de cuentas”.
“En otro momento de más tranquilidad”, dice un distribuidor de marihuana granadino, “te haría la gestión y seguro que habrías podido hablar con un narco y que te contara cosas; pero ahora, con la presión tan fuerte de la policía sobre ellos, eso es imposible. Nadie, y yo menos, podemos arriesgarnos ni siquiera a preguntarle a alguno. En un mes o dos, por lo que sea, los detienen y resulta que los culpables somos nosotros. Y te aseguro que acabaríamos pagándolo”.
Ante lo inabarcable e invisible de un negocio que no para de crecer en España, debido —según los expertos— a la “gran demanda” que hay en Europa, la estrategia de las fuerzas y cuerpos de seguridad consiste en dar “buenos golpes” que reduzcan la sensación de impunidad. “Es una droga socialmente admitida, constantemente se habla de sus propiedades curativas, la tendencia en otros países es a la legalización...”, describen. “Los que se meten son conscientes de todo eso, saben que tanto el reproche penal como el moral es escaso y la tentación económica es muy grande”, explican policías y guardias civiles. Ahora en Pinos Puente los narcos de la marihuana sienten la presión policial, que en Granada tiene otros lugares recurrentes como el distrito Norte de la capital.
Políticos que cultivan
En la provincia granadina se han dado casos de detenciones de políticos. En Pampaneira (321 habitantes), en la Alpujarra granadina, un concejal del PSOE dejó su acta hace algo más de año y medio después de que la Guardia Civil le localizara 355 plantas cultivadas al aire libre en su finca. El teniente de alcalde del PP en el Ayuntamiento de El Valle (938 habitantes), Manuel Palma, fue pillado en una situación similar. La Policía Nacional le detuvo el verano pasado por tener 256 plantas de marihuana en una vivienda de su propiedad con dos habitaciones perfectamente acondicionadas para el cultivo.
Los cultivadores son solo el primer eslabón de la cadena. “Normalmente, hay facilitadores de las mafias, gente que tiene contactos con distribuidores que, a su vez, tienen distintos pequeños proveedores; esto funciona como una empresa multinacional”, explican los investigadores de la Guardia Civil. “Piden tantos kilos y alguien se encarga de juntarlos para su envío adonde corresponda, a veces incluso por mensajería ordinaria envueltos en toallas y empaquetados como mercancía, como hacían los chinos”, añaden los investigadores de la policía.
Los chinos siempre pagan
La entrada de las mafias chinas en el negocio de la marihuana ha supuesto también un salto importante en su crecimiento. “Los chinos son principalmente compradores y distribuidores, tienen fama de tener siempre dinero, ser buenos pagadores y pagar en efectivo, son el maná de cualquier productor, por eso se quedaron con parte del mercado”, señala un agente policial especializado en la persecución del tráfico de cannábicos.
En cuestión de cuatro años, según los datos del CITCO, España se ha convertido en el tercer productor y exportador de marihuana de Europa, por detrás de Albania e Italia. Fuera de Europa, México y Estados Unidos son los países en los que más marihuana se incauta. “Ha ocurrido algo parecido a lo que sucedió con la agricultura intensiva de los invernaderos en Almería, la huerta de Europa”, comparan los investigadores. La tendencia es al alza, analizan: “Vivimos en una sociedad en la que los grandes lobbies de las empresas del cannabis, que incluso cotizan en Bolsa, presionan para la legalización y fomentan una imagen buenista de una droga natural cada vez más perfeccionada, y cuyas modificaciones e hibridaciones genéticas en sus semillas han supuesto una subida del 2% hasta el 30% de su THC, el psicoactivo del cannabis con los riesgos que eso comporta para la salud mental de quienes la consumen. Además, la legalización, ya se ha visto, siempre lleva aparejada un mercado negro”.
ESCLAVOS VIETNAMITAS EN LAS PLANTACIONES ‘INDOOR’
Los organismos de seguridad europeos han alertado a las policías de los países miembros de un nuevo fenómeno, consistente en que ciudadanos vietnamitas son empleados en condiciones de esclavitud —sin poder salir durante meses— para vigilar y cuidar plantaciones de marihuana indoor dedicadas al gran tráfico internacional y promovidas por organizaciones y grupos criminales vinculados al crimen organizado transnacional.
En España fueron detenidas personas de esa nacionalidad en operaciones realizadas en Toledo, Segovia, Madrid y Zamora, por ejemplo.
La Guardia Civil elaboró en 2018 el primer informe de inteligencia relativo a la trata de seres humanos centrado en este aspecto. “En un principio pueden perecer autores/colaboradores en el delito contra la salud pública, pero en realidad son víctimas de trata de seres humanos con fines de comisión de delito”, señalan los informes internos policiales.
“Estas personas eran explotadas y permanecían en el interior de los inmuebles durante largos periodos de tiempo, llegando a abarcar el ciclo completo del cultivo, detectándose cómo solo una vez a la semana recibían visitas de miembros de la organización que les suministraban escasos alimentos”, describen los informes.
Los “vigilantes” son personas captadas directamente en su país de origen o en España, principalmente de origen vietnamita o chinos de muy bajo estatus social. En muchos casos, el pago de la deuda adquirida con las mafias que los traen supone su libertad.
Los investigadores recuerdan el caso de los 39 vietnamitas —31 hombres y ocho mujeres— hallados muertos en un camión frigorífico el pasado mes de octubre en un polígono industrial cerca de Londres y apuntan como primera hipótesis a que posiblemente iban a ser explotados en ese tipo de plantaciones.
En Madrid, en noviembre de 2018 la policía detectó en el aeropuerto de Barajas la entrada de ciudadanos vietnamitas que se hacían pasar por menores no acompañados y que acababan esfumándose del centro de menores de Hortaleza. En una sola de las investigaciones se constató que una organización había logrado colar a más de 700.
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