Luis Lander: “Parece que estamos en un circo de puros locos”

 

POR Hugo Prieto

No se trata de pasar por imparcial o de ensayar el papel de equilibrista, pero el conflicto político ha escalado, en el terreno electoral, hasta cotas realmente increíbles y, obviamente, despierta un hastío asombroso. La elección parlamentaria de 2020, que tendrá lugar el 6 de diciembre, nos retrotrae a una situación similar a la que vivimos en 2005. No sólo por la abstención de las fuerzas opositoras, sino por el ventajismo y las continuas violaciones a la Constitución, en la que han incurrido instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el propio Consejo Nacional Electoral. 

La oposición quizás debió insistir y luchar por mejores condiciones electorales, pero no lo hizo. En cambio, menospreció la gestión de Josep Borrell -alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad- y se concentró en una consulta que apunta a la continuidad de la actual directiva presidida por Juan Guaidó y con dos preguntas que son un ejemplo acabado de galimatías. Quien habla esta vez es Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano. 

En 2015, hubo un uso indebido de recursos públicos en las elecciones parlamentarias. El CNE no fue imparcial ni riguroso en la aplicación de las normas. Sin embargo, el resultado fue el que conocemos. A partir de ese año lo que hemos visto es un continuo y profundo deterioro del sistema electoral venezolano. ¿Podría mencionar cuáles fueron los puntos neurálgicos de ese proceso?

Necesariamente hay que poner las cosas en contexto. Desde que el oficialismo llegó al poder (1998), se hicieron esfuerzos para automatizar el sistema electoral venezolano. Recordarás a Indra, la empresa española que inicialmente se vinculó a ese proceso, pero no se llegó a nada; entre otras cosas, porque Indra no hizo público el software de las máquinas. El argumento fue que era parte de su propiedad intelectual. Eso hizo que el CNE desechara esa empresa y terminara casándose con Smartmatic. Ese matrimonio duró hasta 2017. Durante todos estos años, el oficialismo ha hecho uso de los recursos públicos -emisoras de radio, plantas televisivas, unidades de transporte, entre otras cosas- para favorecer a sus candidatos, lo que ha producido una gran desventaja con respecto a cualquier otra opción política. Pero hay que decir que el día de las elecciones, con ese sistema automatizado, los numeritos se contaban y se contaban bien. ¿Se hicieron denuncias de fraude en procesos anteriores? Sí, pero nunca se demostraron. Pasaba algo similar a lo que está ocurriendo con Trump actualmente. Denuncia que le robaron la elección, pero no aporta pruebas. Insisto, hubo ventajismo y uso indebido de recursos públicos no sólo en 2015, sino en procesos  anteriores (incluidas las elecciones presidenciales y regionales), pero todas ellas habían sido favorables al oficialismo. Si los votos se contaban con un sistema automatizado, el oficialismo se sentía cómodo. Pero esa situación se trastocó en 2015, a raíz de los resultados que ya todos conocemos. 

Venezuela construyó un sistema automatizado que permitía, según sus propias palabras, que «los numeritos se contaban y se contaban bien». Entonces, ¿lo único que tenemos que reprocharle al oficialismo es el ventajismo y el uso indebido de los recursos públicos en función de sus candidatos?

No es un reproche menor y lo que dices, «lo único que», no cabe ahí. El hecho de que un gobierno, en una campaña electoral, use de manera absolutamente abusiva los recursos públicos para apoyar sus candidaturas no es un hecho menor. Y debería ser absolutamente inaceptable. Bueno, lo que ocurrió en el referéndum de 2004, las encuestas señalaban que el Gobierno lo iba a perder. Entonces, Chávez, de manera muy agresiva, comenzó a desarrollar las misiones sociales (particularmente Barrio Adentro) y eso tuvo un impacto muy fuerte. Cuando el oficialismo advirtió que con esa acción pública se habían revertido los niveles de rechazo, dejó que se realizara el referéndum y obtuvo los resultados que obtuvo. El uso de políticas públicas en función de obtener resultados electorales es muy reprochable. Lo cual no quiere decir que se pueda reconocer que el día de la votación se obtuvo el resultado que se dio a conocer ese día. Vuelvo y repito. Decir que se hizo uso indebido de los recursos públicos, todos esos años, no es un asunto menor. Es un asunto mayúsculo. Obviamente, esas no son elecciones equilibradas, justas y del todo legítimas, precisamente, porque los recursos públicos se orientan hacia una sola fracción de la sociedad -la que simpatiza con el Gobierno- cuando deberían ser para todos. 

¿No podemos hablar de fraude?

Si se habla de fraude, en el sentido más estricto de la palabra, uno siempre piensa que se refiere a una alteración numérica de los resultados electorales, que la gente votó de una manera y los resultados se sumaron de otra manera. Eso, efectivamente, ocurrió en las elecciones regionales, cuando le quitaron la gobernación de Bolívar a Andrés Velázquez, quien demostró actas en mano que los números habían sido modificados. Ese es el fraude más grueso que se debió procesar.

No sólo es el fraude a que hizo referencia, sino las disposiciones arbitrarias del CNE, entre otras, la alteración de los lapsos constitucionales de autoridades municipales y la reducción notoria de los plazos para la actualización del Registro Electoral Permanente, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando?

No sólo eso, el oficialismo ha desconocido resultados electorales cuando pierde una gobernación y designa a un “protector”, que les quita recursos y atribuciones a gobernadores opositores. Incluso, lo ha hecho en alcaldías. En el Municipio Tovar del Estado Aragua ganó un alcalde opositor. ¿Qué hizo el oficialismo? Le nombró un protector. Más grave que eso, en diciembre de 2015 se introdujo una demanda en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora era el oficialismo el que cantó fraude en la elección de los tres diputados de Amazonas y el diputado indígena de la circunscripción sur (Apure Amazonas). La Sala Electoral decide revertir la proclamación de esos diputados y el estado Amazonas se queda sin representación en la Asamblea Nacional.  

Ya eso es historia.

Sí, es parte de la historia de la destrucción institucional del país.

Luis Lander retratado por Gabriel Méndez

Más allá de las decisiones del Ejecutivo, como pudiera ser el nombramiento de protectores, quisiera centrarme en la cuestión electoral. A partir de 2015, se violentan leyes y disposiciones en esa materia y en buena medida el papel lo cumple el CNE. ¿Podría mencionar algunas violaciones a la ley, digamos, que le dan continuidad al deterioro del sistema electoral?

Varias cosas. Una vez que se produce la derrota del oficialismo en las elecciones parlamentarias de 2015, las fuerzas opositoras, mediante un procedimiento un poco accidentado, terminan impulsando la idea del referéndum revocatorio presidencial, que está claramente contemplado en la Constitución. En eso el CNE hizo una interpretación (de las normas) bastante halada por los pelos. La Constitución establece que se debe recoger un número determinado de cifras a escala nacional, entre otras cosas, porque el presidente se elige nacionalmente. El CNE decidió que las firmas se tenían que recoger estado por estado. En definitiva, las firmas se recogieron, pero aquello terminó cuando tribunales penales, sin ninguna competencia electoral decidieron, casi de forma simultánea y con sentencias muy parecidas -casi una copia al carbón-, que en el proceso se había cometido fraude y eso llevó al CNE a decir que las firmas se habían recogido de manera inválida y, por tanto, no era posible organizar el referéndum revocatorio. Este ejemplo vale la pena tenerlo presente porque es una manifestación clara de cómo el poder judicial que hoy tenemos -sin autonomía ni capacidad para dirimir los conflictos de la sociedad- se introduce en el juego político nacional dictando sentencias que limitan, digámoslo así, el sufragio en Venezuela. Esto se repite cuando los tribunales, por ejemplo, deciden quién es el secretario general de un partido político, cuyo nombramiento corresponde, exclusivamente, a los militantes de esa organización. 

Sí, es la judicialización de la política, para ir agregando nuevas arbitrariedades y violaciones a la ley. Lo curioso es cómo se inhabilita a un partido político y luego se revierte esa decisión, entre otras cosas, porque hay «nuevas autoridades» dispuestas a plegarse a los designios del CNE. ¿Qué valoración hace alrededor de este planteamiento?

Eso, claramente, es un ataque al derecho al libre sufragio. No solamente porque ese derecho implica que la gente pueda elegir, libremente y sin coacción, a candidatos de su preferencia, sino porque impide -a los ciudadanos que consideren que tienen atributos para ser elegibles- que puedan postularse. Se altera y cercena el funcionamiento de los partidos políticos. Algo que debe quedar claro es que el oficialismo no hace esto solamente con los partidos opositores -acciones que obviamente recogen encabezamientos de primera plana en los medios-. Recordemos, por ejemplo, que hace algunos años se hizo con el MEP cuando ese partido discutía  si formaba parte o no del gran Polo Patriótico. Hubo una decisión judicial a favor de quienes querían participar en esa plataforma electoral. Algo similar ocurrió con Podemos en otro momento. Ha ocurrido recientemente con el PPT y con Tupamaros. Alguien dijo por ahí que se estaba conformando un «ecosistema partidista» favorable al Gobierno. Y, por supuesto, va a aparecer la tarjeta de AD en las máquinas electorales y habrá mucho elector, regado por el país, que crea que se trata de la organización que dirige Ramos Allup y no Bernabé Gutiérrez. Y algo similar va a ocurrir con los otros partidos. Es una situación electoral no menor, sino mayúscula. 

En 2017, los señores de Smartmatic hicieron una denuncia -alrededor de más de un millón de votos agregados por el CNE-  que nunca fue investigada. A raíz de esa denuncia, el CNE decidió prescindir de los servicios de esa empresa. Posteriormente, ocurrió el incendio en Fila de Mariches y ahora tenemos unas máquinas totalmente nuevas. ¿Realmente podemos confiar en el voto electrónico en Venezuela? ¿El próximo 6 de diciembre, para utilizar sus palabras, vse van a contar los numeritos y se van a contar bien»?

Si el CNE, efectivamente, tuviese la voluntad, la disposición, el coraje, de procurar que los venezolanos confiemos (en este nuevo sistema electoral automatizado), ha debido hacer un montón de cosas que no ha hecho, cosas que no son menores y que le generan desconfianzas al elector común y corriente. Para la adquisición de las nuevas máquinas, por ejemplo, dado el monto de esa inversión, nunca se hizo una licitación pública, a pesar de que la legislación venezolana lo establece. ¿Qué quiere decir eso? Que se hicieron contrataciones que no pasan por procesos de transparencia y legitimidad. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál es la empresa proveedora de esas máquinas. El rector suplente, Quintero, ha dicho que el CNE ha aprendido mucho y ha sido capaz de desarrollar el software de estas máquinas. Creo que hay razones para poner esa afirmación en duda, entre otras cosas, porque las auditorías que se hicieron no tienen la calidad de las que se hicieron en años anteriores. Recientemente, se hizo un simulacro y un número no despreciable de máquinas presentaron fallas durante el proceso. En ese simulacro todas las máquinas, todas -quiero insistir-, debieron funcionar adecuadamente. Y en la transmisión de las auditorias no enseñaron las pantallas, que es propiamente la auditoria en sí, lo que vimos fue la cara de la gente que estaba allí, de los auditores. Entonces, no fue, propiamente, un acto público. 

Déjeme hacerle la pregunta en términos más personales: ¿Luis Lander cree que el próximo 6 de diciembre «los numeritos se van a contar y se van a contar bien»?

Una pregunta complicada, porque muchas de estas cosas no son ni blanco ni negro, pero dado el desarrollo que está teniendo la situación actual, yo me atrevería a creer que sí. Y lo digo por lo siguiente, todo el proceso previo ha tenido como consecuencia que la mayoría de la gente que se manifiesta en contra del Gobierno ha decidido no participar en la elección. Entonces, si van a participar mayoritariamente los electores que apoyan al Gobierno, obviamente el resultado de antemano, más o menos, se sabe cuál es. Se pueden contar bien los votos y no hay problema con eso. Y, además, es de utilidad pública porque le va a servir al Gobierno para decir: se hizo esta elección, se contaron bien los votos, es un proceso legítimo y los resultados deben ser reconocidos por todos los venezolanos y por la comunidad internacional que, en definitiva, es lo que más le interesa al Gobierno.  

¿No es un poco contradictorio? Habló del software del CNE, de la dudosa calidad de las auditorías y ahora dice que los votos se van a contar y se van a contar bien.

Porque estamos en una situación que termina siendo parecida a la elección parlamentaria del 2005. Ese año, la mayoría de las fuerzas opositoras llamaron a no participar. No postularon candidatos. En definitiva, ¿qué pasó? Que el oficialismo fue a votar y votó por sus candidatos. Una cosa similar se puede repetir ahora. ¿Quiere decir que son unas elecciones pulcras, legítimas? No, son unas elecciones cargadas de irregularidades. 

Sí, se parecen, pero sólo en el día. 

Sí, pero en esta oportunidad hay muchas más irregularidades que en el 2005. Sin duda.

Aquí se han violentado fechas con respecto a lo que señala la ley y los periodos constitucionales. Hubo dirigentes y factores de la comunidad internacional que le pidieron al Gobierno que pospusiera esta elección. Los señores del Gobierno y del chavismo dijeron que no, porque «eso sería violar la Constitución». Entonces, ¿cuando se modificó la fecha, digamos, en otras ocasiones, sí se violó la Constitución?

¿Me lo preguntas?

Por supuesto.

Claro que sí, parece que estamos en un circo de puros locos. Más que las fechas, que no dejan de ser importante, para estas elecciones ha habido violaciones más flagrantes. La manera como fueron designados los rectores del CNE. En esta oportunidad, el TSJ lo vuelve a hacer, pero hace una cosa que no había hecho antes y que también viola la Constitución. Designa quién va a ser presidente, quién va a ser vicepresidente. Es decir, hace la distribución de cargos internos dentro del CNE cuando la legislación establece, muy claramente, que una vez designados los rectores, ellos, de su seno, harán la distribución de cargos que corresponde. Además de eso, el TSJ le otorgó a este CNE atribución legislativa que competen exclusivamente a la Asamblea Nacional. Bueno, el CNE usurpa funciones de la AN cuando modifica, por ejemplo, el reglamento para la elección de representantes indígenas. Pero, además, una cosa verdaderamente escandalosa, cuando se modifica el número de diputados a elegir, ahora son 277 diputados. 

También está la consulta que adelanta la Asamblea Nacional. ¿Qué diría alrededor de esa consulta?

Sí, vamos a ver dos elecciones. Pero si uno le aplica el mismo rigor de análisis crítico a esa consulta que impulsa la AN, salen raspados. La comisión organizadora, por ejemplo, no tiene nada de imparcial. Es completamente sesgada. Las dos preguntas que se hacen deberían ser de fácil respuestas, sí o no. Pero en cada una de ellas se consulta en más de un aspecto. Digamos, se crea un piso político, aunque los factores de oposición sostienen que la consulta tiene rango constitucional, para desconocer los resultados del 6 de diciembre. De esta manera se crea una vía para que haya continuidad para la actual directiva de la AN. Entonces, se va a producir una situación similar a la de 2017, cuando hubo una consulta popular y una Asamblea Nacional Constituyente y lo que importaba, en definitiva, es quien de los dos -en esas elecciones- sacaba más votos.