El jueves 30 de marzo, a menos de una semana de haber iniciado oficialmente su campaña para las elecciones presidenciales de 2024, Donald Trump se convirtió en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser imputado con cargos penales.
La tarde de este martes 4 de abril, el controversial líder y actual candidato a las elecciones presidenciales de 2024, compareció ante el Tribunal del Bajo Manhattan para escuchar formalmente la lista de 34 cargos que se le imputan por presunta falsificación de registros comerciales, en lo que la fiscalía describe como “una conspiración para influenciar la elección presidencial de 2016” al silenciar los rumores y acusaciones de relaciones extramaritales que rodeaban al entonces candidato.
Los cargos son el resultado de una investigación liderada por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que examinó evidencia relacionada al pago de $130.000 por parte de Michael Cohen, quien sirvió como abogado y asesor de Trump durante la campaña de 2016, a la exactriz de pornografía Stormy Daniels, quien afirma haber mantenido una relación extramatrimonial con Trump en el año 2006.
Una audiencia histórica: un expresidente imputado
Trump llegó al edificio de la corte en Manhattan cerca de la una de la tarde, acompañado de agentes del Servicio Secreto y de su equipo legal. Saludó brevemente a un grupo de sus simpatizantes que se habían congregado a las afueras del edificio para denunciar lo que consideran como un proceso injusto y con motivaciones puramente políticas en contra del expresidente.
Una vez dentro de la corte, a Trump se le tomaron huellas dactilares, como se estila con cualquier persona acusada de un delito cuando comparece ante tribunales en Estados Unidos. Sin embargo, no fue esposado ni se le tomó la acostumbrada fotografía de ficha policial, procedimientos normales en el protocolo. Según lo reportó el diario inglés The Guardian, la campaña Trump 2024 creó su propia foto de ficha policial con el rostro de Trump para imprimirla en camisetas de la campaña como parte de un esfuerzo para recolectar fondos.
La audiencia estuvo presidida por Juan Merchan, juez interino de la Corte Suprema de Nueva York, quien es considerado un veterano del sistema judicial estatal. Por orden del magistrado, no se permitió el acceso de cámaras de televisión a la sala ni el uso de dispositivos electrónicos como laptops o celulares. Aunque normalmente las audiencias de lectura de cargos son un proceso abierto al público, en este caso solo se permitió la entrada a algunos miembros de la prensa, funcionarios y asesores legales relacionados con la investigación.
Los primeros 10 minutos de la audiencia estuvieron destinados a escuchar los argumentos de un abogado representante de los medios de comunicación, quien solicitó que se garantizara un mayor acceso a los periodistas al procedimiento judicial en contra de Trump. De acuerdo con reportes del diario The Baltimore Sun, el acusado adoptó una visible expresión de burla cuando el abogado afirmó que los periodistas profesionales eran dignos de confianza.
Luego de escuchar la argumentación del caso por parte de la fiscalía, Trump se declaró inocente de los 34 cargos por falsificación de registros comerciales de los que se le acusa. Alrededor de una hora después de haber entrado a la corte en Manhattan, el expresidente abandonó el edificio sin dar declaraciones a la prensa y se encaminó al aeropuerto de LaGuardia para tomar su avión privado de vuelta a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
El juez Merchan fijó la próxima audiencia del caso para el día 4 de diciembre de 2023, apenas dos meses antes de las elecciones primarias en el estado de Iowa, que tradicionalmente marcan el comienzo de la carrera por la nominación de ambos partidos para las presidenciales del mes de noviembre.
El fiscal Alvin Bragg propuso una fecha tentativa de inicio del juicio en contra de Trump para enero de 2024, pero algunos expertos legales aseguran que es improbable que el proceso comience antes de la primavera del próximo año. Por el momento, la defensa de Trump tiene plazo hasta el 8 de agosto de 2023 para consolidar argumentos en favor de la desestimación del caso. De ser aceptados, el exmandatario podría no llegar nunca a juicio.
¿De dónde surgen las acusaciones en contra de Trump?
Los cargos imputados a Trump esta semana se derivan del escándalo que estalló por primera vez hace cinco años, en 2018, cuando se conoció públicamente que en las últimas semanas de la campaña presidencial de 2016, la exactriz pornográfica Stormy Daniels había recibido un pago de $130.000 a cambio de mantener en secreto el supuesto amorío que había mantenido diez años atrás con Donald Trump.
El pago a Daniels fue hecho por Michael Cohen, quien en 2016 servía como abogado y asesor de Trump. Cohen no solo fue el firmante del acuerdo de confidencialidad que se negoció con Daniels para evitar que hiciera pública la historia de su relación con Trump, sino que además pagó a la actriz los $130.000 de su propio bolsillo, a través de una corporación creada en octubre de 2016 bajo el nombre de Essential Consultants.
En 2017, Trump y su compañía, la Organización Trump, emitieron una serie de cheques en cuotas de $35.000 a nombre de Cohen, para reembolsar el pago realizado a Stormy Daniels.
Hasta hoy, Trump niega firmemente haber mantenido una relación con Stormy Daniels, aunque en mayo de 2018 admitió públicamente que sí le reembolsó a su abogado el pago realizado a la exactriz como parte de un acuerdo de confidencialidad. Explicó que se trataba de un acuerdo privado entre las partes y que había aceptado pagar para “poner fin a las acusaciones falsas y extorsionadoras” de Daniels. También aseguró que la transacción no estuvo relacionada de ninguna forma con los fondos ni contribuciones de su campaña presidencial de 2016.
En agosto de 2018, en medio de una investigación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sobre el pago a Daniels, Michael Cohen se declaró culpable de ocho delitos federales, incluyendo evasión fiscal y violación de las leyes de financiamiento de campañas políticas. En su testimonio, Cohen implicó a Trump en el caso, declarando que había hecho el pago a la exactriz “en coordinación con y bajo la dirección de un candidato” con el objetivo de influir en las elecciones. Hoy se sabe que ese candidato es, naturalmente, Donald Trump.
En Estados Unidos, pagar una compensación monetaria a cambio de silencio en un acuerdo de confidencialidad no es ilegal. Sin embargo, durante varios meses en 2017, la Organización Trump categorizó los pagos realizados a Cohen como “honorarios legales” por servicios prestados ese año, en lugar de registrar que se trataba de un reembolso por el pago a Daniels.
Esta categorización es precisamente lo que está en el centro de la batalla legal: la fiscalía de Manhattan alega que, puesto que los pagos se hicieron con el objetivo de influir en favor de Trump en las elecciones presidenciales de 2016, deben considerarse como una donación de campaña y por ende acogerse a los límites establecidos en la leyes de financiación de campañas políticas de Estados Unidos. En aquel momento, el monto máximo permitido por la ley para donaciones a campañas políticas era de $2.700, muy por debajo del monto pagado a Daniels.
Bajo este mismo racional legal, los pagos de reembolso realizados a Michael Cohen tendrían que haberse registrado como donaciones a la campaña Trump y no como “gastos legales”. De allí se desprende el argumento principal de la fiscalía en el caso, que consiste en señalar esta caracterización de los pagos por parte de la Organización Trump (y por ende del mismo Trump a título personal) como una falsificación de registros comerciales que viola las leyes del estado de Nueva York.
Bajo las leyes del estado de Nueva York, la falsificación de registros comerciales es considerada un delito menor, con una pena máxima de un año de prisión. Pero la gravedad de este delito se incrementa cuando la falsificación de los registros se realiza “con intención de cometer fraude”, incluyendo si se hace con el propósito de cometer o encubrir otro crimen.
Expertos legales sostienen que esta parece ser la teoría legal en la que se basa el caso del fiscal Alvin Bragg en contra de Trump: que la falsificación de registros comerciales por parte del expresidente tendría como verdadero objetivo encubrir su propia participación en los delitos de violación de leyes electorales y de financiamiento de campañas políticas que hoy por hoy se le atribuyen a Michael Cohen en relación con el pago a Stormy Daniels.
Sin embargo, esta teoría tiene una barra de prueba considerablemente alta, ya que requiere que la fiscalía sea capaz de probar que Donald Trump efectivamente sabía del pago a Daniels desde un principio, que fue él quien orquestó dicho pago a través de su abogado y consultor Michael Cohen, y que además lo hizo con propósitos políticos y no personales, es decir, con la intención expresa de influenciar las elecciones de 2016.
Incluso si el caso llegase a juicio, los expertos auguran una dura batalla legal en la que la fiscalía del distrito de Manhattan tendría que superar varios desafíos legales importantes para lograr una condena en contra del expresidente.
A su regreso a Florida, la noche del 4 de abril, Trump pronunció un discurso en su residencia de Mar-a-Lago, frente a cientos de sus simpatizantes y decenas de periodistas, en el que retomó su ya conocida lista de agravios políticos y personales, y abordó además una variedad de temas desarticulados, desde el aumento del crimen urbano hasta la amenaza de una tercera guerra mundial.
Durante el discurso, que duró cerca de 25 minutos, el expresidente se refirió brevemente al proceso legal en su contra, al que calificó como “un insulto a Estados Unidos», y aseguró que se trataba de “una persecución” sin asidero legal real. También arremetió contra el fiscal Alvin Bragg, describiéndolo como un “fiscal de distrito fallido”, y afirmó que debía ser enjuiciado.
«El único crimen que he cometido es defender sin miedo nuestra nación de aquellos que buscan destruirla», dijo Trump.
Trump no perdió la oportunidad para atacar también al juez Juan Merchan, acusándolo (a él y a su familia) de albergar odios personales en su contra. Al cierre del discurso, el exmandatario insistió en que no hay evidencias para sustentar un caso en su contra y aseguró que el proceso legal no es más que un nuevo ataque partidista para debilitar su candidatura en las próximas elecciones presidenciales de 2024.
Trump 2024: ¿seguirá la campaña?
Antes de que se realizara la acusación formal en su contra, Trump ya había iniciado su campaña para las elecciones presidenciales de 2024, con un rally político en la ciudad de Waco, Texas, el pasado sábado 25 de marzo.
Frente a una multitud de miles de sus simpatizantes, el candidato se llevó la mano al corazón, de pie sobre el escenario, cuando el evento abrió con una canción llamada “Justice for All” (Justicia para todos), interpretada por un coro de reos encarcelados por participar en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
Las pantallas gigantes dispuestas alrededor del escenario mostraron imágenes y grabaciones de lo ocurrido ese día, mientras que el coro entonaba el himno nacional de Estados Unidos, con un track de fondo con la voz del mismo Trump recitando el juramento a la bandera.
La disruptiva apertura del evento dio paso a su discurso, que se centró en desestimar las investigaciones en su contra en Nueva York, Georgia y Washington, calificándolas como una cacería de brujas y “algo salido de un show de horror de la Rusia stalinista”.
Con la misma retórica que lo llevó a la presidencia en 2016, Trump utilizó el podio para arremeter contra sus enemigos políticos, entre ellos el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien es percibido como el rival con mayores posibilidades en la contienda por la nominación del Partido Republicano, aunque este todavía no ha anunciado oficialmente su candidatura para las elecciones de 2024.
Las primarias republicanas para las elecciones presidenciales se prevén cargadas de emoción y espectáculo, con varios candidatos de alto perfil compitiendo por la nominación.
A pesar de su reciente acusación por un gran jurado de Manhattan, el expresidente Trump sigue demostrando un fuerte apoyo entre los votantes republicanos. Según una encuesta del 1 de abril de Yahoo News-YouGov, Trump mantiene una significativa ventaja de 31 puntos sobre su rival republicano más cercano, Ron DeSantis, reuniendo el 52% de la intención de voto.
Enfrentados uno contra uno, Trump supera a DeSantis por un margen de 26 puntos, con el 57% de los votos. Estos resultados sugieren que, a pesar de sus problemas legales, Trump sigue siendo un favorito para las elecciones primarias del Partido Republicano y uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial de 2024.
Tras su comparecencia en la corte neoyorquina, la defensa legal de Trump y su campaña presidencial se han entrelazado cada vez más, difuminando los límites entre ambas. Legalmente, no existe ningún impedimento para que el expresidente continúe su campaña, incluso con un proceso judicial en su contra.
Aún si llegara a recibir una condena por los delitos que se le imputan, la legislación de Estados Unidos no es del todo clara sobre si eso representaría una barrera para que pueda ser electo y eventualmente ejercer de nuevo la presidencia, un vacío que desde ya Trump ha comenzado a aprovechar para influir en la opinión pública en aras de generar apoyo y contribuciones para su campaña presidencial de 2024, que, al menos por ahora, continúa más viva que nunca.
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